Carlos Mendoza, secretario de Segeplan, presentó un amparo preventivo ante lo que califica como una amenaza directa del fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, quien insinuó que podría estar obstruyendo la justicia. La acción judicial se produce como respuesta a la denuncia penal que Mendoza presentó contra el expresidente Alejandro Giammattei y exfuncionarios de su gobierno por corrupción en el caso “Red Q”. Ahora, quienes denunciaron el desfalco son investigados por la misma fiscalía a la que le corresponde esclarecerlo.
Por Prensa Comunitaria
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), encabezada por Carlos Mendoza, presentó un amparo preventivo ante lo que considera una amenaza inminente de acciones arbitrarias por parte del Ministerio Público (MP), en particular del fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Segeplan es parte denunciante en el caso “Red Q”, una investigación sobre corrupción en donde se vincula al expresidente Alejandro Giammattei, a Melvin Quijivix, exdirector del INDE y a Keila Gramajo, exsecretaria de Segeplan. 💸
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El recurso fue presentado después de las declaraciones de Curruchiche el pasado 3 de julio, en las que señaló que Mendoza podría estar incurriendo en obstrucción a la justicia o entorpecimiento de la acción penal. “la acción busca proteger sus funciones institucionales y garantizar el respeto al debido proceso ante una amenaza real, cierta e inminente”, señaló Mendoza en la Corte Suprema de Justicia.
Las acusaciones de Curruchiche contra Mendoza surgieron luego de que este, en su calidad de secretario de Segeplan, presentara el 5 de noviembre de 2024 una denuncia penal conjunta con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en contra del expresidente Alejandro Giammattei; Keila Gramajo, exsecretaria de Segeplan y Melvin Quijivix, expresidente del INDE, en el caso conocido como “Red Q”.
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https://prensacomunitaria.org/2025/02/feci-presenta-una-segunda-fase-de-caso-contra-melvin-quijivix-pero-sin-capturas/
¿Cuál es el caso “Red Q”?
La denuncia presentada por Segeplan y el INDE señala la existencia de una red de corrupción encabezada por Melvin Quijivix, uno de los más cercanos al exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.
La investigación, iniciada a raíz de un informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), apunta a un desfalco inicial de Q8.6 millones mediante 16 contratos entre 2022 y 2023. Sin embargo, la FECI ha rastreado movimientos financieros sospechosos por al menos Q85 millones.
Quijivix, con sanciones internacionales y uno de los funcionarios cercanos al exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, fue dejado en libertad condicional la semana pasada pese a que es procesado por lavado de dinero por Q85 millones. 🔴
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Entre los hallazgos clave se encuentra la contratación de Quijivix en una “plaza fantasma” en Segeplan, con un salario de Q20,625 mensuales y dietas como representante ante el INDE, a pesar de no prestar servicios. Además, Quijivix adjudicó contratos millonarios a empresas vinculadas a él y a su familia. Fue electo presidente del INDE en enero de 2022, desde donde incrementó el presupuesto de consultorías y contrataciones.
Los delitos denunciados incluyen lavado de dinero, asociación ilícita, abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado, fraude, testaferrato y nombramientos ilegales. El 3 de febrero de 2025, la FECI realizó 18 allanamientos relacionados con el caso, y el 20 del mismo mes, los hechos vinculados a Giammattei fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia para un proceso de antejuicio.
Quijivix fue capturado el 3 de julio y, aunque el juez decidió procesarlo por lavado de dinero, logró la libertad condicional el 11 de julio pasado.
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https://prensacomunitaria.org/2025/07/melvin-quijivix-es-procesado-por-lavado-de-dinero-pero-no-ira-a-prision/
De acusadores a acusados
En sus declaraciones, Curruchiche ha sugerido que Segeplan incurrió en omisiones que podrían constituir delito, argumentando que la falta de subsanación de una resolución clave desde noviembre de 2024 podría considerarse obstrucción de la justicia.
Esta narrativa ha sido interpretada por Segeplan como una estrategia para criminalizar a quienes denunciaron los actos de corrupción del gobierno anterior, invirtiendo el curso de la investigación original.
