El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajado vigente desde 2022 por tiempo indefinido manda a las asociaciones sindicales del Ministerio de Educación entregar la nómina de afiliados con la finalidad de que se les descuenten las cuotas. Sin embargo, las asociaciones sindicales incumplen con la normativa. En el caso del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) presentó el censo de afiliados al Ministerio de Trabajo, con carácter confidencial. Se desconoce si esa es la razón por la que la cartera de Educación dejó de descontar la cuota sindical a ese sindicato y los otros 25. Afirmó que los descuentos no se hacen desde el Gobierno anterior. ¿Se viola o no el Pacto Colectivo actual con estas decisiones? Solo hay silencio.
Por Claudia Méndez Villaseñor
Saber ¿cuántos afiliados tiene el STEG encabezado por Joviel Acevedo?, tendría que responderse con una cifra redonda. Pero, con opacidad y el argumento de “confidencialidad”, este sindicato, que en la actualidad negocia un millonario Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, aprovecha esta etiqueta para evitar que se conozca la cifra. Otros 25 sindicatos, que también están organizados en esta cartera, evaden el Código de Trabajo y esconden sus números. La razón tiene que ver más con lo económico y la negativa a rendir cuentas de parte de algunos de los comités ejecutivos de los sindicatos y la falta de acciones de la autoridad competente. ¿Qué es lo que esconden al ocultar el número de sus afiliados? ¿Cómo las autoridades de Educación negocian un nuevo Pacto Colectivo con la opacidad al frente?
¿Cuánto se descuenta por cuota sindical y a quiénes?
Uno de los cuestionamientos a la figura de Joviel Acevedo, principal líder del STEG, y a dicha asociación sindical gira en torno a cómo el sindicalista se mantiene al mes, si por licencia sindical se ausenta la mayor parte del año escolar de la escuela a la que está designado y cómo hace el STEG para pagar y mantener un andamiaje legal que le facilita responder con celeridad denuncias o amparos en contra, así como movilizar a cientos de personas en jornadas de protesta.
Acevedo cobra el salario mensual que le corresponde por el escalafón (dice tener 40 años de servicio), pero también se presume que utiliza recursos que provienen de la cuota sindical, amparada en el Pacto Colectivo vigente, firmado y homologado por la exministra de Educación Claudia Ruiz Casasola de Estrada, el 18 de marzo de 2022 y también en el Pacto Colectivo de 2019, que contó con el visto bueno del exministro, Óscar Hugo López.
Según el artículo 15 del Pacto Colectivo de 2022 (con vigencia indefinida), “el Ministerio de Educación (MinEduc) deducirá del salario de los trabajadores (as) afiliados a los sindicatos las cuotas sindicales ordinarias en la forma como lo establecen los estatutos y leyes vigentes relativas al trabajo. así como las cuotas sindicales extraordinarias en casos especiales cuando lo requieran los sindicatos”. Se estableció que “para los efectos del presente artículo los sindicatos proporcionarán la nómina de sus afiliados (as) para que se realice el respectivo descuento y la transferencia respectiva a través del procedimiento establecido en la ley.
Asimismo, que “los sindicatos recibirán los recursos provenientes de estos descuentos conforme sus padrones de afiliación. Con este propósito, los sindicatos darán a conocer al MinEduc lo que establecen sus estatutos, y cualquier reforma de los mismos en este aspecto, con relación a las cuotas ordinarias, así mismo enviarán certificación del punto de acta de la Asamblea General en que se establezcan las cuotas extraordinarias”. El mismo texto y numeral (15) se lee en el Pacto Colectivo de 2019 firmado por el exministro López.
En estas negociaciones colectivas se estableció que el porcentaje (no mayor del 10 por ciento) de la cuota sindical lo establecería cada sindicato. Por ello, se insistió en el padrón de los afiliados, porque son ellos a quienes se les descuenta el monto y otros cargos como el pago de honorarios y gastos de los abogados que acompañan la mesa en la que se discute un Pacto Colectivo. Este dinero se descuenta a los afiliados del sindicato proponente, el STEG en este caso, y de los adherentes.
De acuerdo con declaraciones de Acevedo y respaldadas por el Ministerio de Educación, el rango de afiliados del STEG abarca entre los 80 mil y 90 mil. Un cálculo sencillo que solo toma el sueldo base de un maestro del escalafón A (Q3 mil 500) y un porcentaje del 2.5 por ciento de su sueldo como cuota sindical da como resultado Q87.50 al mes al multiplicar ese monto mínimo por 90 mil personas (el máximo del rango) se obtienen Q7 millones 875 mil mensuales, lo que se convierten al año en Q94 millones 500 mil. ¿Qué se hace con ese dinero?
Pese a que el Pacto Colectivo, vigente por tiempo indefinido, definió un orden de actores en el procedimiento administrativo al momento de descontar la cuota sindical, se incumple en la práctica. El ministerio de Educación, cuyas autoridades tomaron posesión de los cargos el 15 de enero de 2024, señala que en la actualidad los afiliados hacen el pago directo a los sindicatos. “No se cuenta con un padrón de afiliados ni se descuenta ningún porcentaje de los salarios con ese fin”, indicó el ministerio.
“Está establecido en el Pacto Colectivo, pero hubo una negociación con las anteriores autoridades y el STEG para desconocer lo firmado y homologado. Por eso ahora, el ministerio no hace ningún descuento ni tiene un padrón de los sindicalistas”, agregó.
El ministerio desconoce con exactitud el número de afiliados del STEG, solo cuenta con un certificado del Ministerio de Trabajo que garantiza que es el sindicato mayoritario. Ser el más grande fue el criterio para aceptarlo como proponente de un nuevo Pacto Colectivo.
Opacidad en los procesos
Por medio de la ley de Acceso a la Información Pública, Prensa Comunitaria intentó obtener el número de afiliados del STEG, sin conocimiento de la opacidad y la forma como los ministerios de Educación y Trabajo abordaban el tema. La solicitud que se presentó el pasado 16 de junio tomó un rumbo inesperado y violatorio a la normativa diez días más tarde cuando la Unidad de Acceso a la Información Pública notificó una prórroga para entregar los datos solicitados. Se explicó que la solicitud se giró a la Dirección de Recursos Humanos de la cartera de Educación con la finalidad de que se recopilara y entregara la información solicitada.
Fue hasta el 16 de julio (un mes más tarde), que esta Unidad dio a conocer la respuesta de la Dirección de Recursos Humanos, que señalaba que la solicitud se tendría que remitir al Ministerio de Trabajo, una dependencia en la tampoco se dio respuesta a este medio de comunicación.
La ley de Acceso a la Información Pública otorga la posibilidad de un Recurso de Revisión para así obtener una respuesta a las solicitudes planteadas y es la máxima autoridad (de la dependencia) la que tiene la última palabra.
Prensa Comunitaria comentó el caso a la ministra de Educación, Anabella Girraca, quien dijo que era a la cartera de Trabajo quien tendría que entregar los datos. Con esa perspectiva presentar un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) como último paso para obtener la información, representaba una pérdida de tiempo y recursos.
Los 74 sindicatos del ministerio de Educación
De acuerdo con el artículo 225 del Código de Trabajo (Decreto 330 del Congreso de la República) los sindicatos tienen la obligación de presentar cada año un padrón de afiliados a la Dirección General de Trabajo. “Debe incluir sus nombres y apellidos, número del Documento Personal de Identificación (DPI), sus correspondientes profesiones u oficios. Si se trata de sindicatos patronales, se deben dar a conocer la naturaleza de las actividades económicas que como tales desempeñen”.
No obstante, en 2025, solo una asociación sindical presentó estos datos. El STEG entregó la información con “carácter de confidencial”, por lo que el Ministerio de Trabajo dijo tener impedimento legal para compartir el número de afiliados de esa organización.
A la fecha, la cartera de Trabajo cuenta con un registro de 74 sindicatos del Ministerio de Educación, de los cuales 25 cuentan con personería jurídica, incluido el STEG. En 2024, ocho organizaciones sindicales dieron a conocer el padrón de sus afiliados.
Pago de los abogados y gastos de negociación
En el Pacto Colectivo vigente desde 2022, también se establece (artículo 77) el pago de honorarios y otros gastos legales a costa de los afiliados del sindicato proponente, el STEG en este caso, y los sindicatos adherentes en estos términos: “Gastos de negociación del Pacto. El MinEduc descontará a los afiliados (as) de los sindicatos proponente y adherentes, la cuota extraordinaria con el fin de cubrir los honorarios y gastos de la negociación del presente Pacto, fijadas en sus asambleas generales. Para este efecto, los sindicatos en alusión entregarán al MinEduc la planilla de sus afiliados, certificación de las actas las respectivas asambleas generales y posteriormente entregarán los recibos autorizados por el Ministerio de Trabajo, correspondientes a la recepción de dichos fondos”.
En 2022, los sindicatos adherentes fueron seis: Sindicato Unidad Magisterial para el Cambio (SUMC); Sindicato de Trabajadores de la Educación de Patzún (STEP); Sindicato de Educadores y Afines de Comalapa (SETAC); Sindicato Magisterial Poaquileño 25 de Junio (SIMAP 25 de Junio); Sindicato de Trabajadores Administrativos Técnico-Operativos del Ministerio de Educación (SITRATOPME) y Sindicato Nacional de Profesionales de la Educación de Guatemala (SINAPREGUA). La cartera de Trabajo conoce al menos el nombre de cinco de estos sindicatos, a excepción del SUMC, del que no se cuenta con registro ni en 2024 y 2025.
Esconder la nómina de afiliados da una ventaja estratégica al STEG de Joviel Acevedo. Los gastos por movilizar personas; instalar campamentos y equiparlos; pagar transporte, abogados y el andamiaje legal que conlleva no sale de los bolsillos de los sindicalistas del Comité Ejecutivo, ¿de dónde entonces? ¿de la cuota sindical? Es muy probable que las ventajas de un nuevo Pacto Colectivo pesen más que la exigencia de cuentas claras de los afiliados a la que tienen derecho. Opacidad versus transparencia es una lucha en la que al parecer pierde la cartera de Educación, la que al final cederá a las presiones sindicales. Como hasta ahora.
