Organizaciones defensoras de la libertad de prensa denuncian acoso judicial, exilios y asesinatos impunes contra periodistas en la región, lo cual impacta de manera directa en el derecho a la información de toda la población.
Por Prensa Comunitaria
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó el pasado 26 de agosto una solicitud del Ministerio Público (MP) con la que buscaba enjuiciar bajo cargos de crimen organizado a seis periodistas y dos columnistas por publicaciones sobre el proceso judicial contra el propietario de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace tres años.
La resolución provisional, que marca un precedente en el derecho a la libertad de expresión y de prensa en Guatemala, es un pequeño triunfo en medio del grave retroceso que el ejercicio periodístico enfrenta en Centroamérica, marcado por la impunidad en asesinatos de periodistas, exilios forzados y un creciente hostigamiento judicial.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa denuncian que, en lugar de proteger la labor periodística, los gobiernos de la región impulsan campañas de estigmatización, aprueban leyes restrictivas y criminalizan a medios y periodistas independientes, lo cual afecta el derecho a la información de toda la población.
En países como Nicaragua y El Salvador, la persecución promovida desde los gobiernos de Daniel Ortega y Nayib Bukele ha forzado el exilio de decenas de reporteros, editores y fotoperiodistas y el desmantelamiento de redacciones completas.
Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, dice que en Centroamérica se ha constatado una persecución sistemática contra el ejercicio periodístico, debido a que la prensa “ejerce la función social de control sobre el poder”.
“Tenemos varios países donde se han incrementado los ataques sistemáticos a la prensa en sus diferentes expresiones: estigmatizaciones, agresiones verbales, censuras puras, juicios y procesos judiciales abusivos”, advierte Romeu.
Frida Arreola, integrante de la organización Artículo 19, explica que, aunque las estrategias difieren de un país a otro, hay patrones comunes en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde se criminaliza a las personas periodistas independientes “que resultan incómodas a los gobiernos”.
Criminalización desde el poder judicial
Arreola explica que en Guatemala es preocupante la cooptación del Ministerio Público por parte de un bloque de poder conocido como el “Pacto de Corruptos”, integrado por actores políticos, económicos y judiciales que buscan silenciar voces críticas.
“Este poder es quien de manera sistemática hostiga por la vía judicial a periodistas independientes para silenciarlos”, dice Arreola.
Actualmente, las figuras más visibles de este pacto son la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Ambos han sido señalados como “actores corruptos y antidemocráticos” por el Departamento de Estado y han sido sancionados por la Unión Europea (UE) por “socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder”.
El martes 28 de febrero de 2023, la FECI solicitó a un juez abrir una investigación por cargos de obstrucción de justicia, un delito tipificado como crimen organizado, contra seis periodistas y dos columnistas del desaparecido medio de comunicación elPeriódico.
Los señalados habían revelado, a través de publicaciones periodísticas, las faltas al debido proceso y presuntos actos de corrupción por parte de jueces y fiscales en los procesos contra Zamora.
Aquel martes era el primer día de trabajo en Prensa Comunitaria para el periodista Alexander Valdéz, luego de quedar sin empleo por el cierre de elPeriódico. “Asistí a cubrir la primera declaración de Jose Rubén Zamora, cuando escuché los nombres de ellos y el mío. Me sorprendió, no lo podía creer y fue así como me enteré directamente de la solicitud que estaba haciendo la fiscal”, recuerda Valdéz.
La fiscal solicitó que fueran investigados bajo el delito de crimen organizado Alexander Valdéz, Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Vélix, Rony Ríos y Denis Aguilar, así como los columnistas Édgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy.
Un mes después Valdéz y su colega Rony Ríos se vieron obligados a salir al exilio. Fue una noche de domingo, la cual ha quedado grabada en su memoria. Mientras caía una fuerte tormenta recibió la llamada. “Tienes que irte ahora mismo porque esta semana puede pasar algo”, escuchó al otro lado del teléfono.
En una maleta pequeña metió tres libros, uno de ellos la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez titulada Cien años de Soledad, y unas mudas de ropa para una semana, pensando que era algo temporal. Han pasado tres años desde esa noche.
Los dos periodistas salieron de Guatemala hacia El Salvador, donde permanecieron varios meses, luego, Costa Rica fue su segunda morada.
“Como diríamos en Guatemala, cada uno lleva su procesión por dentro, pero pudimos de alguna manera hacer un soporte mutuo mientras tomábamos ciertas decisiones y asimilamos lo que estaba pasando”, dice Valdéz.
Uno de los primeros cambios que asimilaron fue aprender a hacer periodismo desde el exilio. Para ello tomaron como ejemplo la experiencia de colegas de Nicaragua, quienes fueron los primeros periodistas de Centroamérica que se enfrentaron al exilio en la región por la persecución de la dictadura de Daniel Ortega.
“Uno tiene que reinventarse, la ventaja de los periodistas es que no pueden callarnos; nos destierran, pero no nos quitan la posibilidad de seguir contando historias”, asegura Valdéz.
En los primeros meses ambos periodistas tuvieron el apoyo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, pero los soportes económicos fueron agotándose y el destino los separó. Uno se trasladó a México y el otro migró hacia Estados Unidos.
La resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad le da un atisbo de esperanza a Alexander Valdéz para regresar a su tierra, donde ha dejado a su familia, a sus amigos y a sus colegas, pero considera que aún no están las condiciones para volver.
“Sí esperaría que puedan darse mejores condiciones, la resolución de la Corte de Constitucionalidad es un respiro en un contexto autoritario dirigido por grupos que cooptaron el sistema de justicia”, manifiesta el periodista de Prensa Comunitaria.
La fiscalía había recurrido a la Corte de Constitucionalidad, luego de que una jueza de primera instancia cerró el caso penal contra los periodistas y determinó que era competencia de un tribunal de imprenta, encargado de juzgar delitos cometidos a través del ejercicio de la libertad de expresión. Ante ello, el Ministerio Público recurrió a una Sala de Apelaciones, pero la CC ratificó la decisión de la jueza.
Posteriormente, la fiscalía presentó a la Corte de Amparos y Antejuicios un amparo provisional para reactivar la investigación penal contra periodistas y columnistas, el cual le fue negado, por lo que recurrió a la Corte de Constitucionalidad.
El año pasado, al menos 11 periodistas fueron perseguidos por las autoridades judiciales de Guatemala y unos 20 comunicadores se encuentran exiliados por temor a la persecución judicial.
En el monitoreo realizado por Prensa Comunitaria y Ruda de agresiones hacia el ejercicio periodístico entre enero y abril de 2025 se registraron 72 casos, incluyendo hechos graves, entre esos un asesinato y una desaparición forzada. Además, se contabilizan siete casos de acoso judicial, 15 de difamación y 21 ciberataques.
Los nuevos exiliados
En El Salvador, más de 40 periodistas se han visto forzados al exilio debido a la amenaza de la aplicación de las medidas del régimen de excepción a las personas que ejercen el periodismo independiente.
Todos los integrantes del medio digital El Faro tuvieron que abandonar el país tras la publicación de entrevistas a pandilleros que involucran al presidente Nayib Bukele en presuntos pactos con pandillas.
Graciela Barrera, una de las periodistas más jóvenes de ese medio, explica que al inicio solo salieron sus compañeros que trabajaron en la investigación, pero en su caso, la noche que capturaron a la abogada de la organización Cristosal, Ruth López, supo que no podía seguir en el país.
“En ese momento yo pensé que ahí se cruzaba una línea roja, porque si capturaban a una persona tan influyente y con tanto respaldo a nivel internacional como Ruth López, que no podrían hacer con nosotros”, dice vía telefónica desde Europa.
Barrera empezó a hacer periodismo hace cinco años y la mayor parte del tiempo ha trabajado bajo el régimen de excepción, por lo que la palabra exilio no le era ajena, pero dice que nunca pensó que llegara tan pronto.
El riesgo para Barrera era alto porque era el rostro de los videos para redes sociales de El Faro, en los que explicaba de una forma fácil de entender y resumida los principales hallazgos de las investigaciones realizadas por ese medio.
El día que abandonó el país solo contó con el apoyo familiar, no recibió soporte de ninguna organización.
“Llegar a otro país y empezar de cero con un mismo presupuesto es estresante y es difícil adecuarse porque en el exilio uno está en un espacio en el que se siente completamente ajeno”, manifiesta la periodista.
Además de las dificultades económicas, Graciela relata el impacto emocional al que se enfrentan las personas exiliadas, que deben renunciar no sólo a dejar de contar lo que está pasando en El Salvador, sino también a su familia, amistades, mascotas y lugares.
“A diferencia de otros compañeros que siguen en Centroamérica, he vivido este proceso con bastante soledad y es una cosa que, particularmente a mí, me ha jugado bastante mal porque hay demasiado tiempo para pensar en todas las cosas a las que he renunciado”, dice Barrera.
El deseo de la periodista es regresar a su país, pero por el momento ve inviable volver y poder seguir haciendo periodismo en El Salvador.
“Como joven lamento mucho que ese país esté expulsando a personas con conciencia social y a defensores de derechos humanos que son tan necesarios en una democracia”, reflexiona.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado que, desde el inicio del régimen de excepción, en 2022, hay “un entorno de creciente intimidación, autocensura y nuevas limitaciones para acceder a información pública u obtener declaraciones de funcionarios estatales”.
En 2024 esa organización registró 789 agresiones contra periodistas, lo que hace de ese año uno de los más críticos para la libertad de prensa en El Salvador.
Lee más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2025/06/el-regimen-de-nayib-bukele-provoca-el-exilio-de-40-periodistas-salvadorenos/
Impunidad en asesinatos de periodistas
En los últimos cinco años, al menos 13 periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras. Solo en 2024, Artículo 19 registró cinco casos. Uno de los más recientes fue el de Javier Antonio Hércules Salinas, periodista salvadoreño radicado en Honduras, asesinado el 1 de junio de este año, mientras conducía su taxi en la ciudad de Copán, a unos 200 kilómetros de la capital hondureña.
Hércules era director de la página de noticias en Facebook A Todo Noticias y contaba con medidas de protección desde 2023, luego de sobrevivir a un intento de secuestro. Su caso expone la precariedad de la profesión al verse obligado a trabajar paralelamente como taxista y la ineficacia del Estado en garantizar la seguridad de periodistas en riesgo. Durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, ya suman 13 periodistas y comunicadores asesinados.
Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el 88% de los asesinatos contra periodistas registrados desde 2001 permanecían en la impunidad hasta el año 2024.
Además, la violencia contra los periodistas en Honduras se extiende más allá de los asesinatos. La Red Centroamericana de Periodistas denunció recientemente una campaña de estigmatización contra nueve periodistas en el contexto electoral. Sus rostros fueron impresos en mantas que aparecieron en distintos puntos de Tegucigalpa, con mensajes que los acusaban de ser “sicarios de la verdad”.
Está acción, fue calificada por la Red como intimidatoria. Se registró después que varios medios denunciaron irregularidades en la participación de las Fuerzas Armadas de ese país, en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo.
La legislación de ese país establece que el Ejército puede custodiar el proceso electoral, pero las denuncias estaban relacionadas a fallas logísticas en el traslado de urnas.
“En un país como Honduras donde los crímenes en contra de periodistas son recurrentes resulta alarmante este tipo de intimidaciones en las que se incita al odio público y a la violencia en contra de comunicadores sociales y periodistas”, expresó la Red en un comunicado publicado en X (antes era Twitter).
🚨#Alerta
📣La Red Centroamericana de Periodistas expresa su repudio ante la campaña de estigmatización y amenazas en contra de 9 periodistas hondureños.➡Exigimos el cese de las intimidaciones y amenazas; se solidariza con las y los colegas hondureños y reclama garantizar su… pic.twitter.com/ep01HsTW4w
— Red Centroamericana Periodistas, ARCP (@PeriodistasCA) August 7, 2025
La importancia del periodismo
Angélica Cárcamo, vocera de la Red Centroamericana de Periodistas, advierte que la persecución, el exilio y la violencia contra las personas periodistas tiene un impacto directo en la calidad democrática en la región, donde están “surgiendo gobiernos autoritarios, dictaduras y estructuras alternas en los gobiernos para influir en las políticas públicas”.
“Sin periodismo libre, la sociedad pierde una herramienta fundamental de fiscalización y defensa de derechos humanos. Se limita el debate público, se abre la puerta a la corrupción y se debilitan los contrapesos al poder”, afirma.
Arreola agrega que el contexto actual no solo vulnera a periodistas, sino también a la ciudadanía en su derecho colectivo a la libertad de expresión.
“Como sociedad tenemos el derecho a acceder a información y a participar en el debate público dentro de toda democracia y en concordancia con lo que estándares internacionales sobre este derecho señalan que debe ser plural y diverso”, dice.
En ese mismo sentido, Romeu, de Reporteros Sin Fronteras, explica que los ataques sistemáticos a la prensa impactan directamente a toda la ciudadanía en su derecho colectivo para la toma de decisiones y recalca la importancia de la defensa del derecho a la libertad de prensa.
“No se trata de una defensa corporativista sectorial de las y los periodistas y los medios de la prensa en general. Es más bien, y sobre todo, una defensa de un derecho a que la ciudadanía pueda acceder a una información libre, plural e independiente para que pueda tomar decisiones bien informadas sobre su futuro”, concluye Romeu.
Representantes de organizaciones defensoras de la libertad de prensa coinciden en que, ante el clima creciente de hostigamiento y ataques, es fundamental organizarse, fortalecer los gremios a nivel internacional y desarrollar planes integrales de seguridad.
“Tenemos que unirnos y es un reto en un gremio que históricamente por factores culturales se ha mal visto el tema de la unidad gremial, incluso algunas empresas prohíben a sus periodistas que se organicen”, agrega Cárcamo.
Romeu concluye que también es clave construir vínculos y relaciones de confianza con la ciudadanía a través de iniciativas de educación mediática que permitan comprender mejor sus expectativas con relación al derecho a la información.
