La Corte de Constitucionalidad rechazó una apelación del Ministerio Público y confirmó el cierre del caso contra el exjefe de seguridad del Instituto de la Defensa Pública Penal, acusado de asesinar a un sindicalista. Este es el mismo caso que involucró a un exviceministro y una exmagistrada, pero ambos quedaron fuera de la investigación.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la apelación del Ministerio Público (MP) y confirmó el cierre de la investigación a favor de Ronald Joaquín González Vásquez, exjefe de seguridad del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), acusado del asesinato del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez. El hecho ocurrió el 1 de junio de 2012 en la 4ª avenida, 20-51, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.
La Fiscalía de Derechos Humanos, inicialmente a cargo del caso antes de su traslado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), había reunido indicios y testimonios que vinculaban a González Vásquez con el homicidio, señalando de haber disparado cuatro veces contra Ramírez. No obstante, durante la segunda fase del proceso, el Juzgado de Mayor Riesgo “B” determinó que no existían pruebas suficientes para responsabilizarlo y decretó sobreseimiento (cierre del caso).
En el mismo proceso también fueron investigados el exviceministro de Gobernación Remberto Ruiz, quien fue capturado pero obtuvo falta de mérito, y la exmagistrada Blanca Stalling, aunque esta última no fue formalmente ligada a ese proceso penal.
Con el fallo de la CC el caso queda totalmente cerrado. Ya que se mantiene la decisión inicial y al ser la última instancia que quedaba por acudir no hay otro recurso legal que resolver.
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Exviceministro obtuvo falta de mérito
En julio de 2019, Remberto Leonel Ruiz Barrientos, entonces viceministro de Gobernación, fue detenido junto al abogado Marvin René Donis Orellana y Fermín Iván Ortiz Maquín. La Fiscalía de Derechos Humanos los detuvo por presuntamente conspirar por la muerte del sindicalista de 40 años.
Un mes después obtuvo falta de mérito y quedó fuera del proceso penal. El Juzgado de Mayor Riesgo “E” consideró que no se presentaron suficientes indicios que acrediten la posible participación de Ruiz en los delitos imputados por la Fiscalía de Derechos Humanos.
El hecho
El sindicalista falleció por los balazos recibidos el 1 de junio de 2012 en la 4ª avenida, 20-51, zona 3 capitalina. La investigación estableció que Ruiz habría ordenado la muerte del sindicalista cuando era el director ejecutivo y de recursos humanos en el IDPP.
Según la tesis de la investigación, Ruiz se reunió con Ortiz y Donis, quienes le proporcionaron información de la rutina del sindicalista para “asesinarlo”. El supuesto motivo habría sido que el sindicalista había denunciado a Ruiz, quien intentaba dirigir el IDPP después de la salida de Blanca Stalling, antes de llegar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y procesada por haber presionado al juez Carlos Ruano para que favoreciera a su hijo, Otto Roberto Molina Stalling, en el caso IGSS-Pisa Chiquimula.
