El departamento de Santa Rosa descarga diariamente 47 millones de litros de aguas residuales a los principales afluentes del departamento mientras las municipalidades aplazan su responsabilidad. La contaminación de los ríos y nacimientos avanza, provocando daños ambientales y de salud en las personas en las comunidades.
Por Glenda Álvarez
Un estudio técnico presentado por la Comisión Diocesana de la Defensa de la Naturaleza (Codidena) reveló que cada día, en Santa Rosa, se descargan 47 millones 587 mil 957 litros de aguas servidas de las cuales el 94.81% no recibe tratamiento. Ese porcentaje de aguas residuales generadas terminan en ríos y quebradas sin depuración, agravando la contaminación hídrica y poniendo en riesgo la salud de miles de personas y contaminando diversos ecosistemas.
Solo el 5.19% del volumen desechado es tratado y de forma inadecuada, señala el estudio. Los municipios que más volumen de aguas residuales generan diariamente son Chiquimulilla, Cuilapa, Barberena y Nueva Santa Rosa.
Santa Rosa es uno de los departamentos del oriente de país, a unos 74 kilómetros de distancia de la ciudad capital, según el censo de población de 2018, aproximadamente lo habitan unas 462,019 personas
El documento fue presentado el 20 de marzo de este año en un foro al que asistieron representantes de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), organizaciones religiosas, liderazgos comunitarios y vecinos de diversos municipios.
En ese espacio se aprovechó para discutir el abandono en el que se encuentran las plantas de tratamiento, las consecuencias sanitarias para la población y la urgente necesidad de la acción institucional. Al mismo tiempo se denunció la ausencia de las municipalidades de San Rafael las Flores, Casillas, Santa Rosa de Lima y Nueva Santa Rosa que, aunque fueron invitadas al evento, no asistieron ni enviaron representantes. “Eso demostró el desinterés ante la crisis ambientas y de salud que afecta a las comunidades”, señalaron pobladores.
En su intervención, Ariel Hernández, coordinador departamental del MARN, advirtió: “La mayoría de las municipalidades no invierten en saneamiento. Entre el 70 y el 80% del presupuesto va a calles y obras visibles. Mientras tanto, las plantas de tratamiento están abandonadas y los ríos se siguen contaminando”.
Plantas de tratamiento abandonadas
En el departamento de Santa Rosa se han construido 42 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) públicas, pero solo 16 funcionan en la actualidad. Las otras 26 están fuera de operación: algunas fueron abandonadas, otras nunca llegaron a funcionar del todo y varias más presentan un grave deterioro estructural. Esta situación, documentada en el estudio técnico presentado por Codidena evidencia un manejo deficiente del saneamiento a nivel municipal.
Los datos por municipio reflejan una disparidad preocupante. San Rafael las Flores encabeza la lista con cuatro plantas en funcionamiento, le sigue Pueblo Nuevo Viñas, con tres; y Oratorio con dos. Mientras tanto, municipios como Barberena, Cuilapa, Santa María Ixhuatán y Santa Cruz Naranjo no tienen ninguna planta operativa, a pesar de tener una población significativa y un volumen alto de aguas residuales generadas.
Barberena, por ejemplo, tiene una población estimada de más de 63 mil personas y cuenta con dos plantas construidas, pero ambas están fuera de funcionamiento. Cuilapa, el municipio cabecera del departamento, tiene seis plantas registradas, pero ninguna funciona. Situaciones similares se repiten en Santa María Ixhuatán y Nueva Santa Rosa, donde las PTAR están completamente inactivas, lo que contribuye a que miles de litros de aguas servidas se viertan directamente en los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento.
En contraste, Santa Rosa de Lima y Casillas mantienen dos plantas activas cada una, lo que demuestra que, aunque hay excepciones, la mayoría de los municipios ha dejado en el abandono la infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales.
Baja inversión
A esta crisis se suma la limitada inversión pública en el sector de saneamiento. La ejecución de fondos para saneamiento registra una caída desde 2020.
Según el Informe de Agua y Saneamiento 2020–2023 de SEGEPLAN, la inversión en ese rubro en Santa Rosa ha sido irregular y limitada. En 2020 se ejecutaron Q20.83 millones; sin embargo, en 2021 el monto cayó drásticamente a Q6.93 millones. Para 2022, hubo un ligero repunte con Q9.98 millones, pero en 2023 volvió a desplomarse y se presupuestaron Q650 mil. En total, en los últimos cuatro años, el departamento ha destinado un poco más de Q38 millones a proyectos de saneamiento, una cifra claramente insuficiente frente a la magnitud de la crisis hídrica y ambiental que enfrenta la región.
El sector privado tampoco ha hecho su tarea. Santa Rosa alberga camaroneras, beneficios de café, agroindustrias y urbanizaciones. Para tratar el agua de estos proyectos solo se tienen registradas cuatro plantas. Esto evidencia el escaso compromiso empresarial con el medioambiente y una débil fiscalización de las autoridades competentes.
Megaproyectos agravarían la crisis
La expansión de megaproyectos industriales y urbanísticos en la región está generando creciente preocupación en las comunidades de Santa Rosa, especialmente por la ausencia de control ambiental, seguimiento técnico y difusión previa. Entre los proyectos que más inquietud han despertado entre la población está la reciente instalación de la planta textil de la empresa Nextil Group en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala, que podría afectar a las cuencas hídricas compartidas con Santa Rosa.
Nextil Group, de origen español, se presenta como la textilera más grande de Centroamérica, y en 2024 inauguró una planta de más de 12,000 metros cuadrados dedicada al tejido, tintura y acabado de textiles. En su comunicado oficial, publicado por la Asociación del Vestuario y Textiles de Guatemala (VESTEX), la empresa dijo: “La fábrica ha sido equipada con tecnología de vanguardia, incluyendo un avanzado sistema de tratamiento de aguas que minimiza su impacto ambiental”.
Aunque la empresa asegura contar con una planta de tratamiento de aguas residuales de última tecnología, las comunidades que viven aguas abajo no han recibido información clara ni han participado en procesos de consulta sobre el funcionamiento del proyecto ni su monitoreo ambiental. La empresa está activa desde 2024 y asegura que realiza análisis periódico. De acuerdo con un muestreo del 26 de diciembre de 2024, evaluado el 13 de enero de 2025, la planta “cumplió con el 95.4% de los parámetros”, según el informe de la empresa. Sin embargo, el MARN no ha emitido a la fecha ningún informe al respecto.
Fraijanes comparte la cuenca del río Las Cañas con municipios santarroseños como Santa Rosa de Lima y Santa Cruz Naranjo, por lo que cualquier descarga o alteración en el curso del agua podría tener consecuencias directas en el abastecimiento, calidad del recurso y equilibrio ecológico en comunidades de Santa Rosa.
Los vecinos de los municipios pueden solicitar la creación de una mesa técnica intermunicipal que garantice el intercambio de información, la verificación ambiental independiente y la participación comunitaria en la vigilancia del megaproyecto. Y exigir que se cumpla con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 164-2021 y el Decreto 68-86 en el que se garantiza la participación de las comunidades ante cualquier megaproyecto que pueda tener efectos en la salud, el agua y el ambiente de los territorios.
Brote de enfermedades
La contaminación por aguas residuales en Santa Rosa no solo representa una crisis ambiental: también tiene un efecto directo y constante sobre la salud pública, especialmente en los sectores más vulnerables del departamento. Según el Plan de Desarrollo Departamental de Santa Rosa 2021–2032, elaborado por SEGEPLAN y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), existe una relación directa entre el vertido de aguas negras sin tratamiento y la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas en la región.
El informe advierte que 13 de los 14 municipios del departamento han reportado un aumento sostenido de enfermedades diarreicas agudas, particularmente en niños menores de cinco años. En Santa Rosa de Lima, por ejemplo, las enfermedades diarreicas representan el 14.5% de las causas de morbilidad infantil, y la amebiasis (una forma severa de disentería provocada por parásitos) alcanza un 4.6% adicional.
Estas afecciones se agravan por el limitado acceso a agua entubada segura y a servicios de saneamiento básico en comunidades rurales. En Santa María Ixhuatán, solo el 31% de los hogares cuenta con agua entubada dentro de la vivienda. En otras áreas, como Ayarza (Casillas), las familias deben pagar Q35 mensuales por recibir agua únicamente dos veces por semana; en Jumaytepeque, pagan Q40 por media hora de agua cada 22 días, lo que obliga a muchas personas a recurrir a fuentes no aptas para el consumo humano.
La situación no solo afecta al sistema digestivo. El informe también documenta una alta prevalencia de enfermedades dermatológicas como la escabiosis (sarna) y la piodermitis, particularmente en menores de cinco años. En municipios como Santa Rosa de Lima, estas infecciones cutáneas representan hasta el 4.3% de las consultas médicas pediátricas, y están asociadas directamente al contacto con agua contaminada y a la falta de condiciones de higiene adecuadas.
De acuerdo con el MSPAS, estos cuadros infecciosos, especialmente cuando son recurrentes, comprometen el estado nutricional de la niñez, ya que provocan deshidratación, pérdida de nutrientes y, en muchos casos, contribuyen a la desnutrición crónica infantil, que continúa siendo una problemática persistente en el departamento.
Grupos más vulnerables: niñez y tercera edad
La niñez es el grupo más perjudicado por estas condiciones. Se estima que el 89% de los casos de enfermedades relacionadas con el agua contaminada afectan a menores de edad, debido a su vulnerabilidad fisiológica y condiciones de malnutrición prevalentes en muchas comunidades.
Según el informe de Salud, correspondiente a la Semana Epidemiológica 37 del año 2024, Santa Rosa registró un incremento en los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años. Para marzo de 2024, se reportó la atención a 186 menores con desnutrición aguda, y para octubre de 2024, se continuó brindando asistencia a familias con niños en esta situación.
En marzo de 2024, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) reportó que entregó 1,116 raciones alimentarias a 186 menores con diagnóstico de desnutrición aguda en Santa Rosa. Más adelante, el 28 de octubre de 2024, la misma institución entregó ayuda alimentaria a 16 familias con niñas y niños en situación de desnutrición aguda en el municipio de Chiquimulilla. La asistencia buscaba mitigar la emergencia nutricional que afecta a comunidades rurales sin acceso constante a agua potable, servicios de salud ni seguridad alimentaria.
La situación fue nuevamente abordada el 14 de junio de 2025, durante una sesión del Consejo Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN), en la que participó la vicepresidenta Karin Herrera.
Durante ese encuentro, se informó que se había brindado atención y seguimiento a 177 niñas y niños con desnutrición aguda en el departamento. El consumo de agua contaminada es un factor determinante en la desnutrición infantil. El agua insalubre y el saneamiento deficiente pueden provocar enfermedades diarreicas que impiden la adecuada absorción de nutrientes, afectando el crecimiento y desarrollo de los niños. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el saneamiento deficiente está directamente relacionado con altos índices de desnutrición crónica en la región.
Los adultos mayores también se ven afectados, representando el 8% de los casos registrados. Su sistema inmunológico debilitado y la presencia de enfermedades crónicas los hacen especialmente vulnerables. En zonas rurales de Santa Rosa, muchos ancianos viven en soledad o sin acceso regular a servicios médicos, incrementando el riesgo de deshidratación y muerte en casos de diarrea aguda o hepatitis.
Dermatitis y escabiosis: enfermedades de la piel por agua sucia
El contacto constante con agua contaminada también ha generado problemas dermatológicos, especialmente en la población infantil. De acuerdo con datos de la Dirección de Área de Salud de Santa Rosa, recogidos por SEGEPLAN, la escabiosis (sarna) representó el 4.3% de las consultas médicas en menores de cinco años en municipios como Santa Rosa de Lima.
Estas enfermedades se agravan en comunidades que no tienen letrinas, pozos protegidos o agua clorada, donde los habitantes utilizan ríos o quebradas contaminadas para bañarse o lavar ropa. El informe también documenta brotes de piodermitis (infección bacteriana de la piel), atribuibles al uso de agua contaminada.
Incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 236-2006
La continua postergación en la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales por parte de las municipalidades en Guatemala ha exacerbado la contaminación ambiental y ha puesto en riesgo la salud de la población. A pesar de que el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que establece el “Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos”, fue emitido en 2006, su aplicación ha sido prorrogada en múltiples ocasiones.
Según este reglamento, las municipalidades debían tener en funcionamiento sistemas de tratamiento para al menos dos de sus principales descargas de aguas residuales para el 2 de mayo de 2025, con metas progresivas hasta alcanzar el 100% de tratamiento para el 2 de mayo de 2031.
Sin embargo, hasta febrero de 2024, solo 84 de los 340 municipios del país cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales operativas, lo que significa que más del 75% de las municipalidades aún no cumplen con las normativas establecidas.
Las comunidades ya no pueden seguir esperando. Mientras las normativas se aplazan y las plantas de tratamiento permanecen inactivas, el agua que consumen miles de personas sigue siendo un riesgo para su salud.
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