Un fallo de la Corte de Constitucionalidad detiene el intento de la FECI de reactivar un caso penal contra periodistas y columnistas que trabajaron en el extinto diario elPeriódico de Jose Rubén Zamora. El fallo se considera un precedente histórico en favor de la libertad de prensa y expresión en el país.
Por Prensa Comunitaria
Por mayoría (5 a 2), el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución que puede considerarse histórica y un precedente importante para la libertad de expresión y de prensa en el país. El fallo impide que periodistas y columnistas que trabajaron en el extinto diario elPeriódico, fundado por Jose Rubén Zamora, actualmente encarcelado, también sean perseguidos y procesados penalmente por su labor periodística.
La resolución, aún provisional, protege a los periodistas Alexander Valdéz, Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Vélix, Rony Ríos y Denis Aguilar, así como a los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy, a quienes la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, intentó llevar a prisión acusándolos del delito de obstrucción de justicia, un tipo penal contemplado en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
“En atención a los hechos que originan la investigación y que nos llevan hasta esta instancia, esta fiscalía es del criterio que la labor periodística no se está vulnerando o limitando, en virtud que, para el caso de los funcionarios públicos inmersos en la administración de justicia, existe también funciones que se encuentran protegidas de igual manera”, fue el argumento de la FECI ante la CC, sin embargo fue descartado.
Los magistrados Leyla Lemus, Nester Vásquez, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Rony López no accedieron al pedido de la fiscalía y confirmaron la decisión de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema, que denegó el amparo provisional.
En el fallo hubo dos votos disidentes, los magistrados Luis Rosales y Claudia Paniagua respaldaron a la Fiscalía Especial contra la Impunidad e intentaron reactivar el caso contra los comunicadores.
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FECI criminaliza el trabajo de la prensa
La persecución contra periodistas y columnistas de elPeriódico comenzó el 28 de febrero de 2023, en plena audiencia de primera declaración de Jose Rubén Zamora por uno de los casos dirigidos en su contra. Ese día, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso sorprendió al pedir al juez Jimmi Bremer que se abriera una investigación penal contra seis periodistas y dos columnistas del diario.
Monterroso acusó que las publicaciones sobre los procesos judiciales contra Zamora, y otras notas que la señalaban en presuntos actos de corrupción, constituían delitos. Incluso advirtió que también investigaría el financiamiento de medios de comunicación independientes en el país.
Pese a que la solicitud era un ataque directo a la libertad de expresión, el juez Bremer, incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de EE. UU. le dio luz verde a investigar. Según su resolución, los periodistas habrían “afectado maliciosamente” a fiscales, jueces, magistrados y otros funcionarios con sus publicaciones.
Con esa decisión, el expediente pasó a manos de la jueza Aurora Gutiérrez, quien corrigió el rumbo del caso: resolvió que no era posible perseguir penalmente a periodistas y columnistas por su trabajo y ordenó que, en todo caso, los señalamientos fueran ventilados en un Tribunal de Imprenta, la vía legal adecuada para atender inconformidades con publicaciones.
La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, no se conformó y apeló. Sin embargo, la entonces Sala Tercera de Apelaciones confirmó el fallo, subrayando que estaba ajustado a derecho. En su persistencia, la fiscalía llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también rechazó el planteamiento y denegó el amparo provisional.
Tras casi tres años de intentos fallidos, la Corte de Constitucionalidad se convirtió en la última instancia a la que la FECI podía acudir. Y aunque aún falta la sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia, la resolución actual blinda a los periodistas y columnistas de un proceso penal, cerrando la puerta a una persecución que buscaba silenciar a la prensa crítica.
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Exilio y desempleo
La persecución iniciada por la FECI contra periodistas y columnistas de elPeriódico obligó a varios de ellos a salir del país. El temor de ser encarcelados, como ocurrió con Zamora, los llevó a tomar la difícil decisión del exilio para resguardar su libertad y seguridad. Desde 2023 varios han esperado resoluciones judiciales que cierren el caso y además, garantías para ejercer el periodismo en el país.
El cierre del medio en mayo de 2023 profundizó aún más la crisis: muchos comunicadores quedaron sin empleo y sin ingresos estables. Para poder sostenerse en otros países, algunos se vieron obligados a abandonar el periodismo.
Otros han resistido y continuado su labor periodística, aunque en condiciones adversas, con recursos limitados y bajo un clima permanente de hostigamiento y ataques en su contra. Es por eso que la resolución de la Corte de Constitucionalidad marca un respiro en medio de esa persecución. Sin embargo, el costo humano ya fue enorme: periodistas fueron forzados al exilio, familias separadas, carreras truncadas y un golpe profundo a la libertad de prensa.
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¿Qué hace falta?
Aunque la resolución de la Corte de Constitucionalidad representa un respiro, la batalla legal de los comunicadores aún no ha concluido. La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia mantiene pendiente la emisión de la sentencia definitiva en el amparo promovido por la FECI, con el que busca reactivar el proceso penal en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico.
Ese fallo de la CSJ será determinante, pues de confirmarse lo resuelto en instancias anteriores, se cerraría totalmente la investigación y con ello la posibilidad de criminalizar el trabajo periodístico. Sin embargo, si la FECI persiste, el expediente podría volver a escalar hasta la Corte de Constitucionalidad, alargando aún más la incertidumbre para los señalados.
En ese escenario, los comunicadores se mantienen a la espera de una sentencia firme que ponga fin a casi tres años de persecución judicial.
Un riesgo que persiste
Según el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, publicado el pasado 19 de mayo, al menos 26 periodistas fueron forzados a abandonar Guatemala entre 2022 y 2023 como consecuencia de procesos de criminalización en su contra. El informe advierte sobre el incremento de comunicadores que han tenido que salir de sus países en las Américas entre 2019 y 2024, en contextos de represión y persecución judicial.
El documento también recuerda que Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, permanece en prisión y se le ha negado en repetidas ocasiones la posibilidad de un arresto domiciliario. De esa cuenta, en Guatemala la amenaza contra la prensa sigue latente.
Con un sistema de justicia controlado por grupos señalados de corrupción, los procesos judiciales se han convertido en un mecanismo de persecución para acallar voces críticas. El riesgo no solo recae en quienes investigan temas de corrupción o violaciones a derechos humanos, sino en todo el gremio periodístico, que enfrenta un ambiente de hostigamiento y censura.
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