Aproximadamente 359 familias de una comunidad de El Estor, Izabal llegaron a un acuerdo con el finquero Hugo Shell, de la finca Rancho Grande, para pagar los lotes que habitan desde 2015, lo cual se logró tras una negociación de años.
Por Juan Bautista Xol
Unas 359 familias del barrio El Renacer, en El Estor, Izabal, llegaron a un acuerdo con Hugo Shell, propietario de la finca Rancho Grande, para comprarle las tierras que habitan desde 2015, para lo cual realizaron una firma de convenio de pago.
Las familias realizarán el primer pago en septiembre de este año y el plazo convenido es de 18 meses. La comunidad deber depositar en la cuenta personal de Shell un monto de Q100 mil ochocientos. La comunidad se encargará de verificar el monto que deberá pagar cada familia.
“Necesitamos las medidas de nuestros lotes para no esperar que hasta que terminen todos de pagar empezar a medir como se hizo la otra vez”, dijo Manuel Tiul, alcalde comunitario del Barrio Renacer, en una reunión realizada el 22 de agosto en el coliseo municipal de El Estor, donde se reunieron las partes.
Sin embargo, Edwin Fajardo, el abogado de la comunidad, advirtió que Hugo Shell no es el propietario de la finca, sino que solo está reconocido como posesionario. Por ello informó a las familias que la firma del convenio será un riesgo, ya que si él no otorga el traspaso de los lotes, las familias seguirían discutiendo sobre sus escrituras.
Durante la cita, participó Genaro Icó, el alcalde municipal, Hugo Shell, propietario de la finca y las 359 familias, la mayoría Q’eqchi’.

Las familias dijeron que necesitaban un lote de tierra por familia para construir sus viviendas y un centro educativo para sus hijos y que por esa razón ocuparon la finca.
Dispuestos a pagar por sus lotes
Según la información obtenida por Prensa Comunitaria, las familias se asentaron en la finca Rancho Grande desde septiembre del 2015, mismo año en el que nombraron a la comunidad como Barrio El Renacer.
La comunidad manifestó que desde ese año buscaron negociar con el dueño de la finca y encontrar una vía favorable para ambas partes sin crear conflictos que vulneraran la integridad física y psicológica de quienes poblaron la finca.
En 2016 se realizó un convenio de pago para que las familias empezaran a pagar sus lotes, pero quedó sin efecto en 2017.

Las familias señalaron que en 2017, Shell cambió el número de cuenta bancaria a otra que le pertenece a la finca El Paraíso, propiedad de otra persona. Por esta razón dejaron de pagar pues se sintieron estafados.
“No queremos que vuelva a pasar lo que paso en el 2016 a 2017, nosotros estamos dispuestos a pagar los lotes pero que todo sea transparente, no queremos que después paguemos en otra cuenta como pasó con la finca el Paraíso”, señaló una mujer Q’eqchi’ que estaba dispuesta a pagar su lote.

De esta inconformidad, Shell respondió que su cuenta bancaria se había extraviado y señaló que no era el momento para recordar si habían realizado un convenio anteriormente. Lo que sugirió es que el nuevo convenio se firmara y que se cumpla lo requerido.
“No es el momento de venir y decir que hacer y qué no hacer, no es el momento de hablar de un convenio que se hizo, se va a cumplir este convenio y a eso venimos, después de esto no invaden más”, dijo.

La presencia del alcalde municipal en esta reunión obedeció a una invitación de la comunidad como garante y observador de este proceso, para evitar confrontación entre las partes y que se llegara a aun cuerdo favorable.
Una larga negociación
La negociación que deseaban las familias llegó 10 años después de haber poblado la finca. Durante esos años enfrentaron amenazas de desalojos, intimidaciones, señalamientos, incluso negociaciones con otras personas que decían ser dueñas de la propiedad Rancho Grande.
Se dio un incidente en el que el señor Jorge Morales de Paz fingió ser el dueño y denunció a los comunitarios en el 2024 en el Juzgado de Puerto Barrios y también demandó a Shell por usurpar la finca.

Sin embargo, en un juicio se evidenció que el propietario es Shell y por esa razón se procedió la negociación con esta persona en la Secretaría de la Presidencia.
El abogado de la comunidad, Edwin Fajardo, dijo que el finquero solo está reconocido como posesionario de la finca, lo que significa que no es el verdadero dueño. Por ello informó a las familias que la firma del convenio será un riesgo, ya que si él no otorga el traspaso de los lotes, las familias seguirían discutiendo sobre sus escrituras.
Shell se comprometió a que las escrituras de la finca las entregará una vez el precio de la finca sea cancelado.
Mientras que el jefe edil se comprometió en medir los lotes de las personas y extenderles un comprobante como respaldo de su tierra y que él se encargará de que las escrituras sean entregadas a cada propietario una vez se cumpla el convenio.




