Hace una semana la Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de cuatro nuevas Salas de Apelaciones departamentales e integró de forma directa a sus magistrados titulares y suplentes. La medida ha generado críticas entre abogados y otros sectores que consideran que ese nombramiento correspondía al Congreso.
Por Alexander Valdéz
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación de cuatro nuevas Salas de Apelaciones departamentales con el voto de nueve magistrados. En la misma resolución, nombró a las personas que ocuparan las magistraturas titulares y suplentes.
La decisión ha generado cuestionamientos de abogados y de representantes de un sector empresarial, quienes advierten que la facultad de nombrar a los magistrados corresponde exclusivamente al Congreso de la República.
Prensa Comunitaria tuvo acceso a información que revela cómo fueron integradas estas nuevas salas: los nombres surgieron de un listado que circuló durante el pleno entre el bloque mayoritario vinculado a Néster Vásquez. El documento estaba tachado en varias partes y contenía anotaciones con frases como: “Si va, es mío”.
En un comunicado del Organismo Judicial (OJ), sin indicar cómo se hizo la integración y sí informó al Congreso para el nombramiento de las nuevas magistraturas, confirmó la creación de las cuatro Salas en los departamentos de El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y la región de Coatepeque, Quetzaltenango.
Según el OJ, el objetivo es “agilizar los procesos judiciales, reducir la mora causada por el incremento de expedientes y garantizar un servicio más eficiente en la administración de justicia”. Añadió que estas salas tendrán competencia en materia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente, niñez y adolescencia, femicidio, violencia contra la mujer, violencia sexual, así como en lo civil, mercantil, familia y laboral.
En su comunicado, la CSJ señaló que estas salas fueron integradas por magistrados titulares y suplentes, electos por el Congreso de la República bajo el marco de la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.
El Organismo Judicial a la población informa:#OJ #CSJ pic.twitter.com/nBYw6GakCd
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) August 27, 2025
“La Corte Suprema anuncia nuevos nombramientos de Salas sin siquiera publicar los acuerdos correspondientes. Segundo, sin avisar al Congreso para que efectúe los nombramientos. Esto es una violación grave a la Constitución y todo en secreto”, escribió el abogado Edgar Ortiz a través de su red social X.
Ortiz en una reciente entrevista con este medio dijo que la Corte Suprema de Justicia podría vulnerar las competencias al nombrar directamente a los magistrados suplentes en las nuevas Salas de Apelaciones para que ejerzan como titulares. El abogado dice que la Constitución establece de manera exclusiva en el Congreso de la República la facultad de elegir y nombrar tanto a titulares como a suplentes de estas cortes. Y agregó que las plazas de magistrados suplentes están concebidas legalmente para cubrir ausencias transitorias, no para ser utilizadas como base para promociones definitivas que ocupen vacantes en nuevas salas.
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Filtros clave en la administración de justicia
Las Salas de Apelaciones son consideradas un engranaje clave dentro del sistema judicial, pues sus magistrados tienen la tarea de revisar las decisiones emitidas por los Juzgados de Primera Instancia y asegurar que se cumpla la ley. No obstante, en los últimos años se ha consolidado una tendencia: varias de estas Salas han favorecido a personas señaladas por corrupción y, al mismo tiempo, han avalado medidas en contra de abogados, periodistas, jueces y fiscales independientes.
En la última elección de Cortes, la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones recibió más de 1,500 expedientes de aspirantes. La mayoría correspondía a jueces, fiscales y magistrados que buscaban la reelección: de los 134 en funciones, 131 intentaron mantenerse en el cargo. Tras el proceso de depuración, la lista final incluyó a 314 candidatos, de los cuales fueron electos 156 magistrados titulares y 104 suplentes.
El proceso evidenció un fuerte interés de actores con antecedentes de corrupción, sanciones internacionales o serios señalamientos en su contra, que vieron en estas Salas un espacio más accesible que la Corte Suprema de Justicia.
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