Víctor Cruz libera a presunto narco incluido en lista de los más buscados del país

 

El juez Víctor Cruz redujo los cargos a Wilver Danilo Morales Arias, quien figuró en la lista de los más buscados, procesándolo sólo por asociación ilícita y desestimando la imputación de narcotráfico que impedía su libertad inmediata. Ahora, luego de la inconformidad de la fiscalía, la CC devolvió el expediente a la Sala Segunda y serán los magistrados los que revisen la decisión del juez.

Por Alexander Valdéz

Hace tres meses, Wilver Danilo Morales Arias aparecía en la lista roja de los presuntos narcotraficantes más buscados del país. Su caso terminó en manos del juez décimo penal Víctor Cruz y la justicia parece favorecerle.

El juez redujo la imputación al procesarlo únicamente por asociación ilícita (un delito con salida fácil a la libertad) y desestimó las acusaciones de la fiscalía: comercio, tráfico y almacenamiento de drogas, que obligaba a prisión preventiva y sin acceso al proceso de aceptación de cargos.

El resultado: Morales Arias salió en libertad al reconocer los hechos. Sin embargo, el caso revive en la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó un amparo a favor de la fiscalía y ordena revisar el fallo del juez Cruz. Según la queja, Morales Arias, prófugo hasta marzo, se presentó al Juzgado Décimo Penal y habría recibido un trato favorable; aunque se le buscaba por un delito relacionado al narcotráfico, el juez lo procesó sólo por asociación ilícita.

Un mes después de haberlo ligado por un delito, el juez Cruz celebró otra audiencia donde el acusado al verse beneficiado con no tener prohibición legal aceptó cargos y mantuvo su libertad.

“Se establece que el Juez Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, se excede en el ámbito de las facultades que le otorga la ley al omitir resolver la situación jurídica del sindicado en relación al delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y solamente ligar a proceso por el delito de asociación ilícita; aun cuando el Ministerio Público en dicha audiencia solicitó auto de procesamiento por ambos delitos.”, indica la fiscal Leslly Franzoli Cortez Avila en su reclamo.

Inicialmente la fiscal acudió a la Sala Segunda de Apelaciones para impugnar la decisión del juez, pero su reclamo fue rechazado y el amparo no fue tramitado. De esa cuenta, el caso se conoce en la CC; que accedió a su solicitud y ordenó que esa acción sea aceptada para su trámite.

“Esta Corte considera que el recurso de apelación instado debe ser declarada con lugar, por lo que, con base en la facultad que le otorga el artículo 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se revoca la resolución de catorce de abril de dos mil veinticinco, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, mediante la cual dispuso suspender, en definitiva, el trámite de la garantía constitucional de amparo promovida por el Ministerio Público”, se lee en la resolución de la CC.

Esto implica que el expediente regresa a la Sala Segunda y los magistrados deben tramitar la acción legal y revisar si la decisión del juez, al ligar a proceso al acusado solo por un delito, fue la correcta.

Entrega no fue reportada por autoridades

Dentro del expediente de la Fiscalía de Narcoactividad, al implicado se le vinculó al proceso por su posible participación en actividades de narcotráfico e integrar una estructura criminal.

Aunque el expediente de impugnación de la fiscalía no describe todos los hechos. Esta redacción consultó al Ministerio Público acerca de la acusación que se hace contra el señalado, pero al cierre de esta nota no había trasladado la información.

De hecho, la audiencia de Morales Arias pasó desapercibida; no existen reportes oficiales en la página de la Fiscalóa ni de la Policía Nacional Civil (PNC), que digan si el señalado fue capturado al momento de ponerse a disposición del Juzgado Décimo.

¿Quién es el juez Víctor Cruz?

Víctor Manuel Cruz Rivera es un abogado guatemalteco que nació en el municipio de Quezaltepeque, Chiquimula, el 15 de febrero de 1971.

Actualmente se desempeña como juez “A” del Juzgado Décimo Penal, al que llegó después del traslado del Walter Villatoro en 2018. Desde entonces ha enfrentado cuestionamientos por decisiones judiciales como la orden de captura que bloqueó la participación de Thelma Aldana en las elecciones generales del 2019.

En 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo sancionó e incluyó en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos. “Socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de ‘Comisiones Paralelas 2020’ para incluir en la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones a jueces corruptos”, señala EE.UU.

En noviembre de 2023, el juez Cruz autorizó las diligencias de allanamiento para capturar a personas presuntamente vinculadas en un caso que el Ministerio Público (MP) ha denominado “Toma de la USAC: botín político”, con el que se criminalizó a estudiantes y profesionales que rechazaron la imposición de Walter Mazariegos como rector de la USAC.

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