Dos militares retirados, acusados de crímenes de lesa humanidad en el caso Diario Militar, vieron frustrados sus intentos de obtener el arresto domiciliario. Las peticiones de Edgar Corado Samayoa y Enrique Cifuentes de la Cruz no se entraron a conocer porque la audiencia fue suspendida y se realizará en una próxima fecha.
Por Alexander Valdéz
Dos militares en condición de retiro y señalados como presuntos responsables de graves crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno vieron frustrado su intento de obtener la libertad bajo la figura del arresto domiciliario. Se trata de Edgar Corado Samayoa y Enrique Cifuentes de la Cruz, quienes se encuentran detenidos por su presunta participación en las desapariciones forzadas documentadas en el caso del Diario Militar.
Los hechos por los que se les juzga se dieron durante el régimen del general Óscar Humberto Mejía Víctores, 1983-1986, bajo cuyo mandato se implementó una dura política de contrainsurgencia. El “Diario Militar” es un documento de inteligencia militar que detalla de manera meticulosa la desaparición forzada de 183 personas, muchas de las cuales fueron torturadas y ejecutadas extrajudicialmente. Corado Samayoa y Cifuentes de la Cruz, que formaban parte de la estructura de inteligencia militar de la época, enfrentan cargos por su implicación directa en estos hechos.
#DiarioMilitar Militares señalados de graves crímenes piden salir de prisión
Se inició la audiencia de solicitud de arresto domiciliario de los especialistas del Estado Mayor Presidencial Edgar Corado Samayoa y Enrique Cifuentes de la Cruz, durante el régimen del general Oscar… pic.twitter.com/FHFvKswQPy
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 20, 2025
De esa cuenta, ambos acusados plantearon ante la jueza Carol Berganza una solicitud para que se les concediera el arresto domiciliario argumentando motivos de salud. Sin embargo, la audiencia no se pudo realizar por un error en la notificación de la diligencia judicial.
Cifuentes de la Cruz solicitó un permiso especial para abandonar el centro carcelario y recibir atención médica en su domicilio, alegando la necesidad de un tratamiento constante. No obstante, la jueza a cargo del caso negó la petición. Antes de conocer y autorizar su salida, la jueza ordenó que fuera evaluado por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Por su lado, Edgar Corado Samayoa intentó formalizar una solicitud de medida sustitutiva durante una audiencia. Sin embargo, esta no avanzó debido a que la jueza decidió suspender la audiencia al detectarse un error en la notificación de la misma. Este vicio impidió que la solicitud fuera conocida y debatida, por lo que Corado Samayoa deberá esperar a que se reprograme una nueva audiencia, una vez que se subsanen los fallos en el proceso de notificación.
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Un caso que está paralizado
Según el informe, “La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional”, de la Fundación Myrna Mack, estas detenciones formaron parte de una nueva ofensiva contrainsurgente, encuadrada en el plan Firmeza 83, que se focalizó principalmente en la ciudad capital.
De 183 detenciones ilegales registradas, 139 se cometieron en la ciudad de Guatemala. La ofensiva tenía como objetivo desarticular las redes de militantes y colaboradores de la insurgencia, en especial las diferentes ramificaciones del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que fue la organización insurgente más afectada con el 57 por ciento de los casos.
El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos informó de la captura de 11 exmilitares y policías señalados de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual de aproximadamente 195 personas, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.
Según la Fiscalía, el archivo, hecho público en 1999, registra asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas. Este caso estuvo a cargo de Miguel Ángel Gálvez, quien renunció al Organismo Judicial (OJ) debido al hostigamiento y criminalización del que fue víctima a raíz de fallos dictados en ese expediente y finalmente salió al exilio.
Desde entonces el caso no avanzó y tampoco se ha ejecutado la resolución que ordena repetir la audiencia de apertura a juicio. En tanto, varios acusados han recuperado su libertad por “razones humanitarias”.
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https://prensacomunitaria.org/2023/05/amparo-favorable-para-acusados-del-caso-diario-militar-impide-avance-del-proceso/
