La legalización de tierras en Petén es un proceso burocrático que depende de varias instituciones, entre ellas, el Registro de Información Catastral (RIC), una institución clave para definir quién tiene derechos sobre la tierra en Guatemala.
Por Darío Melgar Choc
Unos 20 dirigentes de comunidades de la microrregión el Aguacate, en San Luis, acudieron a la oficina Regional del Fondo de Tierras (Fontierras) en San Benito, Petén, para demandar la agilización del trámite de las escrituras de sus tierras.
La respuesta que recibieron de Francisco Obando Requena, director regional del Fondo de Tierras, es que esta misma semana se iniciará la revisión de los papeles, para determinar qué hace falta, o qué deben actualizar en el proceso de la titularidad de la tierra.
Alfredo Caal, líder comunitario, del caserío Agua Negra, dijo que solo en la comunidad el Aguacate son más de 400 personas las que iniciaron el trámite hace 45 años, pero no ha avanzado.
Caal dice que hay personas de la tercera edad que han expresado su preocupación porque posiblemente no verán las escrituras de los terrenos que habitan y temen heredar sus tierras sin papeles a sus hijos o nietos.
En tanto el señor Crisantos Xol, de caserío Setoc, pidió a los encargados del Fondo de Tierras que agilicen el trámite de sus escrituras porque les lleva demasiado tiempo y gastan mucho para viajar mensualmente unos 200 kilómetros desde sus comunidades al pueblo para saber el proceso de sus trámites.
Según los comunitarios en el año 2021, el Fondo de Tierras entregó 73 escrituras de tierras con el mismo número de beneficiarios, en las microrregiones de Naranjal, Aguacate, la Balsa, Machaquilaito y Trece Aguas, del municipio de San Luis, Petén, pero, agregó, existen más en trámite.
Las tierras pertenecen a la finca 292
La Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente (MITA) en el sur de Petén, una plataforma de articulación voluntaria que ha acompañado a varias comunidades en temas de agrarios, indica que Petén se encuentra ubicado sobre tres fincas nacionales, de estas, la mayor es la Finca 292.
Desde que el Estado de Guatemala tomó la decisión de generar un candado legal que limita la implementación de actividades de legalización de tierras en esta finca, los procesos administrativos para esta tramitología se vuelven muy burocráticos pues depende de más de una institución como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Registro de Información Catastral (RIC), el Registro General de la Propiedad (RGP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) que es la institución de mayor rango que concede la regularización de la propiedad. Una vez conocida la situación, autoriza toda actividad dentro de esta finca.
Durante los últimos años diferentes gobiernos han desarrollado intervenciones en los territorios que han articulado a la institucionalidad anteriormente mencionada para definir momentos claves para la asignación de titularidad de la tierra, sin embargo, el desafío sigue siendo muy complicado para muchas familias que continúan en este proceso de regularizar sus tierras siempre y cuando estas se encuentren en el área 292.
El rol del RIC sobre la titularidad de la tierra
El Registro de Información Catastral es una institución clave para definir quién tiene derechos sobre la tierra en Guatemala. Aunque su función debería ser técnica, su impacto en conflictos agrarios, desalojos y reconocimiento de tierras comunales lo convierte en un actor político.
El Consejo Directivo del RIC está integrado por siete personas con sus respectivos suplentes.
Este año, el Consejo está presidido por María Fernanda Rivera Dávila (1), la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y José Antonio López Leonardo, su suplente.
También lo integran, Gabriel Antonio Medrano Valenzuela (2), registrador general de la Propiedad y Erick Rodolfo López López, su suplente; David Isaac Gómez Gómez (3), director del Instituto Geográfico Nacional y Marcos Osmundo Sutuc Carrillo, su suplente.
Por los colegios profesionales: el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) está representado por José Luis Chapas Castillo (4) y Brener Yubini Granados Pinto, suplente; el Colegio de Ingenieros de Guatemala, por Jorge Luis Maldonado Echeverría (5) y Miguel Ángel Ocaña Choxom, suplente; el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, por Sergio José Roberto Domínguez Barco (6) y Enrique Octavio Barahona Pereira, suplente.
Finalmente, por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), cuyo titular es José Enrique Arredondo Amaya (7), alcalde de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa; y Amílcar Suy Cubul, su suplente.
Conoce más detalles acá:
https://prensacomunitaria.org/2025/08/el-pulso-por-el-control-del-registro-de-informacion-catastral/
