Manuel Antonio Callejas y Callejas, hombre duro de la inteligencia militar durante los peores años de la guerra interna en Guatemala, murió el pasado 23 de julio de 2025. Pese a haber sido condenado en mayo de 2018 a 58 años de cárcel por su responsabilidad en graves delitos contra la humanidad, recientemente se le había concedido la prisión domiciliaria alegando motivos de salud. ¿Pero quién fue Callejas y Callejas?
Por Rolando Orantes
El miércoles 23 de julio de 2025 el general de división jubilado Manuel Antonio Callejas y Callejas falleció en la Ciudad de Guatemala. Murió en su cama, de causas naturales, pese a haber sido condenado en 2018 a 58 años de prisión y a estar ligado a otros dos proceso por graves violaciones contra los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
¿Pero quién fue este personaje? Revisemos una parte de su carrera como militar, los hechos de los que estuvo acusado y cuatro casos representativos ocurridos en la época en que dirigió una de las piezas clave de la maquinaria contrainsurgente: la célebre G-2.
La trayectoria de un criminal
Manuel Antonio Callejas y Callejas nació en la Ciudad de Guatemala el 27 de mayo de 1939. Inició su carrera militar el 15 de julio de 1956, y durante la década de 1960 sirvió en Quetzaltenango, Jutiapa, en la Brigada Militar Guardia de Honor, en Puerto Barrios, en Zacapa –en la época en la que las guerrillas de las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre actuaban en Zacapa e Izabal– y en la Escuela Militar de Aplicación de Armas y Servicios Manuel Arzú, declaró el 23 de mayo de 2018.
Siendo subteniente en julio de 1962 viajó a la Escuela de las Américas, centro de adiestramiento estadounidense ubicado en Panamá, donde estudió hasta el 30 de noviembre de ese año el curso de Oficial de Comunicaciones. Y en marzo de 1970 viajó nuevamente a dicha escuela, esta vez junto a Manuel Benedicto Lucas García, Juan José Ortiz Mayén y César Ramón Quinteros Alvarado, para realizar el curso de Comando y Estado Mayor, que concluyó el 18 de diciembre del mismo año. Esta institución ha sido señalada como un centro de formación de dictadores y torturadores latinoamericanos.
Durante la década de 1970 fue jefe de Negociado en el Estado Mayor General del Ejército, subjefe de la Tercera Sección del EMGE –G-3 o Sección de Operaciones–, segundo comandante de la Policía Militar Ambulante y ejecutivo de la Zona Militar de Cobán y la Zona Militar de Puerto Barrios, Izabal.
Manuel Antonio Callejas dirigió la Segunda Sección del Estado Mayor General del Ejército, también denominada G-2 o Sección de Inteligencia, del 1 de julio de 1978 al 24 de marzo de 1982. Es decir, durante todo el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, periodo recordado como uno de los más violentos en la historia de Guatemala, con eventos tan atroces como la masacre de la Embajada de España, en la que murieron quemadas 39 personas en enero de 1980, el secuestro, tortura y desaparición o muerte de más de 30 asistentes a la manifestación del 1 de mayo de 1980, la desaparición colectiva de por lo menos 27 dirigentes sindicales en junio y 17 más en agosto del mismo año, o los asesinatos del secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, en octubre de 1978 y de los dirigentes políticos de centroizquierda Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta en enero y marzo de 1979 respectivamente, así como el secuestro, tortura y desaparición o muerte de miles de personas a manos de los escuadrones clandestinos del ejército y la policía.
Como jefe de inteligencia, Callejas formó parte –y probablemente fue el creador– de la Central de Recopilación de Informaciones y Operaciones –o Central, o Centro de Reunión de Información y Operaciones– CRIO, en la que participaban, según la investigadora estadounidense Jennifer Schirmer, el presidente de la república, el ministro de la Defensa Nacional, el jefe de la Sección de Inteligencia (G-2), el ministro de Gobernación, el director de la Policía Nacional, el director de Migración y el jefe de la Guardia de Hacienda.
En documentos secretos del ejército y la policía, recopilados por el Archivo Histórico de la Policía Nacional en su informe Del silencio a la memoria, quedó registró de que CRIO recibía la denominación alternativa de Julio o Don Julio, y que de éste emanaban instrucciones generales de coordinación para las distintas fuerzas de seguridad. El 3 de marzo de 1982 Julio remitió un oficio circular secreto a Don Camilo, que en realidad era el jefe del Cuarto Cuerpo de la policía. Otros nombres en clave fueron Carlos, Gilberto, Misael, Artemio, Ignacio, Arturo, Paco, Simón y Dimas, en referencia al Cuartel General, al Cuartel Guardia de Honor, a la brigada Mariscal Zavala, al Agrupamiento Táctico de Seguridad de la Fuerza Aérea, al Cuerpo de Ingenieros, a la Policía Militar Ambulante, al Primer y Segundo Cuerpo y a la Escuela de la Policía Nacional, respectivamente. Otra clave utilizada fue Don Tino.
Tras el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 que llevó al poder al general José Efraín Ríos Montt –sentenciado por genocidio en mayo de 2013–, Manuel Antonio Callejas dejó la jefatura de la G-2 y fue nombrado “como Coronel en el Cuartel General de la Zona Militar General Justo Rufino Barrios”, según la Orden General del Ejército para Oficiales No. 7-82 de fecha 24 de marzo de 1982, emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional. Según declaración del propio Callejas, ahí trabajó “en Cuadros Móviles”.
Para el 15 de noviembre de 1982 el Coronel de Infantería Diplomado en Estado Mayor Manuel Antonio Callejas y Callejas era el Director General de Migración, puesto clave desde el que, entre otras actividades, continuó ejerciendo un estricto control sobre la población. Lamentablemente no contamos con las fechas exactas en que permaneció en dicho puesto. Según el currículum que dio cuando declaró –omitiendo mencionar su trabajo en Migración– durante ese periodo (alrededor de 1982-1985) se desempeñó como director del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente con Sede en San Marcos, jefe de sección en la Secretaría del Ministerio de la Defensa Nacional y director del Hospital Militar.
El 20 de enero de 1986 ascendió a subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional del gobierno del licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, el primer civil en recibir la banda presidencial desde 1966. Según su declaración, fue también Inspector General del Ejército. El 31 de enero de 1987 fue nombrado subjefe del Estado Mayor Presidencial, y el 1 de julio de ese año, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cargo que ocupó hasta el 30 de septiembre de 1989, retirándose de la institución armada el 31 de diciembre del mismo año.
Pero su salida del ejército no significó el fin de su poder. Callejas es mencionado como el líder de una agrupación de oficiales veteranos de inteligencia denominada La Cofradía: una red de lealtades internas –que ha sido calificada como una especie de “hermandad” o “fraternidad”– surgida durante la segunda mitad de la década de 1970, entre cuyos fundadores figuraban el propio Callejas y el experimentado oficial Luis Francisco Ortega Menaldo, un agente de inteligencia egresado de la Escuela de las Américas y la Escuela Militar de Israel. Algunos reportes mencionan a Manuel Callejas como “el Cofrade Mayor” del grupo, que se habría transformado en un poder paralelo al Estado.
Diversas investigaciones han señalado que pronto La Cofradía se dedicó también al contrabando, narcotráfico, robo de autos, secuestros extorsivos y otras actividades criminales. Tras dejar el ejército al iniciar 1990, Manuel Antonio Callejas fue nombrado Director General de Aduanas, cargo que ya ocupaba el 21 de agosto de ese año. No contamos con las fechas exactas de su gestión, pero se sabe que continuó en el puesto tras la llegada a la presidencia de Jorge Antonio Serrano Elías (1991-1993). Así Callejas habría ampliado la influencia de La Cofradía dentro de esa institución clave para el control del comercio exterior, ubicando a familiares y amigos de militares en puestos estratégicos para facilitar el ingreso ilegal de mercancías, el desvío de impuestos y el cobro de sobornos. Esta operación articulada entre militares, funcionarios civiles y empresarios consolidó una red de corrupción que se mantuvo activa más allá de su salida formal del cargo. Durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) Callejas y Ortega Menaldo estuvieron vinculados a la denominada Red Moreno, una organización delictiva señalada por contrabando y defraudación aduanera. Ahí Manuel Callejas utilizaría el sobrenombre de Don Mauricio.
Durante el gobierno de Alfonso Antonio Portillo Cabrera (2000- 2004), quien llegó a la presidencia de la mano del Frente Republicano Guatemalteco, partido dirigido por el general José Efraín Ríos Montt, Manuel Callejas y Francisco Ortega Menaldo recuperaron influencia y poder. En noviembre de 2002 la Embajada de los Estados Unidos revocó la visa de Callejas por sus vínculos con el crimen organizado, y el Ministerio Público anunció que lo investigaría formalmente, pero no obtuvo mayores resultados.
Más recientemente, durante el proceso judicial iniciado en 2015 por el caso La Línea, Manuel Callejas volvió a ser mencionado como uno de los cabecillas de las redes de defraudación aduanera, pero como ocurriera veinte años antes con el caso de la Red Moreno, el asunto no pasó de meras menciones en la prensa.
La familia Portillo
El 11 de septiembre de 1981 por la mañana elementos de inteligencia del ejército, descritos como dos hombres jóvenes de entre 25 y 30 años, armados con escuadras y fusiles Galil y que se movilizaban en un vehículo sin placas y con los vidrios polarizados secuestraron a Adrián Portillo Alcántara, de 70 años, señala el testimonio de su hijo Antonio conservado en el archivo del Grupo de Apoyo Mutuo.
Semanas antes el ejército de Guatemala y sus unidades de inteligencia habían llevado a cabo una ofensiva contrainsurgente en la Ciudad de Guatemala y otras zonas urbanas del país, desmantelando con inusitada violencia una gran cantidad de casas de seguridad de las organizaciones revolucionarias en armas, y ejecutando o desapareciendo a docenas de militantes. Uno de los caídos fue Carlos Alfredo Portillo Hernández, hijo de Adrián Portillo Alcántara, quien murió combatiendo el 25 de julio de 1981.
Luego de que los miembros de inteligencia secuestraran a Adrián Portillo de su oficina, Antonio fue a dar aviso a la esposa de su padre. Ahí encontró a “un grupo de hombres, vestidos de civil, pero fuertemente armados y de porte militar” que había ocupado la casa. Discretamente caminó a la tienda de la esquina, pidió un refresco y preguntó si sabían qué estaba pasando. El dueño de la tienda le dijo “que los tipos habían aparecido de pronto y que momentos después él escuchó gritos y llantos de mujeres y niñas”.
Su hermana, Adriana Portillo, acompañada por su cuñada y dos sobrinos pequeños llegaron un rato después y observaron que toda la manzana estaba rodeada por policías y militares. Un grupo de hombres fuertemente armados las rodeó e interrogó. “El tipo que parecía ser el jefe era alto y delgado, de tez blanca, pelo castaño rizado y ojos color verde o café claro. Llevaba lentes de aro dorado y tenía un bigote pequeño. Vestía muy bien y parecía de muy buena educación, además era muy amable. Fue él quien nos interrogó”. Les preguntó quiénes eran, qué relación tenían con las personas que vivían en la casa, qué hacían ahí, en qué trabajaban. Ella les respondió con la verdad.
El sujeto y sus acompañantes les decían que su papá y su familia no estaban allí, que quizá se habían cruzado en el camino. Después decían que eran bromas, que estaban dentro de la casa y que pasaran adelante si querían verlos. Ellas pidieron verlos, pero afuera. “Aunque no teníamos idea de lo que estaba sucediendo, creo que eso nos salvó la vida. En seguida, cuando pedíamos que los llamaran afuera los hombres replicaban que la verdad era que mi papá y su familia no se encontraban en la casa. Jugaban juegos psicológicos con nosotras”. Gracias a la oportuna intervención de un taxista, Adriana, su cuñada y sus sobrinos pudieron retirarse de ahí.
Esa mañana los hombres armados vestidos de civil secuestraron a sus hijas Glenda Corina y Rosaura Margarita Carrillo Portillo, de 9 y 10 años y a su hermana Alma Argentina Portillo, de 18 meses, a su madrastra Rosa de Portillo y a su cuñada Edilsa Guadalupe Álvarez quienes, junto a Adrián Portillo Alcántara, nunca volvieron.
Antonio vio poco después que el noticiero Aquí el Mundo, dirigido por Mario David García, reportó el hallazgo de una casa de seguridad de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) en la que, dijeron, las autoridades localizaron abundante material subversivo, y donde no encontraron a ninguna persona.
Es difícil pensar, considerando su puesto, que Manuel Antonio Callejas no tuviera responsabilidad, participara o, cuando menos, estuviera enterado de lo que hacían los elementos de inteligencia del ejército. Pero la posibilidad de que el capo de los escuadrones clandestinos respondiera ante los tribunales por el caso de la familia Portillo quedó truncada con su muerte.
Emma y Marco Antonio
El 5 de octubre de 1981 Emma Guadalupe Molina Theissen consiguió escapar del centro clandestino donde la mantenían secuestrada, en la Brigada Militar Manuel Lisandro Barillas, en Quetzaltenango. Había sido detenida ilegalmente el domingo 27 de septiembre en un puesto de registro instalado a la altura de la Escuela Normal Regional de Occidente de Santa Lucía Utatlán, luego de que le encontraran documentos de las organizaciones comunistas Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y Juventud Patriótica del Trabajo (JPT).
En la brigada de Quetzaltenango Emma Guadalupe fue sometida a violentos interrogatorios mediante golpes, patadas, descargas eléctricas, violación sexual individual y colectiva y tratos crueles, inhumanos e infamantes durante nueve días, además de privársele de agua, comida y sueño. El 5 de octubre por la tarde Emma escapó aprovechando un descuido de sus secuestradores.
Al día siguiente, 6 de octubre de 1981, tres especialistas de la Sección de Inteligencia –la dependencia dirigida por Callejas– vestidos de civil ingresaron violentamente a la casa de la familia Molina Theissen, amarraron a Marco Antonio a un sillón, le colocaron grilletes y le taparon la boca con masking tape. Entonces tomaron por la fuerza a la señora Emma Theissen Álvarez, obligándola a servir como escudo humano mientras revisaban el resto de la casa comprobando que no hubiera nadie más. Catearon cuarto por cuarto, revolviendo todo, y localizaron un álbum de fotos del que seleccionaron aquellas en las que aparecía Emma Guadalupe. Posteriormente encerraron a la señora Emma Theissen en una de las habitaciones y sacaron a Marco Antonio colocándole un costal en la cabeza, llevándoselo en un vehículo y ocultando hasta el día de hoy su paradero. Tenía 14 años.
La mañana del 6 de enero de 2016 las autoridades guatemaltecas detuvieron a los individuos Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, señalados por su participación en el secuestro, tortura y violación de Emma y la desaparición de Marco Antonio. En la misma fecha la policía detuvo a 13 militares jubilados más por su vinculación al caso CREOMPAZ, relacionado al hallazgo de 558 osamentas en la zona militar de Cobán. Otros ocho militares se dieron a la fuga. En octubre de 1981, cuando ocurrieron los secuestros de Emma y Marco Antonio Molina Theissen, Benedicto Lucas era jefe del Estado Mayor General del Ejército, Manuel Callejas era el jefe de su Sección de Inteligencia, Francisco Gordillo era el comandante de la zona militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango, Edilberto Letona era el segundo comandante y jefe de Plana Mayor, y Ramiro Zaldaña, oficial de inteligencia (S-2) de la misma guarnición.
El 26 de octubre de 2016 los cinco sospechosos fueron ligados a proceso. Y el 23 de mayo de 2018 a las cuatro de la madrugada el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente con competencia para conocer casos de Mayor Riesgo, Grupo “C”, presidido por Pablo Xitumul de Paz como juez presidente, Eva Marina Recinos Vásquez y Elvis David Hernández Domínguez como jueces vocales, y Milssy Cristina Aguirre Sandoval como secretaria, emitió la histórica sentencia: Benedicto Lucas, Ramiro Zaldaña, y Manuel Callejas fueron condenados a 58 años de prisión por delitos contra los deberes de humanidad en concurso real, violación con agravación de la pena y desaparición forzada. Francisco Gordillo recibió una pena de 33 años, y solo Edilberto Letona fue liberado.
Genocidio Ixil
El 25 de noviembre de 2019 el entonces juez presidente del Tribunal del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez –quien hoy se encuentra en el exilio–, ligó a proceso a Manuel Antonio Callejas, Manuel Benedicto Lucas y César Octavio Noguera Argueta por delitos contra deberes de humanidad, genocidio y desaparición forzada.
Las investigaciones preliminares, realizadas entre 2012 y 2016, habían arrojado que el ejército cometió hechos graves en al menos 22 comunidades de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal. Se contabilizaron al menos 1269 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o que murieron en 34 masacres, 44 desapariciones forzadas, 30 casos de violencia sexual, 49 de desplazamiento forzoso y la quema, destrucción, robo y saqueo de casas, siembras, cosechas, herramientas de trabajo y pertenencias.
El Ministerio Público contabilizó al menos 844 personas asesinadas en 21 masacres, y 71 muertes individuales. Fueron saqueadas y destruidas al menos 18 comunidades, y 12 fueron desplazadas. Identificó al menos 16 víctimas de violencia sexual, así como 42 desapariciones forzadas.
El 26 de noviembre de 2019 The Associated Press publicó extractos de uno de los más de 300 testimonios del caso: el relato de un antiguo miembro del ejército, testigo presencial de los hechos, quien declaró ante el juez Miguel Ángel Gálvez que habían “recibido la orden desde arriba, desde el Estado Mayor, donde se nos había dicho por ejemplo la quema de todo lo que ahí existía”, y explicó que las masacres “eran un procedimiento normal”.
En San Juan Cotzal “todos se habían convertido en enemigos. Un niño, un hombre, una mujer, un anciano”, pues la región había sido clasificada como “zona roja” y un “bastión subversivo”. El ataque guerrillero a un destacamento considerado por el ejército “una fortaleza impenetrable” provocó la ira de los oficiales, y comenzaron a bombardear a la población. El militar indicó también que el alto mando del ejército “siempre, desde el inicio de la guerra hasta el final, tuvo conocimiento de todo lo que estaba pasando”.
Quienes se refugiaban en las montañas “muchas veces no morían por las balas de un soldado sino por caer a un barranco, porque adormitados salían corriendo”. Cuando incursionaban las tropas o el ejército bombardeaba las comunidades, sus habitantes “dejaban abandonadas sus ropas, entonces bastantes mujeres, hombres y niños estaban desnudos. Su estado físico era deplorable, sin nada que comer”. Las violaciones sexuales eran también una práctica común. “Como se sabía que estas personas ya iban a morir entonces lo tenían como algo que había que aprovechar”. El declarante presenció violaciones a niñas de 14 años.
Pero el juicio por genocidio Ixil, que finalmente se realizó entre abril y noviembre de 2024, Benedicto Lucas tuvo que afrontarlo solo. El 20 de noviembre de 2020 murió el coronel jubilado César Octavio Noguera Argueta, jefe de la Sección de Operaciones (G-3) a partir del 1 de enero de 1982. Nueve meses más tarde, el 30 de agosto de 2021 Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a Lucas y Callejas, pero el caso no avanzó y en noviembre de 2022 Gálvez fue forzado a salir al exilio.
El 3 de enero de 2024, día en que debía iniciarse el debate oral y público, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” declaró a Manuel Callejas incapaz de afrontar juicio, resolvió suspender la persecución penal en su contra y le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando que padecía demencia, “inhabilidad mental”, párkinson y otros males.
Los misioneros belgas
El 14 de junio de 2022 la Cámara del Consejo de Bruselas ordenó la aprehensión de Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Donaldo Álvarez Ruiz y Pedro García Arredondo, sospechosos del asesinato, secuestro, tortura y desaparición de cuatro misioneros belgas de la Congregación del Inmaculado Corazón de María (CICM) a principios de la década de 1980.
Familiares de los misioneros intentaron que los procesos se iniciaran en Guatemala, pero al no obtener respuesta decidieron realizar los procedimientos en Bélgica, donde el principio de competencia universal para crímenes internacionales se incorporó desde la década de 1990. Así, presentaron una querella ante el juez de instrucción de Bruselas en enero de 2001. Y comenzó una investigación judicial que tomó 21 años.
El 10 de noviembre de 2022 la Cámara de Acusación de Bruselas anunció que enviaría a los acusados a un tribunal de lo penal. Un año más tarde, el 14 de diciembre de 2023, tras once días de audiencias, el Tribunal Penal del Brabante Flamenco, con sede en Lovaina, dictó sentencia condenatoria. Los acusados habían optado por no comparecer ni estar representados, pero conforme al procedimiento penal belga esta actitud no impide la celebración del juicio, que se realiza in absentia (sin la presencia del acusado).
El tribunal determinó que “durante el régimen del presidente Fernando Romeo Lucas García hubo un ataque generalizado y sistemático contra poblaciones civiles”, que “incluyó, entre otros, múltiples asesinatos, violencia sexual grave, tortura, privación de libertad y desapariciones forzadas de personas”.
Las pruebas demostraron “que los crímenes cometidos contra los misioneros belgas fueron parte de ese ataque sistemático. Esto es aún más evidente dado que una parte se dirigió específicamente contra miembros de la Iglesia católica, particularmente aquellos que trabajaban por la conciencia social de los más pobres y la justicia social”.
Considerando, “entre otros elementos, la gravedad excepcional de los hechos probados, así como la personalidad de los acusados”, quienes “fueron tanto los diseñadores como los ejecutores de un plan criminal consistente en mantener el poder político, económico y militar en Guatemala mediante un régimen dictatorial y extremadamente violento, que implicó violaciones horrendas de los derechos humanos más básicos, a una escala atroz, basado en el miedo, el terror y la represión”, y que “no solo causaron un sufrimiento incalculable a las víctimas y sus seres queridos, sino que también privaron a la población guatemalteca local de figuras de apoyo particularmente valiosas”, y al no haber circunstancias atenuantes que justificaran una reducción de las penas, el jurado los condenó a cadena perpetua y solicitó su extradición.
A Callejas se le atribuyó participación en estos hechos por actuar de una o más de las siguientes maneras: Haber dado la orden; haber hecho o aceptado la propuesta u ofrecimiento de cometer los actos; haber instigado los crímenes; haber participado; haber omitido actuar, pese a tener conocimiento de los crímenes y teniendo el poder para prevenirlos o detenerlos; y haber participado en una empresa criminal conjunta, cuyo objetivo era ejecutar un plan común para obtener y/o mantener ilegalmente el control político sobre Guatemala.
El 12 de mayo de 1980 Walter Voordeckers fue asesinado de siete disparos que le infligieron hombres armados vestidos de civil que lo esperaron durante más dos horas afuera de su casa. Voordeckers había sido amenazado por el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), una supuesta organización clandestina que le enviaba notas y dedicaba pintas en las paredes de Santa Lucía Cotzumalguapa.
Ward Capieau fue asesinado de seis disparos el 22 de octubre de 1981 en San Lucas Sacatepéquez, cuando se dirigía a un contacto “con dos militantes de la resistencia armada EGP, organización de la cual él mismo era miembro”. El tribunal consideró que ambos fueron asesinados sin posibilidad de defenderse, y que ese nivel de violencia no era necesario para ningún arresto, por lo que constituían ejecuciones sumarias deliberadas.
El 4 de enero de 1982 varios hombres armados vestidos de civil secuestraron a Pablo Schildermans y Roberto Paredes Calderón en la casa parroquial de Nueva Concepción, Escuintla. Durante el operativo fue asesinado el guardián Ignacio Aguilar Villanueva. Aunque posteriormente lo liberaron, durante días Schildermans fue sometido a brutales torturas e interrogatorios en distintos cuarteles militares.
Serge Berten desapareció el 19 de enero de 1982 en la calzada San Juan, zona 19 de la Ciudad de Guatemala, cuando junto a otros dos miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres volvían de una reunión y fueron secuestrados por cinco hombres armados que se movilizaban en dos vehículos con los vidrios polarizados. No se les volvió a ver.
La impunidad
Pese a haber sido condenado por crímenes contra la humanidad, Manuel Antonio Callejas murió fuera de la cárcel. El arquitecto de los aparatos de inteligencia durante los años setenta y ochenta y figura clave de los poderes ocultos a partir de los noventa pasó sus últimos días gozando del arresto domiciliario, un privilegio que la ley no concede para crímenes contra la humanidad.
El 23 de noviembre de 2021 la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar una solicitud de revisión de la medida de coerción presentada por la defensa, denegando la medida sustitutiva de arresto domiciliario para los procesados por el caso Molina Theissen quienes, como la condena aún no se encuentra firme, guardaban prisión preventiva en el Hospital Militar.
El 6 de marzo de 2023 la Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó un amparo presentado contra la resolución de la CSJ, y le ordenó a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que dictara una nueva resolución. El 20 de abril, en acatamiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala de Apelaciones resolvió abstenerse de ejecutar la decisión de la CC.
El 24 de abril de 2023 la abogada Karen Marie Fischer Pivaral, mandataria especial de los procesados, presentó un escrito solicitando que se dedujeran “las responsabilidades civiles y penales siguientes: desobediencia, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato; y retardo malicioso en la administración de justicia” en que a su parecer habría incurrido la Sala de Apelaciones.
En mayo de 2018, horas después de que se dictara la sentencia condenatoria, se difundió el rumor de que Felipe Neri Espinoza, de 73 años y esposo de María Eugenia Molina Theissen era en realidad el niño desaparecido Marco Antonio Molina Theissen. El 28 de mayo de ese año la señora Karen Fischer interpuso una denuncia ante el Ministerio Público relacionada al supuesto parecido físico entre Neri Espinoza y Marco Antonio, que motivó la persecución penal contra la familia Molina Theissen.
Fue atendiendo a los pedidos de esta señora que el 4 de mayo de 2023 la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público solicitó que, en el caso de que la Sala Primera no ejecutara la sentencia de la CC del 6 de marzo de 2023, se procesara penalmente a sus integrantes, por lo que el 6 de junio la CSJ aceptó la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad y suspendió de forma definitiva la resolución de la Sala Primera, ordenándole emitir nueva resolución. El 9 de junio la Sala dictó una nueva resolución, concediendo a los condenados la medida sustitutiva de arresto domiciliario sin vigilancia y sin restricción de circulación.
Callejas y Lucas continuaron en prisión preventiva –recluidos en el Hospital Militar–, pues se encontraban ligados a proceso por el caso Genocidio Ixil. Pero el 3 de enero de 2024 el Tribunal de Mayor Riesgo “A” declaró que debido a sus problemas de salud Manuel Antonio Callejas no estaba en capacidad de afrontar el juicio.
Respecto a los misioneros, una delegación del colectivo Guatebelga visitó el país en septiembre de 2024 para dar a conocer el contenido de la sentencia contra los asesinos y secuestradores de los religiosos, entre los que se encontraba Manuel Antonio Callejas.
La delegación se reunió con diversas organizaciones de derechos humanos y participó en un homenaje a Walter Voordeckers realizado en Santa Lucía Cotzumalguapa. Como cierre de sus actividades, Guatebelga realizó una conferencia de prensa en la que Stephan Parmentier, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, señaló: “Es la primera vez que altos funcionarios políticos y militares del régimen guatemalteco de esa época son condenados a nivel internacional”.
Stephan Parmentier dijo a la agencia EFE que “el fin último es que estas personas sean extraditadas a Bélgica para cumplir su sentencia”, en referencia a Benedicto Lucas, Manuel Callejas, Aníbal Guevara, Donaldo Álvarez y Pedro García Arredondo. Ralph Allert, director de Guatebelga, dijo que de no ser posible la extradición, buscarían opciones en el derecho internacional para que la condena fuera aplicada en Guatemala.
El 19 de septiembre de 2024 la delegación de Guatebelga se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, quien les expresó que “comparte el sentido de justicia de la misión”, pero que es el Organismo Judicial el que debe hacerse cargo del proceso. Casi un año después de la visita no hay señales de que el Estado de Guatemala haya hecho más que manifestar sus buenas intenciones.
El poder detrás del horror
Manuel Antonio Callejas y Callejas no fue una pieza más dentro del aparato militar guatemalteco: fue uno de sus arquitectos. Desde la jefatura de inteligencia organizó, sistematizó y dirigió los engranajes de una maquinaria clandestina de represión que operó bajo lógicas de exterminio. Su paso por Migración, Aduanas y otras instituciones estratégicas demuestra que su poder trascendió los cuarteles, extendiéndose al aparato civil del Estado, al crimen organizado y a las estructuras paralelas que gobernaron en las sombras durante décadas. Fue, al mismo tiempo, cerebro y brazo operativo de un proyecto contrainsurgente que dejó miles de víctimas, y figura clave en la red de impunidad que protegió a los perpetradores.
Estuvo al mando de la Sección de Inteligencia (G-2) durante uno de los periodos más violentos de la guerra interna, cuando los escuadrones clandestinos del ejército y la policía secuestraron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a miles de personas. Fue hallado culpable en el caso Molina Theissen por la violación de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de su hermano Marco Antonio, un niño de 14 años. También fue procesado por el genocidio cometido contra el pueblo ixil y sentenciado en ausencia por el asesinato, secuestro, tortura y desaparición de cuatro misioneros belgas. Estos crímenes no fueron excesos individuales ni actos aislados, sino parte de una política sistemática de terror diseñada desde el Estado.
Sus víctimas lo señalaron con nombre y apellido, pero el sistema que Callejas ayudó a moldear desde las sombras nunca logró –o nunca quiso– garantizar que pagara por sus crímenes. Así, el arquitecto del horror se fue sin rendir cuentas del todo, protegido hasta el final por la misma maquinaria de poder que durante décadas operó para encubrir a los perpetradores, eliminar todo rastro de resistencia e intimidar y silenciar a quienes se atrevieron a alzar la voz.
