La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, criticó la resolución con la que la CC eliminó el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes y advirtió sobre los riesgos de no contar con una normativa nacional. La CC le dio la razón a diputado de Vamos y con ello le quita autoridad al Ejecutivo sobre el manejo de basura.
Por Rony Ríos
Patricia Orantes, titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), reaccionó al fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que declaró inconstitucional el reglamento para el manejo de desechos sólidos. Orantes calificó la resolución como “un retroceso” que deja sin una herramienta clave al país para enfrentar la crisis ambiental.
Tanto el MARN como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indicaron que acatan la resolución emitida por la CC, pero advierten que esta decisión “tendrá serias consecuencias sobre la salud de nuestros ríos y lagos y aumentará aún más la contaminación de barrancos, calles, carreteras y paisajes; y claramente, pondrá en mayor riesgo la salud de la gente”.
“Es lamentable que para la CC la autonomía municipal sea vía libre para contaminar”, afirmó Orantes durante una conferencia de prensa, en la que defendió la necesidad de contar con una normativa nacional que permita articular esfuerzos y financiamiento.
El fallo fue resultado de un amparo promovido por el diputado Ronald Portillo, del partido Vamos, pese a que la disposición había sido creada en el gobierno de Alejandro Giammattei. Con ello, la CC resolvió que el reglamento violaba la autonomía municipal en materia de servicios públicos, dejando al MARN sin un marco jurídico.
La ministra advirtió que el país enfrenta un problema estructural en el manejo de la basura y aguas residuales. “No puede ser que tengamos un país que no maneja las aguas que ensuciamos y la basura que generamos”, dijo previo a asegurar que los gobiernos municipales arrastran limitaciones técnicas, políticas y financieras, que desde el MARN están tratando de combatir.
Según Orantes, el MARN ha identificado 230 vertederos municipales -muchos de ellos con grandes deficiencias- y más de 2,000 botaderos clandestinos en el país. También recordó que, gracias a acuerdos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo y el Instituto de Fomento Municipal (Infom), se han gestionado Q3 mil millones para proyectos municipales y se impulsaron reformas en los consejos de desarrollo para que las comunas destinen fondos al manejo de desechos.
“El reglamento habría reducido en un 60% la contaminación solo con la separación de residuos, pero ahora nos enfrentamos a un vacío legal”, dijo la ministra, quien también llamó al sector privado a rediseñar los embalajes de productos, porque considera que son responsables del 40% de la basura botada en el país, y a la ciudadanía a mantener prácticas de reciclaje y separación de desechos.
La ministra agregó que la CC deja sin institución rectora en el tema de saneamiento, dejando solos a los 340 municipios para brindar los servicios con estándares de cuidado ambiental. “Hay municipios que se han mancomunado en Sacatepéquez, en la cuenca del Motagua, en Occidente y en Oriente para gestionar colectivamente sus residuos. Este año fue el año pico en inversión en sistemas de tratamiento de aguas y de desechos por parte de las municipalidades”, explicó.
Los argumentos legales
Para Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, la resolución de la CC responde a la tensión histórica entre la centralización de políticas ambientales y la autonomía de los gobiernos locales. “La Corte entiende la autonomía municipal como una barrera infranqueable, como que, si cada municipio fuera un feudo, pero no es así como funciona. Hay cuestiones como el ambiente, que son temas concurrentes del gobierno nacional con el municipal”, dijo Ortiz.
Además, el abogado expresó su preocupación por la decisión de la CC que señala que el gobierno municipal tiene autonomía respecto del manejo de los desechos. “El problema es el alcance que le dan a esa resolución. Dicen que el Ejecutivo no tiene competencias para decirle a las municipalidades cómo manejar los desechos. Y eso es absurdo”, sentenció.
Por su parte, Rafael Maldonado, abogado especialista en temas ambientales, dijo que la CC no solo elimina el artículo referente la clasificación de desechos, sino que elimina por completo el reglamento, lo que significa un “retroceso constitucional a 1984”.
