Caso Hogar “Seguro”, un crimen de Estado con seis culpables y un absuelto

 

Ocho años debieron esperar las sobrevivientes del crimen del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción y las familias de las víctimas fallecidas para tener un veredicto final. La jueza del Tribunal Séptimo de Primera Instancia Penal, Ingrid Cifuentes, dictó sentencia este 12 de agosto de 2025, hallando culpables a seis de los siete exfuncionarios procesados. Estas son las penas que deberán cumplir.

Por Violeta Cetino 

Luego de fijar la sentencia, la jueza Ingrid Cifuentes ordenó al Ministerio Público que inicie las investigaciones pertinentes contra Carlos Beltetón, exasesor del expresidente Jimmy Morales (2016- 2020), “por las inconsistencias presentadas en su declaración cuando fue citado”, el 10 de septiembre de 2024.

Además, ordenó una investigación contra el exmandatario. “Se ordena al Ministerio Público que realice una investigación en contra de Jimmy Morales quien en el momento de los hechos era presidente de la República de Guatemala para establecer su participación en hechos del 7 de marzo de 2017”, dijo la jueza Ingrid Cifuentes.

Por otro lado, ordenó que también fueran investigado el reporte de las drogas que se hallaron en los cuerpos de las niñas fallecidas a través de las autopsias practicadas, y que se establezca si eran de uso terapéutico o de abuso e indagar si tenían un tratamiento psiquiátrico o si les fueron administradas en el hospital.

También ordenó realizar una investigación en el Juzgado de Paz de San José Pinula en el cual las adolescentes Daria Dalila López Meda (una de las fallecidas) y Emelin Guadalupe del Cid Linares (una de las sobrevivientes) fueron procesadas por una falta y se ordenó nuevamente el reingreso a las instalaciones del Hogar “Seguro”.

Otra de las peticiones de la jueza fue que sea investigada la circunstancia por la que una de las sobrevivientes, Stefany Sotoj Hernández, que fue diagnosticada con luxación de cadera no recibió la atención médica necesaria al regresar del hospital donde fue atendida, tal y como lo ordenó el médico.

Para finalizar, la jueza Ingrid Cifuentes consultó a las y los abogados una fecha probable para la audiencia de medidas de reparación, y acordaron que fuera el 14 de agosto a las 8:30 horas en el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Penal.

Crónica de una audiencia de justicia para 56 niñas

La audiencia de debate dio inicio a las 9:10 horas. La Sala de audiencias del quinto nivel de la Torre de Tribunales estaba llena, en ella aguardaban algunas de las niñas sobrevivientes, familiares de las víctimas, amigas, amigos y activistas de derechos humanos. Al frente, un área reservada para la prensa, abarrotada de cámaras de video y fotografía con el visor apuntando a las y los acusados.

Familiares de las víctimas acudieron a escuchar la sentencia, mientras las recordaban.
Foto: Nathalie Quan

Previo a dictar sentencia, las y los procesados manifestaron sus peticiones. Santos Torres, exdirector del Hogar “Seguro” fue el primer procesado en declarar. Indicó que la persecución penal en su contra era injusta, y consideró que “se dio una investigación con muchas falencias y con falta de imparcialidad”.

Cuando Torres se disponía a hacer referencia a la experiencia en asuntos de niñez y adolescencia, indicó ser padre de familia de 5 hijos, una de ellos fallecida y dos menores de edad, la jueza lo interrumpió indicando que debía limitarse a hacer su petición concreta. A esto, el procesado respondió: “Que la sentencia sea absolutoria y que se me declare inocente”.

Por su parte, Carlos Rodas, exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia,manifestó que el Tribunal no logró acreditar que él haya ordenado o permitido una agresión contra las y los adolescentes el 7 y 8 de marzo de 2017. Solicitó que la sentencia en su caso sea absolutoria. Para finalizar, el acusado dirigió un mensaje a las familias de las víctimas y sobrevivientes presentes en el público: “Quiero que tengan la plena seguridad que Carlos Rodas no le provocó ningún daño a sus hijas, ni a las sobrevivientes ni a las que fallecieron”.

Llegó el turno de Luis Armando Pérez Borja, ex subcomisario de la Comisaría 13 de la PNC, quien indicó no dudar de la imparcialidad de la jueza.

El ex subcomisario solicitó que la resolución de la jueza sea absolutoria, pues según él, no se pudo comprobar ningún delito de los que se le acusa. “Únicamente solicito que la resolución sea absolutoria, no se me pudo comprobar nada”, agregó.

En su solicitud, Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el maltrato en todas sus formas, expresó que hasta el día de hoy no comprende por qué se encuentra en Tribunales.

Chamán expresó que han sido ocho años de audiencias en las que se ha demostrado su inocencia, pues el Ministerio Público a través de sus fiscales demostró los documentos donde obra toda la comunicación interna del Hogar “Seguro”, donde ella no figura. “Por tal motivo le pido que nos escuche, que lea los documentos y ponga atención a la prueba que presentó el señor fiscal, y que dicte una sentencia absolutoria”, puntualizó.

Sobrevivientes del incendio en el Hogar “Seguro” realizaron una oración previo a que la jueza Ingrid Cifuentes dictara la sentencia.
Foto: Violeta Cetino

Lucinda Marroquín, ex subinspectora de la Comisaría 11, fue breve en su petición: “Lamento mucho lo que sucedió ese día, yo soy madre y no soy capaz de cometer cosas que aquí se han hecho ver”.

Marroquín agradeció a la jueza la paciencia que ha mostrado con las y los procesados durante el juicio. Su solicitud es que sea declarada inocente.

Por otro lado, Gloria Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), expresó que  durante las 120 audiencias, en ningún momento se logró demostrar el incumplimiento de deberes del que se le acusa.

Además de solicitar a la jueza que la declare inocente del delito de incumplimiento de deberes, Castro pidió que certifique lo conducente a través de la Unidad Interna del Ministerio Público para que los fiscales que llevaron a cabo la investigación sean investigados por falta de imparcialidad, ya que a su juicio, la información recabada fue tergiversada. “Fui criminalizada maliciosamente”, finalizó.

El último procesado en declarar fue Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien solicitó a la jueza que cuando dicte la sentencia sea absolutoria.

La sentencia

Luego de un receso de aproximadamente una hora, la jueza Ingrid Cifuentes procedió a dictar sentencia, a las 11:05 horas. Verificó que se encontraban todos los sujetos procesales, y procedió a conocer el fallo a partir de todas las pruebas recabadas: los testimonios de 107 testigos,  47 peritos y más de mil documentos materiales y audiovisuales.

Activistas de derechos humanos acompañaron a las familias de las víctimas y a las sobrevivientes.
Foto: Nathalie Quan

De forma sucinta, pues el contenido completo y detallado está en la sentencia, Cifuentes dio a conocer el fallo en el caso que inició, desde su gestión,  en enero de 2024. Hizo énfasis en que las pruebas diligenciadas fueron extensas, que cada órgano de prueba fue examinado por todos los y las procesadas. Además, indicó que se garantizaron los derechos, tanto de las agraviadas como de las y los acusados, permitiéndoles su ingreso a las audiencias, y respetando su presunción de inocencia.

Después de una narración detallada de los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo de 2017, con base a las pruebas, la jueza Ingrid Cifuentes procedió a dictar sentencia para cada una de las acusadas y acusados, las cuales son: