Exalcalde de Chinautla obtiene arresto domiciliario pese a haber sido condenado por el desvío de Q25 millones. Arnoldo Medrano, sentenciado a 29 años en 2020 por corrupción, logró medidas sustitutivas sin pagar fianza. La Sala consideró que ya no existía riesgo de fuga en el caso “Muni-Chinautla: Un Negocio de Familia”.
Por Alexander Valdéz
Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, fue beneficiado con arresto domiciliario pese a su condena de 29 años por corrupción. En 2020 fue declarado culpable de asociación ilícita, lavado de dinero y fraude al comprobarse que desvió cerca de Q25 millones de fondos municipales hacia empresas de familiares, en el caso conocido como “Muni Chinautla: Un Negocio de Familia”.
La Sala Segunda de Mayor Riesgo aprobó las medidas sustitutivas sin imponer fianza económica. Los magistrados determinaron que habían cambiado las circunstancias que originalmente justificaron la prisión preventiva. “Quedaron desvanecidos los peligros procesales de fuga y obstaculización a la investigación”, señala en su resolución.
Las condiciones del arresto domiciliario incluyen: permanencia obligatoria en su residencia asignada, presentación mensual ante las autoridades de control y prohibición absoluta de salir del país. Este caso fue considerado en 2017 como uno de los más grandes hallazgos de corrupción municipal durante la época de la FECI y la CICIG.
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El negocio de la familia Medrano
La antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develaron, en 2017, una estructura de corrupción que operó durante años en la municipalidad de Chinautla. Esta red estuvo liderada por el exalcalde Edgar Arnoldo Medrano Menéndez e integrada por familiares y particulares, que se benefició de fondos públicos mediante un esquema fraudulento.
En 2011, la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) al detectar transacciones sospechosas reportadas por Banrural S.A. Estas operaciones involucraban a constructoras que recibían fondos de la municipalidad de Chinautla y que, posteriormente, constituían certificados de depósito a plazo fijo. La investigación se centró en siete proyectos ejecutados de manera irregular.
En el juicio se acreditó que, entre 2008 y 2012, la familia Medrano Osorio y sus allegados controlaban cuatro de los siete puestos del Concejo Municipal de Chinautla, incluida la esposa de Medrano Menéndez. El 24 de abril de 2009, Medrano propuso al Concejo la creación del fideicomiso Chinautla/Banrural, argumentando la necesidad de financiar proyectos de vivienda mínima, pavimentación de calles y construcción de un sistema de alcantarillado, entre otros.
Paralelamente, entre 2008 y 2010, se creó una red de empresas destinadas a captar los contratos de la municipalidad. Entre estas figuran: Grupo Dinámica S.A., Constructora Aguirre Hermanos S.A., Servicios Bauca S.A., Constructora Lagunilla S.A., Multitel S.A., Santa Cruz Construcciones S.A., Constructora Escala S.A., Construcciones Equité S.A., Muralles Pérez Construcciones S.A., Chomo S.A. y Escalante Vásquez Construcciones S.A.
El Concejo Municipal de Chinautla adjudicaba las obras a empresas vinculadas a Medrano, muchas de las cuales habían sido creadas recientemente, algunas con menos de un año de existencia al momento de firmar los contratos.
Según el MP, “el FideChinautla fue creado para administrar recursos, pero Medrano lo utilizó para pagar obras públicas adjudicadas de manera fraudulenta. A través de un esquema de cooptación del municipio, el exalcalde y sus concejales se asociaron ilícitamente para asignar contratos a empresas del grupo criminal, con el fin de beneficiarse financieramente de fondos públicos”. El monto total de los siete contratos investigados asciende a Q25 millones.
Además, la Fiscalía indicó que el clan Medrano-Osorio extendió sus operaciones a otras municipalidades, utilizando su red de empresas para obtener contratos de manera irregular.
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