Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU para la independencia de magistrados y jueces, anunció que dará seguimiento a la elección de la presidencia en la Corte Suprema de Justicia. Recordó que el cargo tendrá un rol clave en la integración de la comisión de postulación para fiscal general y de la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad.
Por Alexander Valdéz
La Relatora Especial de la ONU para la independencia de magistrados y jueces, Margaret Satterthwaite, anunció que dará seguimiento a la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Guatemala. La publicación en su cuenta de X envía un mensaje sobre la relevancia que tendrá este proceso cuyo funcionario judicial será parte de la Comisión de Postulación que definirá la nómina de seis candidatos a fiscal general del Ministerio Público (MP), que debe ser entregada al presidente de la República y tendrá incidencia en elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad.
Según la funcionaria, la elección debe realizarse bajo principios de justicia y transparencia, pues la persona que asuma la presidencia de la CSJ no solo tendrá la máxima autoridad dentro del Organismo Judicial, sino también un rol determinante en otros procesos clave para la institucionalidad democrática.
Uno de esos procesos es la integración de la comisión de postulación encargada de elegir a los aspirantes a jefe del Ministerio Público. “Seguiré de cerca la elección de la presidencia de la CSJ en Guatemala. El proceso debe ser justo y transparente, no solo por el papel de la Corte, sino también porque el nuevo presidente presidirá la comisión de postulación para Fiscal General”, mencionó.
Seguiré de cerca la elección de la presidencia de la CSJ en #Guatemala.
El proceso debe ser justo y transparente—no solo por el papel de la Corte, sino también porque el nuevo presidente presidirá la comisión de postulación para Fiscal General.
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) August 25, 2025
La observación internacional se da en seguimiento a la visita que Satterthwaite realizó en mayo pasado a Guatemala. En la misma hizo una evaluación de las medidas adoptadas para garantizar la independencia del poder judicial y la imparcialidad del Ministerio Público (MP), así como el libre ejercicio de la abogacía.
También asuntos relacionados con la estructura, organización y funcionamiento del poder judicial y del MP, cuyas máximas autoridades enfrentan sanciones por Estados Unidos y la Unión Europea.
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El próximo 13 de octubre corresponde la elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica el relevo de Teódulo Cifuentes, quien actualmente ocupa el cargo. El cambio se da en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos al sistema judicial.
La CSJ continúa bajo la influencia de un bloque de magistrados afines al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez, señalado de tener influencia en las principales decisiones dentro del Organismo Judicial.
La última elección presidencial estuvo dividida por desacuerdos entre magistrados y tomó varios días. Por ahora, suenan nombres como Carlos Contreras, Luis Mauricio Corado y Claudia Paredes.
La visita a Guatemala
Satterthwaite señala en su más reciente informe que existe un cuadro consistente y alarmante de criminalización en el país, en el que participan el “Ministerio Público, integrantes del poder judicial y ciertos actores privados”. Además, identifica siete características de la criminalización en Guatemala.
La relatora dijo que durante su estancia en el país pudo reunirse con la fiscal general Consuelo Porras, quien negó “rotundamente” que se dedique a la criminalización, “afirmando que la propia fiscalía y sus funcionarios eran las verdaderas víctimas del acoso y los abusos en línea”. El informe destacó que durante la reunión, Porras y los fiscales se presentaron como víctimas de los ataques del “Poder Ejecutivo y sus aliados”.
En el informe subrayó que el uso instrumental del derecho penal por parte del MP “parece equivaler a un patrón sistemático, intencional y severo de privación de los derechos fundamentales dirigido a grupos específicos. Una persecución que parece intensificarse contra quienes han intentado frenar la impunidad y la corrupción y defender los derechos humanos”.
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