El alcalde Vicente Raúl Puzul Mendoza insiste en criminalizar a doce personas del municipio de San Marcos La Laguna, Sololá, pese a que un juzgado ya cerró el caso judicial con el que los señalaba de atentado. Los vecinos del municipio reclaman transparencia y cuentas claras del alcalde y su Concejo Municipal.
Por Prensa Comunitaria
El pasado 14 de mayo, tras un proceso penal que ha durado tres años, seis mujeres y seis hombres del pueblo Kaqchikel de San Marcos La Laguna, fueron declarados inocentes por el Tribunal de Primera Instancia Penal de Sololá, luego de ser acusados por el Concejo Municipal del delito de atentado, cuando solamente estaban ejerciendo su derecho a la protesta.
El caso se originó cuando un grupo de personas participaron en una protesta en donde se le salpicó agua al alcalde municipal Vicente Raúl Puzul Mendoza y días después, el jefe edil presentó una denuncia en contra de 46 personas por el delito de atentado. De los 46 denunciados, solamente 12 personas fueron ligadas a proceso penal.
“Con la protesta no tenían la intención de hacerle daño al alcalde”, enfatizó el abogado defensor de los sindicados.
Después de afrontar el proceso penal y de ser absueltos del mismo, el 13 de agosto, se celebró en Panajachel una audiencia por la apelación en contra del cierre del caso. El alcalde de San Marcos La Laguna, insistió en criminalizar la protesta pidiendo reabrir el proceso penal.
El caso en contra de las y los defensores de derechos comunitarios y de la participación ciudadana, deberá ser analizado con mayor detenimiento por los magistrados a cargo del caso.
El caso podría ser resuelto el próximo 27 de agosto, ya que la Sala de Apelaciones programó una nueva audiencia en la que se tiene previsto que resuelvan la solicitud del jefe edil y se decida si se reabre el proceso de criminalización en contra de los comunitarios o continúan sin responsabilidad penal por participar en la protesta.
Las medidas sustitutivas para las doce personas del municipio siguen vigentes y no pueden salir de su departamento, pese a que dentro de los cuales se encuentra la autoridad ancestral que requiere movilizarse por todo el país para cumplir con sus atribuciones comunales.
“Sé que hay una justicia espiritual y esa será siempre mi justicia. Toca pedir muchas energías y sabiduría, aunque es complicado, pero con la fuerza de mis abuelos, seguiré luchando”, dijo Cecilia Mendoza Chiyal, una de las acusadas.
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