A ocho años del atentado en el Hogar Virgen de la Asunción, las y los responsables de la violencia contra 56 niñas se enfrentaron a un Tribunal que les sentenció por permitir la muerte de las niñas. Con hambre, miedo y esperanza, las niñas huyeron el 7 marzo de 2017, revelando al país los abusos silenciados en esa institución
Sofi* es una de las sobrevivientes que nos narra su historia, su elección de vivir y no vivir como una víctima, sino como alguien que puede aportar a mejorar la vida de muchas familias.
Por Andina Ayala
Sobre la 21 calle, entre octava y novena avenida, de la zona 1 de la ciudad de Guatemala se observa un edificio que data de 1976, sus paredes guardan poder e historia. En la cornisa superior, en letras fundidas de metal se lee: “Palacio de Justicia”.
Es la sede de la Corte Suprema de Justicia, integrada por trece magistrados. Unos metros detrás, una torre de concreto se impone: 15 niveles y tres sótanos resguardan juzgados, oficinas y al personal que sostiene el engranaje del Organismo Judicial de Guatemala. Al ingresar a la Torre de Tribunales se entremezclan los murmullos de los agentes de seguridad, abogados, el eco de los tacones contra los escalones de granito y los engrilletados se empiezan a asomar. Unos visten saco y corbata; otros llevan tatuajes en brazos y caras, la constancia de que mundos diferentes confluyen en ese espacio.
En este edificio, convergen diariamente alrededor de 1 mil 250 empleadas y empleados públicos. Por sus pasillos, escaleras y ascensores caminan cerca de diez mil visitantes. En el octavo nivel hay un rincón que guarda un silencio distinto. Allí, en la sala del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, unas treinta y cinco personas se dan cita cada semana para conocer los avances del juicio por el caso del Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción.
El caso del Hogar se inició en abril de 2017, y ha reunido más de un centenar de medios de prueba, testimonios de la parte acusadora como de las y los exempleados públicos señalados como responsables de aquel fatídico crimen. A las audiencias se acercaron algunas sobrevivientes, familiares, periodistas y organizaciones de derechos humanos que no dejaron de acompañar cada paso del camino.
En ese espacio —de espera y búsqueda de justicia— se cruzaron miradas y se pronunciaron verdades que tardaron ocho años en obtener condena.
Mayo de 2025, audiencia de conclusiones
Ocho años después de este crimen, el 15 de mayo de 2025, arrancaron las audiencias de la etapa de conclusiones del juicio contra las y los responsables de la tragedia en el Hogar “Seguro”. El octavo nivel de la Torre de Tribunales recibió las audiencias programadas a partir de las 8:30 de la mañana. Presidió la jueza Ingrid Cifuentes, en su papel de juzgadora media para escuchar a las partes involucradas.
El jueves 22 de mayo por la mañana un temblor leve hizo sonar la alarma del Palacio de Justicia, por lo que cientos de trabajadores evacuaron el recinto. En Torre de Tribunales en cambio, no se interrumpieron las diligencias y el fiscal Edgar Gómez, en representación de la fiscalía de femicidio del Ministerio Público, compartió sus conclusiones con una voz firme y solicitó que:
“El soporte probatorio que se describió en esta sala de debates, se puede subsumir a los verbos rectores del artículo 127 y 150 del Código Penal de homicidio culposo y lesiones culposas […] Con todo respeto se solicita que conforme las reglas de la sala crítica razonada, se le otorgue pleno valor probatorio a todos los órganos y medios de prueba que fueron diligenciados en este debate oral y público, principalmente los dictámenes periciales y de las testigos, principalmente las víctimas sobrevivientes”.
Aquella jerga jurídica del fiscal fue para solicitar que los acusados sean juzgados por homicidio y lesiones culposas. El fiscal Gómez reconstruyó los vejámenes que vivieron las 56 niñas que protestaron el 7 de marzo de 2017. Describió como de las 41 niñas, la mayoría murió en el sitio por inhalación de humo —monóxido de carbono, dijo— en un encierro mortal.
El investigador recordó que antes del incendio, las niñas ya habían sido castigadas: pasaron un tiempo prolongado sin comida, sin la vestimenta adecuada, pasaron frío y hasta sin el derecho básico de ir al baño.
Al proveerles los alimentos tuvieron que hacerlo en el aula de 7X6.8 metros donde las tuvieron retenidas y donde se suponía tenían que dormir las 56; algunas ya habían tenido que realizar evacuaciones en el lugar.
Gómez tuvo la palabra durante varias horas. Los argumentos expuestos son para lograr condenas contra siete personas procesadas, cada una debe enfrentar cargos por varios delitos.
Los argumentos de la fiscalía describen escenas de horror y una tortura final que duró 9 minutos, sin que nadie interviniera. “El peritaje y las conclusiones psiquiátricas, que realizó el perito Juan Jacobo Muñoz, nos indica de la crisis que se suscitó en el Hogar Seguro, adolescentes reaccionaron acorde a su etapa de desarrollo, a su situación de adolescentes”, dijo.
El fiscal argumentó que si a alguien había que reprochar la toma de decisiones juiciosas y maduras era a las personas adultas, que al mismo tiempo eran funcionarias y que al mismo tiempo eran autoridades plenamente establecidas en el Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción.
La audiencia siguió su curso solicitando que se le diera validez a los testimonios de las sobrevivientes. Se solicitó que no se aplique la rigurosidad de exactitud debido a que las adolescentes declararon de acuerdo con la percepción en esta etapa de desarrollo psicosocial. Para el fiscal, descartar el rigorismo es congruente con el actuar y las sentencias de alto nivel, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ser testigas menores de edad, no se les puede exigir el mismo nivel de exactitud que se le pediría a un adulto, para que no se invaliden los testimonios solo porque no recuerdan fechas exactas, nombres completos de quiénes las maltrataron o la cronología de los hechos.
Las condenas solicitadas por la fiscalía van de cuatro hasta trescientos años de cárcel por los delitos contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas.
En Guatemala, el homicidio culposo (o también conocido como homicidio imprudente o involuntario) es la muerte de una persona causada por negligencia, imprudencia o impericia, sin la intención de causar la muerte. Este delito se define en el artículo 127 del Código Penal.
Hacia la recta final de la jornada, la abogada Jenny López, quien trabaja para la organización Mujeres Transformando el Mundo como querellante adhesiva, coincidió en los delitos mencionados por la fiscalía, pero, solicitó condenas más altas añadiendo condiciones agravantes.
Por ejemplo, para Carlos Rodas, el exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia, se solicitó homicidio culposo con el agravante de menosprecio al ofendido y facilidad de prever: 8 años inconmutables. Al recibir una sentencia inconmutable, las y los acusados no pueden solicitar sustituir las penas por otras menos graves o con el pago de fianza.
La abogada Jenny, hizo hincapié en que hubo un trato desigual hacia las niñas del albergue por su edad, por provenir de entornos vulnerables, y por su género. Reiteró que se reconozca que no eran delincuentes o pandilleras, como la sociedad las quiso nombrar. Eran adolescentes que respondieron como podían a un sistema que las estigmatizó.
“Bienvenida al infierno”
No estaban ahí por representar una amenaza para la sociedad. Eran niñas y adolescentes que, por razones distintas, habían sido entregadas al cuidado del Estado. Conversamos con una sobreviviente, quien para proteger su privacidad, la identificamos como Sofi. En la entrevista narró cómo fue la noche que ingresó al Hogar Seguro:
“Me fueron a dejar los policías, eran las 8 o 9 de la noche y los guardias de allí del Hogar Seguro le preguntaron a la PNC por qué estaba entrando al hogar.
Los policías respondieron: ‘Es que ella viene por fuga, maltrato infantil y rebeldía’. El guardia inmediatamente reaccionó y exclamó: ‘¡Ah! viene por fuga… de una vez le digo que sí usted trata la manera de escaparse de aquí, del otro lado, la van a descuartizar, así que bienvenida al infierno’. Sofi continuó con su relato y agregó: “Me quedé viendo, una mujer también me fue a dejar. Le dije: ¡No me quiero quedar aquí! ¿Ya se dieron cuenta cómo me recibieron?
A lo que la mujer solo respondió: “No se puede hacer nada porque es la orden del juez”.
En ese entonces, Sofi tenía 13 años y desde ese primer momento se dio cuenta que no la esperaba un buen trato como en los hogares en los que había sido asignada. En otros lugares había tenido acceso a buena alimentación y educación.
El Hogar “Seguro” no estaba catalogado como centro juvenil de privación de libertad, ni las adolescentes estaban en conflicto con la ley penal y aún en estos recintos, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, vigente desde el año 2003, mandata que en que cualquier caso las y los menores de edad, deben acceder a condiciones básicas para la estadía.
El Hogar, de acuerdo con la investigación y el testimonio de Sofi, no se manejaba de esa forma:
“Por lo que viví, los hogares que no son del Gobierno son los hogares más dignos de respetar. Debería ser el mismo trato en los hogares que son públicos porque nos olvidamos de las personas. A los niños ya no los tratan como niños sino como delincuentes. Y eso no es así porque el futuro está en nosotros. Por qué van a discriminar a unos niños si no se sabe qué han vivido. Como niños tenemos que actuar de una manera correcta pero cómo lo vamos a hacer si no nos han enseñado valores”.
Según se dio a conocer en las audiencias, la mayoría de adolescentes en el albergue estaban allí para ser apartadas de contextos de violencia familiar, otras vivían en pobreza extrema o habían sido abandonadas, y otras fueron trasladadas sin que sus madres y padres estuvieran enterados o de acuerdo.
El caso de Kimberly Palencia, una de las niñas fallecidas, reveló una negligencia aún peor. El 3 de abril de 2025, se supo públicamente que las autoridades nunca notificaron a su familia que había sido internada en el Hogar Seguro.
❌ Las autoridades no notificaron a la familia de Kimberly que fue internada en el albergue #HogarSeguro
Según relató Sheilyn Mariana Palencia, ella no se enteró que su hermana menor estaba en el Hogar “Seguro” hasta después de su muerte, cuando llamaron a su mamá para que fuera… pic.twitter.com/hmMVQZxPEx
— Ruda (@ruda_gt) April 4, 2025
Sheilyn Mariana Palencia, hermana de Kimberly, dijo que se enteraron cuando ya era demasiado tarde: cuando tuvieron que ir a reconocer el cuerpo. En investigaciones y reportajes posteriores los medios revelaron que había madres de familia que lucharon durante meses —incluso años— para que sus hijas pudieran salir del Hogar. Pero los jueces tardaron demasiado en resolver.
En las audiencias del año 2025, se acumularon más evidencias sobre cómo las menores de edad fueron sometidas a tratos inhumanos. Los testimonios, peritajes y reconstrucciones han narrado una cruel realidad que solo se ha visto en el cine o la literatura de horror psicológico: encierros prolongados, golpes, insultos, indiferencia institucional. Les ofrecían comida en mal estado y el extremo en los testimonios de las niñas: denuncias de violencia sexual y trata de menores de edad.
Las niñas padecieron desde los engorrosos protocolos hasta la indiferencia de los trámites eternos en los juzgados. A la pregunta por qué se desesperaba tanto, Sofi respondió:
“Nuestra rutina era… qué… levantarnos 3:30 para poder encontrar agua caliente. En adelante no había nada. Nos llevaban al comedor a desayunar […]. A mí no me consta pero había rumores de que habían talleres de panadería, mecánica, corte y confección. Entonces las que ya llevaban más tiempo, eran las que a veces subían a esos talleres”.
Según recordó, los maestros nunca les dieron clases a excepción de salir al patio o practicar algún deporte, e incluso en estas actividades a veces las obligaban a correr y correr, como si estuvieran castigando a alguien.
En la historia de la humanidad, ser menor de edad equivalía a no tener voz, ni voto, ni lugar en la discusión pública. Las infancias fueron vistas como propiedad, como mano de obra barata, como estorbos, pero casi nunca como personas en igualdad de condiciones. Apenas hace 36 años —en 1989— el mundo aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional que por primera vez reconocía que son sujetos de derechos.
El estudio “Violencias hacia niñas, niños y adolescentes. Maltrato y abuso sexual desde diversos enfoques”, realizado en Argentina y publicado en 2021, señaló que: “A lo largo de los últimos 20 años, con frecuencia, los daños ocasionados a esas niñas y niños son producidos por aquellos que están llamados a cuidarlas/os y protegerlas/os. Tal circunstancia dificulta ampliamente la posibilidad de comprender y tramitar ese dolor”.
Además, sobre las niñas recae la carga extra de misoginia. En Guatemala, y en muchas partes del mundo, ser niña implica sobrevivir a una cultura que las culpa. A muchas se les enseña, desde pequeñas, que su valor depende de qué tan obedientes, sumisas o agradables puedan ser.
Las académicas feministas han analizado que el odio hacia las niñas se puede disfrazar de moral, de disciplina, de “mano dura”. El origen del desprecio hacia lo femenino se lo atribuyen al sistema de creencias patriarcales.
Según la historiadora Gerda Lerner, “El patriarcado es el dominio masculino sobre las mujeres y la niñez dentro de la familia y la ampliación de ese dominio masculino sobre las mujeres en la sociedad en general”.
Bajo la lógica del patriarcado, las mujeres serían “por naturaleza inferiores a los hombres”, mientras que los hombres serían superiores “en capacidad racional, fuerza, inteligencia”, explicó en sus libros la experta en investigación y estudios de género Victoria Ferrer.
Las creencias que devalúan lo femenino, también legitiman el uso de la violencia. El patriarcado, como estructura de poder, “utiliza y justifica la violencia contra las mujeres como una manera de mantener el control y asegurar que cada cual permanezca en su sitio”, afirmó. La violencia no es una excepción, es una herramienta del sistema.
Desde esta perspectiva, el encierro y el castigo fueron las únicas respuestas posibles a una crisis que aquella noche enfrentaban las autoridades. Para las niñas internadas en el Hogar “Seguro” pareciera no ser un hecho aislado ni producto del error grupal de más de una docena de funcionarios y funcionarias. Fue la expresión extrema a una ideología estructural, sexista, clasista, racista y violenta expuesta por medio de las medidas de opresión denunciadas durante la estancia en el Hogar “Seguro”.
Desde su inauguración en el año 2010, del Hogar Virgen de la Asunción, en promedio, al año, se escapaban 144 niños, niñas y adolescentes. Era un indicio de que algo no funcionaba. Sin embargo, las instituciones responsables minimizaron el problema.
Durante años, las denuncias de maltrato, los llamados de atención de las familias y las notas periodísticas fueron ignoradas. Incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entre el año 2014 y 2015 solicitó el cierre del Hogar por indicios de trata, lo dijo claramente Claudia Maselli, procuradora adjunta de aquel entonces, en una entrevista con el medio Univisión el año 2020.
Todas las acciones apuntaron a un sistema que no se conmovió ante la desaparición de una niña, a poner en duda las múltiples denuncias. Un sistema que estigmatizó a las niñas por su contexto social, rebeldes, inquietas, procedentes de hogares y barrios empobrecidos o violentos que dominan en su entorno.
Pese a la tardanza, en el proceso de la etapa de conclusiones se exigió que se reconozca que ellas no eran delincuentes. Las y los abogados hicieron hincapié en que huir, no es lo mismo que darse a la fuga como lo haría un malhechor.
En la tercera audiencia de la etapa de conclusiones, el 29 de mayo, la abogada Juanita Pérez de la organización Mujeres Transformando el Mundo, de la parte querellante adhesiva, explicó ampliamente lo que sucedió en el hogar el 2017 desde la perspectiva de las menores de edad cautivas.
“Las adolescentes recurren a esa resistencia frente a esa violencia institucional que ellas venían padeciendo y eso se concretó en esa huída […] Señora jueza, se probó ante este tribunal que ante la violencia sistemática dentro del Hogar Seguro, un grupo de adolescentes tomó la decisión de huir y esto no es rebeldía injustificada. Esas acciones deben comprenderse como actos de desesperación frente a una realidad insostenible de violencia institucionalizada”, dijo la abogada Juanita.
Para la abogada querellante aquel escape fue la única respuesta que encontraron las adolescentes frente a un sistema que “había naturalizado el maltrato y la violencia”. El sistema había convertido el Hogar “en un espacio de reproducción de violencias múltiples”. La huída fue una medida de autoprotección y una respuesta a una situación límite”, argumentó.
Juanita trajo las palabras que una de las adolescentes había dicho a las cámaras de los medios de comunicación el 7 de marzo: “Mañana es el día de la mujer, queríamos estar libres y no estar pasando lo mismo que pasamos todos los días”.
Apuntó que la Policía Nacional Civil (PNC) las retuvo de manera ilegítima y en condiciones inhumanas por más de 9 horas. Tiempo en que no se les proporcionó ropa limpia, ni siquiera porque habían atravesado un río de aguas negras, del que pudieron estar expuestas a enfermedades.
Los abusos que la abogada enlistó por parte de la PNC fueron: uso desproporcionado de la fuerza, privación ilegítima de la libertad y condiciones inhumanas.
Lee más en el siguiente link:
https://www.rudagt.org/temas/etapa-final-del-juicio-el-estado-le-fall-a-las-nias-del-hogar-seguro
La audiencia concluyó a la una de la tarde. Afuera del Palacio de Justicia un ardiente sol azotaba el pavimento y el cielo parecía anunciar que se acercaba la lluvia. En la sala de audiencias, solo un eco imaginario repetía los nombres de los acusados: Luis Armando Pérez Borja, Lucinda Marroquín, Harold Flores, Carlos Rodas, Brenda Chamán Pacay, Santos Torres Ramírez y Gloria Patricia Castro, quienes debieron intervenir pero no lo hicieron la noche de la tragedia.
La memoria que es alegría
En distintas entrevistas, aquellas adolescentes que lograron salir con vida han sido claras en su intención: que se conozca la verdad, que sus voces sean escuchadas. No solo por ellas, sino también por las amigas que ya no están.
Guardan recuerdos de complicidad, cariño y solidaridad en ese contexto hostil. En sus declaraciones a la prensa han dicho que su única familia eran sus amigas del Hogar.
“Lo que me gustaba era estar en mi grupo, porque le encontrábamos sentido a estar encerradas. Nos poníamos a jugar, a platicar de qué planes quisiéramos cuando fuéramos grandes, a reunirnos como hermanas, no como amigas, no como compañeras, sino como hermanas”.
En contextos de violencia la solidaridad es un motor que mantiene a flote el sentido y ánimo de seguir con vida.
“A la que más recuerdo es a Achly Angely y a Krisna, porque ellas siempre decían ‘no lo miremos cómo qué aburrido’. Aprendí de ellas que no se metían con nadie, hasta la fecha no es que yo tenga problemas aquí y allá. ¡Ay! Es que a estas dos chicas les encantaba dibujar y tenían sueños fantásticos…”.
—Recordando a tus amigas, ¿qué le dirías a las jóvenes que puedan estar en una situación similar ahora mismo?
“Si están institucionalizadas, que no lo miren ‘Ay, qué cansado’, si no que saquen provecho, que saquen energías, que se planteen bien qué es lo que quieren para su futuro. Que aprovechen y que lo tomen como sus vacaciones para pensar en su futuro”.
“No soy víctima ni sobreviviente”
Sofí continuó contestando las preguntas e hizo una definición de su persona, cómo se ve hoy, después de haber atravesado los vejámenes de aquella tragedia. Reproducimos de forma textual alguna de las preguntas que se realizaron:
—¿Quién eres hoy?
“No me defino tanto como una sobreviviente, porque es como decir que me quedé ahí. ¡Pero no! Yo le he encontrado propósito a mi vida. Me he dado cuenta que me gusta ayudar a las demás personas. Soy muy alejada y me gusta evitar mucho los problemas […]. Lo que me ha encantado es que esto ya salió a la luz, que nosotras no somos culpables, que el Estado actuó de forma negligente. Y yo no espero una maldad para estas personas, no. Yo lo único que espero es que esto no se vuelva a repetir en Guatemala”, afirmó Sofi.
Demostrar interés en el esclarecimiento y la justicia es una forma de resistencia poderosa, porque enfrentar a funcionarios poderosos en el país no es fácil.
—¿Qué esperas al finalizar el proceso?
“Yo no le echo la culpa a nadie, pero es muy duro saber que a uno se le es más difícil […]. Yo, por ejemplo, no me puedo mostrar tal y como soy. El caso me interesa, es mi caso y me duele aunque no sepa que vaya a pasar, si habrá una buena sentencia para estas personas o no, verdad… Yo admiro bastante la valentía de cada uno de nuestros abogados defensores porque se toman el tiempo para escucharnos a nosotras y por creernos”.
—¿Qué te ha ayudado a sanar?
“Que salió a la luz que nosotras no somos culpables. Que el Estado lamentablemente tuvo mucha negligencia. Yo no espero una maldad para estas personas, lo que me basta es que esto no se vuelva a repetir en Guatemala”.
Sofi explicó que estar al pendiente del caso es parte de su proceso de sanación. Cuando narró su proceso, pero además la valentía con la que se autopercibe y se nombra, la imagino como una heroína justiciera y no como víctima.
Claves del proceso legal
Durante estos ocho años, el juicio por el caso del Hogar Virgen de la Asunción enfrentó varios obstáculos: maniobras dilatorias de la defensa, cambio de jueces, audiencias suspendidas por excusas administrativas, hasta recusaciones estratégicas para retrasar el proceso.
Seis días después de la tragedia, el 13 de marzo de 2017, el Ministerio Público anunció las primeras órdenes de captura. Tres figuras clave cayeron ese día: Carlos Rodas, entonces secretario de Bienestar Social; Anahí Keller, subsecretaria; y Santos Torres, el director del Hogar. Eran las más altas autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, el ente estatal que debía proteger a la niñez bajo su resguardo.
Entre los años 2018 y 2019 se realizaron capturas y se ligaron a proceso a los primeros implicados. Sin embargo, el caso enfrentó retrasos importantes. Según documentó Ruda, uno de los problemas en el avance del proceso fue al inicio cuando hicieron tres grupos de sindicados y cada grupo fue caminando a distinto ritmo por lo que iban en una etapas procesales distintas.
Foto: Stef Arreaga
En el caso del primer grupo, donde se encontraban Carlos Rodas, Anahy Keller, y Santos Torres, concluyó en su etapa intermedia y los tres acusados fueron enviados a juicio. Este debate debía haber comenzado en febrero del 2019, sin embargo fue suspendido y reprogramado para mayo el cual nuevamente se suspendió y se agendó para el 22 de octubre de 2019.
En mayo de 2025, meses antes de finalizar el juicio, la Corte de Constitucionalidad (CC) eximió a Anahy Keller de seguir asistiendo al juicio por el caso Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción. El fallo respaldó el cierre del caso a su favor, pese a que la jueza aún lo consideraba provisional.
Conoce más de la salida de Anahy Keller del proceso en la siguiente nota:
Foto: Stef Arreaga
El segundo grupo de sindicados estaba integrado por el exprocurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Harold Flores Valenzuela; la exdefensora de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro; la ex subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín; el ex subcomisario Luis Armando Pérez Borja; y Brenda Chamán, jefa del Departamento de protección especial contra el maltrato en todas sus formas, de la SBS.
La etapa intermedia finalizó en el mes de marzo de 2019; todas y todos los sindicados fueron enviados a juicio oral y público, pero para evitar la revictimización de las víctimas y alargar más el proceso, estos dos primeros grupos se unieron en uno solo.
Foto: Stef Arreaga
Un año después del crimen, el Ministerio Público pidió una orden de arraigo en contra de un tercer grupo de sindicados en donde se encuentra la jueza Rocío Albany Murillo, quien no se presentó a realizar la exhibición personal en favor de las y los menores, la tarde del 7 de marzo del 2017 —un día antes del crimen—. Murillo y su secretario, Romeo Miranda, emitieron, además, un informe falso. Luego de un proceso de varios meses, finalmente la jueza perdió la inmunidad y ambos fueron enviados a un proceso penal. De haber realizado su trabajo, Murillo hubiera evitado la tragedia del 8 de marzo.
En el grupo de Murillo y Miranda también se inició el proceso penal contra Ofelia María Pérez Campos, quien en calidad de coordinadora del área “Mi Hogar” —donde se encontraban las menores de edad de 13 a 17 años—, coordinó y ordenó junto con Anahy Keller que las niñas fueran encerradas en el salón de clases de 6.8 x 7 metros cuadrados en donde fenecieron, esto percatándose de las graves condiciones en las que se encontraban encerradas —según la acusación del Ministerio Público—.
Finalmente, a este grupo fue integrada Crucy Flor de María López, quien siendo monitora de un centro de detención para menores de edad, se encontraba en las afueras del Hogar Virgen de la Asunción la noche del 7 de marzo y, abusando de sus poderes, roció con gas pimienta a las y los adolescentes. Por estos delitos, los cuatro enfrentan un caso penal.
En el proceso también se intentó criminalizar a las adolescentes. En 2019, la defensa presentó una denuncia contra las sobrevivientes por 15 delitos como asesinato e incendio agravado, lo que fue denunciado por organizaciones de derechos humanos como un intento de criminalizar a las víctimas.
En enero de 2025 el exdirector de la policía, ahora diputado y presidente del Organismo Legislativo, Nery Ramos, señaló al expresidente , en 2017 en funciones, Jimmy Morales, de haber roto la cadena de mando y sus instrucciones.
Delitos y penas
En mayo de 2025, la fiscalía compartió su solicitud de penas y también la organización Mujeres Transformando el Mundo, quienes pidieron penas máximas. De cuatro hasta casi trescientos años de cárcel para algunos de los acusados y acusadas en el juicio. Los delitos que se imputaron fueron: maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas.
“Ayudar a los niños de la calle”.
Sofi, mientras tanto, narra que no eligió ser víctima porque tiene metas por cumplir, y porque en este proceso de reconstruir su vida, se ha dado cuenta de que quiere ayudar a otros niños y niñas.
Terminó de narrar su historia, tiene esperanza de seguir adelante. Después de haber sobrevivido a la noche del 7 de marzo de 2017 siente que puede enfrentar cualquier dificultad.
La motiva continuar estudiando, preparándose. También le motiva convertirse algún día en periodista.
“Siento que tengo bastante vocación para eso. Me gusta bastante conversar. Quiero ayudar a otros, a mi mamita, a los niños de la calle, devolver ese amor que me dieron personas sin esperar nada a cambio, devolverlo a otras personas que lo necesiten”, concluyó Sofi.
La sentencia
El 12 de agosto de 2025, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, presidido por la jueza Ingrid Cifuentes, fijó las sentencias para 6 de los 7 acusados y acusadas. Harold Flores fue el único absuelto por falta de pruebas y las sentencias impuestas para cada uno de los y las responsables fueron:
El expresidente Jimmy Morales, por ahora, no enfrenta ningún proceso por este caso a pesar de las declaraciones de Nery Ramos. Sin embargo, la jueza Ingrid Cifuentes en su sentencia ordenó al Ministerio Público que Morales sea investigado, así como su exasesor, Carlos Abel Beltetón Coronado, debido a las inconsistencias halladas en su declaración ante la jueza, el 10 de septiembre de 2024.
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El juicio llegó a su fin, pero el corazón de Sofi guarda la memoria de las 41 niñas como un recuerdo que no se apaga.
