En el intento de desalojo participaron unos tres mil policías, fuerzas antimotines y fiscales del Ministerio Público (MP) que acompañaron a la jueza Sandra Ayala Tello, la orden de desalojo fue emitida por el juez Edgar Anibal Arteaga y fue solicitada por las hermanas Bautista Ramírez y Rina Castañeda López en contra de la comunidad La Ceiba, Río Zarco, en El Estor, Izabal.
Por Juan Bautista Xol
Familias Q’eqchi’ que habitan la comunidad La Ceiba, Río Zarco, en El Estor, Izabal, estuvieron a punto de ser desalojadas por miles de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fiscales del MP y la jueza de Paz, Sandra Ayala Tello, esta acción judicial se suma a otros desalojos en ese departamento durante el gobierno de Bernardo Arévalo.
Sin embargo, debido a la oposición de la fuerza pública desistió de llevar a cabo la diligencia, únicamente lanzaron gases lacrimógenos y se retiró del lugar. La prensa en el lugar documentó al personal del Ministerio Público portando armas de grueso calibre.
El desalojo fue solicitado por la doctora Rina Castañeda López Solano, presidenta de la delegación de la Cruz Roja en El Estor, así como por las hermanas Isabel e Imelda Bautista Ramírez, quienes reclaman la propiedad de la tierra que es habitada por unas 40 familias Q’eqchi’, según la orden notificada por la jueza. La Cruz Roja es una institución que tiene como misión prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Alrededor de las 6:07 de la mañana del 27 de agosto una fuente informó a Prensa Comunitaria sobre la presencia de varias radiopatrullas, carros y buses particulares que se movilizaron al centro de El Estor.
“Hay cientos de policías que van para El Estor, nos preocupa porque son muchos” comento el comunitario de La Ceiba en una llamada telefónica.
Cinco minutos después, el contingente policial se congregó en la cabecera municipal en el campo de futbol del Barrio San Jorge, donde esperaban la orden del juzgado de paz de la localidad, mientras que los pobladores del municipio manifestaron estar atemorizados por la presencia policial ya que en el pasado se han decretado estados de sitio que han violentado los derechos humanos de los habitantes.
A las 7:17 am Ayala Tello se presentó en el campo para ordenar al contingente desplegarse hacia la comunidad La Ceiba, Río Zarco, que se ubica a unos 6 kilómetros de la cabecera municipal. El Estor se ubica en el Caribe guatemalteco a unos 320 kilómetros de distancia de la ciudad de Guatemala.
La orden de la jueza y la amenaza del uso de gases lacrimógenos
Luego de que la jueza ordenara el ingreso en la comunidad, los oficiales de los antimotines de manera prepotente indicaron que lanzarían gases lacrimógenos a los comunitarios y si era posible usarían otra alternativa sin importar la integridad física de las mujeres, ancianos y niños y niñas presentes en el lugar.
“Deben usar las bombas lacrimógenas, y si es posible usen el otro que ya saben” indicaba un oficial a los demás antimotines, mostrando un gas lacrimógeno.
Durante la diligencia se observó que algunos fiscales del Ministerio Público ingresaron a la comunidad con armas de alto calibre. En el protocolo de actuación policial de desalojos emitido en 2021 se establece que los agentes pueden utilizar casco, musleras, chaleco anti-trauma, cinturón con accesorios, grilletes, escudo, espinilleras, gas lacrimógeno, entre otros.
Las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) pueden repeler ataques con arma de fuego con fusil Tabor y arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.
Tras varios disparos con gases lacrimógenos, los comunitarios resistieron y por orden de la jueza se suspendió el desalojo asegurando que se ejecutaría en otra ocasión, sin indicar la fecha.
Pobladores se oponen a retirarse de la tierra
Cuando notaron la presencia de la policía, los pobladores bloquearon el paso unos 500 metros antes de llegar a la comunidad, esto con el objetivo de mostrar su rechazo a los desalojos y expresar que no estaban dispuestos a dejar sus pertenencias, ni abandonar el lugar.
Los comunitarios señalaron que no fueron notificados del desalojo y que lo que esperaban es una respuesta de una mesa de diálogo con la propietaria del lugar, la doctora Castañeda, quien estuvo presente en el operativo, pero no se dirigió a los comunitarios.
“No fuimos notificados del desalojo, tenemos un amparo y queremos que se respete, estamos esperando una respuesta de una mesa de diálogo con la dueña del terreno, queremos pagar, somos indígenas y no por eso nos van a matar” manifestaban las mujeres en su idioma Q’eqchi’.
Las comunitarias mencionaron que desde el 2015 ocuparon la tierra para construir sus viviendas y cultivar maíz, pero que estaban dispuestas a negociar pacíficamente.
La jueza Ayala indicó que su deber es cumplir con la diligencia solicitada y procedió a leer el documento donde se indica que el abogado Edgar Aníbal Arteaga López, el juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, ordenó dicho operativo. Arteaga es conocido por criminalizar a defensores de la tierra y el territorio en ese departamento.
“Voy a empezar con la diligencia toda vez es mi deber darle complimiento lo que ordenó el juzgado pluripersonal de Puerto Barrios, Izabal” indicó la juzgadora.
Además, la jueza Ayala fue quien ejecutó la orden del desalojo de la comunidad de Buena Vista, Tz´inte en mayo del 2024, también ordenado por el juez Arteaga. Las fuerzas de seguridad quemaron las viviendas y cultivos de las familias que hasta la fecha están abandonadas sin ninguna atención estatal.
Conoce más
https://prensacomunitaria.org/2024/05/48-familias-qeqchi-de-la-comunidad-buena-vista-fueron-desalojadas-de-forma-ilegal-en-el-estor/
Rina Castañeda es doctora y directora de la delegación de Cruz Roja en El Estor, aunque por su profesión apoya a la población, las familias Q’eqchi’ indicaron que lo que cobra por su servicio es muy alto. De las otras dos personas no fue posible obtener información.
Continuidad de la política de desalojos
En los dos años de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, continúan los desalojos contra familias indígenas y campesinas, detenciones de dirigentes comunitarios, autoridades ancestrales, periodistas y defensores de derechos humanos. La reciente detención arbitraria de Leocadio Juracán ejemplifica el uso de la justicia para criminalizar a quienes defienden la tierra en el país.
Las comunidades organizadas piden que el Ejecutivo realice acciones legales a favor de ellos, incluso las organizaciones campesinas más importantes firmaron un Acuerdo Agrario con el gobierno en febrero de 2024 que tenía como uno de sus objetivos atender la problemática agraria.
La problemática de desalojos y despojo de tierras y desplazamiento forzoso fue conocida por el relator especial sobre el derecho a la vivienda de la Organización de las Naciones Unidas, Balakrishnan Rajagopal, durante su visita a Guatemala, el relator instó al Estado de Guatemala a detener los desalojos.
En su informe preliminar señaló que las familias son afectadas constantemente porque la tierra está en propiedad privada y añadió que en Guatemala la discriminación hacia las familias es de alto alcance y que no tienen seguridad ya que en cualquier momento son desalojados por grupos armados con el apoyo de la policía y el ejército. Incluso indicó que pediría una moratoria de estos.
Por su parte, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otra experta de la ONU han expresado su preocupación al gobierno de Guatemala por la continuidad de los desalojos en el país y agresiones a defensores de derechos humanos, incluyendo mujeres que luchan por el acceso a la tierra.
Conoce más:
https://prensacomunitaria.org/2025/03/desalojan-a-familias-qeqchi-en-rio-tebernal-livingston/
El Estor afectado por desalojos
En Izabal, desde que asumió el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, los desalojos han constantes y se hanviolentado los derechos de las personas.
En el 2024 se ejecutó el desalojo de 36 familias de Buena Vista las cuales se refugiaron en la comunidad de Santa Rosita y en este 2025 se ejecutaron varios desalojos en Puerto Barrios y Livingston Izabal, incluyendo la comunidad Río Tebernal.
También se conoce que hay varias comunidades que se encuentran amenazadas con los desalojos y piden que el gobierno de Arévalo actúe a favor de las comunidades.
Se consultó a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) si dan acompañamiento a las comunidades desalojadas, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron.
En junio de 2024, el entonces director de COPADEH visitó la comunidad Buena Vista e indicó que no estaba en manos del Ejecutivo suspender el desalojo de dicha población ya que se trata de protocolos judiciales.
Conoce más:
https://prensacomunitaria.org/2024/06/copadeh-no-esta-en-las-manos-del-ejecutivo-suspender-el-desalojo-en-el-estor/
