El Gobierno enfrenta un cierre complejo en el Campo Xan por la salida de Perenco

 

Funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, y de la Defensa fueron citados al Congreso de la República para aclarar la situación de la salida de Perenco del campo petrolero Xan, en Petén, que ha desatado una compleja situación para el Gobierno de Guatemala, que ahora enfrenta un prolongado e incierto proceso de cierre técnico.

Por Prensa Comunitaria

Perenco finalizó sus operaciones en el Campo Xan, del municipio de San Andrés, Petén, el pasado 12 de agosto. Los ministros de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, y de la Defensa fueron citados a una sesión con jefes de bloques en el Congreso de la República el 20 de agosto de 2025. En esta reunión expusieron la situación de emergencia y los planes del gobierno para el cierre de operaciones del complejo petrolero.

El costo estimado para el cierre de operaciones es de USD$50 millones según informó Víctor Hugo Ventura Ruiz, ministro de Energía y Minas, además en sus intervenciones dijo que el cierre técnico de las operaciones podría extenderse por varios años. “Una estimación es que pudiera hacerse en 3 años, 36 meses sobre la base de un cierre de pozo por mes”, afirmó. Sin embargo, una iniciativa de ley propuesta por el partido oficialista señala que este podría ser de hasta 8 años.

Este proceso implica el desmantelamiento de la infraestructura, lo que, según Ventura, permitirá que bienes valiosos como las torres de perforación y los grupos generadores puedan ser reutilizados en la misma industria petrolera o en otras.

La emergencia declarada por el MEM para el cierre de operaciones

Ventura Ruiz detalló el proceso de contratación para el cierre de operaciones de Perenco y la futura administración de los activos estratégicos. El ministerio ha declarado una emergencia en el área petrolera para invitar a firmas interesadas en llevar a cabo el cierre técnico.

Hasta el momento, el MEM ha recibido propuestas de cinco empresas para llevar a cabo el cierre de operaciones. Entre ellas se encuentra Pemex, empresa con la que el gobierno ha tenido acercamientos para capacitar a operadores en el tema de cierres de operaciones petroleras, por lo que el ministro fue cuestionado sobre si la empresa mexicana se le adjudicará el cierre de operaciones. Ventura aclaró que no fue buscado para realizar el cierre de pozos, sino como asesor técnico, junto con otras entidades de México y Colombia.

Para la refinería y el oleoducto, también declarados en emergencia por su importancia estratégica, y su ubicación fuera del área protegida, se sigue un procedimiento similar para encontrar operadores, esperando recibir ofertas de firmas especializadas en un plazo estimado de tres meses.

El reservorio más grande de toda Mesoamérica

Patricia Orantes Thomas, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, dijo que el área ocupada por Perenco, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, abarca 10,000 hectáreas. Esta zona, vital para la Reserva de Biosfera Maya, aunque significativa, representa apenas el 3% de las 330,000 hectáreas que componen el parque nacional. La ministra subrayó la importancia de esta área, describiéndola como un humedal de relevancia mundial y el “reservorio de agua dulce más grande de toda Mesoamérica”.

Dentro de este polígono, la situación es compleja debido a la coexistencia de elementos naturales, patrimonio cultural y asentamientos humanos:

  • Sitios arqueológicos: La ministra dijo que, “solo en estas, 10000 hectáreas… hay nueve sitios arqueológicos”
  • Población local: Se ha identificado una población de aproximadamente 700 personas ubicada en un lugar llamado Laguna Vista Hermosa, dentro del polígono de las 10,000 hectáreas, con datos de diciembre de 2024
  • Usurpación de áreas: Orantes también destacó la problemática de la usurpación de áreas dentro del polígono, donde el 62% del uso de la tierra es para ganadería y agricultura.

El ministro de Energía y Minas añadió que tanto la actividad ganadera como de agricultura ocurrieron durante la operación de la empresa petrolera, en respuesta a la postura de algunos diputados que reprochaban la salida de Perenco como la causante de las invasiones y la pérdida de activos económicos para el país. Además, Ventura señaló que existen “algunas invasiones” y que se están realizando las denuncias respectivas.

Cierre de operaciones y la necesidad de nuevas leyes

El cierre del contrato de Perenco ha sido fuente de debates entre algunos legisladores, que señalan que su salida perjudicó al país, mientras otros señalan que el contrato era lesivo para el Estado.

Este debate también ha abierto la discusión sobre la necesidad de promulgar leyes sobre contrataciones, la actualización de la Ley de Hidrocarburos, vigente desde 1983, y sobre el cierre técnico de operaciones extractivas como el de Perenco.

Durante la sesión el diputado Fidel Reyes Lee mencionó la existencia de una “propuesta de solución” a la problemática: la Ley de Concesiones Públicas, la cual “tiene dictamen favorable”. Esta iniciativa busca una alianza público-privada y social, con el Estado teniendo el 34 por ciento de participación accionaria, los empresarios el 33 por ciento, y los ciudadanos el restante 33 por ciento, inspirándose en modelos como Ecopetrol en Colombia.

Por otro lado, el diputado Luis Aguirre replicó que la Comisión de Energía y Minas ya había sostenido reuniones con los ministros y que se les había propuesto una solución en marzo, con la iniciativa de ley 6021, que buscaba una prórroga de 25 años al contrato de Perenco. Acusó al Ejecutivo y a la bancada oficial de tardar “cinco meses para presentar una iniciativa” por razones políticas, refiriéndose a la iniciativa de ley 6575.

Lee más al respecto en:

https://prensacomunitaria.org/2025/07/perenco-podria-extender-operacion-por-iniciativa-de-diputados-oficialistas/

La discusión también reveló la falta de un “plan de cierre” y una declaración de emergencia por parte del Ministerio de Energía y Minas, la cual, según el diputado Álvaro Arzú Escobar, no está “basada en ley” porque no cuenta con una opinión favorable de la Comisión Nacional Petrolera. El ministro de Energía y Minas afirmó que la Comisión ha acompañado el proceso, pero admitió que “como tal un dictamen… no existe”.

Este panorama subraya la urgencia de acciones coordinadas y transparentes para gestionar las consecuencias del cierre, tanto a nivel ambiental como socioeconómico, y la necesidad de un marco legal actualizado que beneficie los intereses de Guatemala.