Por Nancy González*
Están por finalizar los diálogos regionales del Proceso Nacional del Agua Hacia una Ley de Aguas. Estos encuentros, al menos en Sololá, se distinguieron por ser convocatorias abiertas, pero los procedimientos de confirmación fueron un poco desordenados y a última hora, incluso cambiaron las fechas. Pero ello no impidió que diversas entidades, autoridades públicas, autoridades indígenas y la sociedad civil tuvieran la oportunidad de participar en estos espacios.
Este proceso fue campo de desconfianza, algo comprensible si se considera que los marcos legislativos, normativos y regulatorios vigentes en el territorio hidrosocial de Atitlán fueron diseñados desde el exterior, desde la cosmovisión de las estructuras de poder y no desde las inquietudes de las comunidades. La Ley de la AMSCLAE (Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno en Guatemala), y la Ley de la RUMCLA (Reserva de Uso Múltiple la Cuenca Lago de Atitlán) y otras políticas publicas incluso perpetuaron y sostuvieron institucionalmente las desigualdades y exclusiones que afectan principalmente a los pueblos indígenas. Por ello, la futura ley debe superar marcos como los de la AMSCLAE, en los que sectores privados participan abiertamente y colocan sus intereses en voces de funcionarios que terminan promoviendo infraestructuras hidráulicas que buscan la acumulación, concentración y centralización del agua.
En el Colectivo Tz’unun Ya’, hemos sostenido que la revitalización del lago Atitlán demanda una planificación compleja e interdisciplinaria. Necesitamos de los saberes y conocimientos que producen las ciencias, pero también de los saberes y vivencias de las comunidades, necesitamos de la participación del Gobierno, así como de diversos sectores. Si bien es cierto que las ciencias son sumamente importantes para la construcción de propuestas de solución, también es importante indicar que no siempre han sido imparciales, ya que normalmente han legitimado al poder y el statu quo.
En diversos foros y conversaciones, tanto nosotras como otras organizaciones indígenas hemos reiterado que en la tradición oral existen evidencias de que nuestras comunidades poseían un sistema de uso del agua y una comprensión de su ciclo, aquí se contempla la relevancia de las nubes, de los árboles, el aire, las montañas, las rocas y el suelo para el ciclo del agua. Tampoco deseo idealizar el pasado, ya que también hubo fallos como en toda civilización, pero es crucial recolectar esos saberes que aún persisten para enriquecer nuestros conocimientos sobre el agua.
¿Cómo incluir y posteriormente materializar en la propuesta legislativa que el agua es un ser vivo con derechos? Desde los principios occidentales nos dijeron que el agua es un elemento abiótico, indispensable para la vida y esencial para la fotosíntesis en plantas y el trasporte de nutrientes en animales, pero no se nos enseñó que un elemento vivo para el ecosistema. El agua es un elemento de múltiples dimensiones en el que se encuentran numerosos imaginarios, conexiones y numerosas realidades. Esto se debe a que combina aspectos económicos, ambientales, políticos, sociales, legales, culturales, históricos, entre otros, que se traducen en significados y valores distintos.
Indudablemente, los diálogos por la Ley del Agua contribuyeron a volver a visibilizar los problemas de gestión, acceso, distribución, así como las profundas contradicciones y desigualdades, y la degradación creciente de los ecosistemas, agregándole a esta ecuación el cambio climático. Desde una posición de ecología política, los problemas anteriores no pueden reducirse a soluciones tecnológicas, la problemática y sus soluciones son fundamentalmente políticas, de ahí la importancia de escuchar a las voces descontentas.
También hay temores de que la futura Ley de Aguas se vuelva solo el motor para los grandes negocios y no para la vida. Necesitamos una legislación que aporte a solucionar los problemas mencionados, que le apueste a la gestión democrática, participativa y desde los pueblos, no desde las esferas tradicionales del poder. Un marco normativo que asegure la transparencia, incremente los controles y revise las concesiones otorgadas en el presente, que busque reparar los perjuicios provocados por la mala administración del agua mediante el enfoque de justicia hídrica restaurativa. El desafío consiste en recuperar los cuerpos de agua, rectificar la desviación, acaparamiento y contaminación descontrolada e indiscriminada de los cuerpos, que sancione a aquellos que acaparan y contaminan.
Así pues, el proyecto en construcción de la Ley de Aguas debe visibilizar los conflictos, las batallas, los actores jurídicos, las autoridades indígenas y comunitarias, los defensores, para trazar rutas e ir corrigiendo estos conflictos y, sobre todo, para reconocer la gestión comunitaria. No es suficiente con tener un documento adecuadamente estructurado para la administración del sistema hídrico nacional, se necesita de fuerza social organizada para presionar al Congreso. Porque finalmente, somos nosotros, la ciudanía y los pueblos, quienes exigiremos en un futuro el cumplimiento de la ley.
*Colectivo comunidad Tz’unun Ya’
