La autoridad ancestral de la comunidad indígena de San Francisco Quezaltepeque manifestó su desacuerdo con la sentencia del Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad de Chiquimula que favoreció a la municipalidad de Quezaltepeque, en un caso de usurpación y tala de árboles impulsado contra un vecino. La comunidad adelantó que apelará la decisión.
Por Prensa Comunitaria
Más de un año después de que las autoridades ancestrales de San Francisco Quezaltepeque, Chiquimula, promovieran una denuncia en contra de un comunitario por los delitos de usurpación y tala de árboles en un área del volcán Quezaltepeque, un Tribunal falló en su contra.
Durante la audiencia del pasado miércoles, el Ministerio Público (MP) ofreció un criterio de oportunidad al acusado Fernando Gregorio y solicitó la suspensión condicional del caso, ante Sandra Patricia Mejía, la jueza unipersonal en el Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad de Chiquimula.
En el proceso penal se consideraron como agraviadas las comunidades indígenas de Chiramay, la Peña, Pedregal y caserío Potrerillos, todas en el municipio de Quezaltepeque.
Según Marvin Arnoldo Nájera López, autoridad ancestral de la comunidad indígena de San Francisco, desde el 2024 las comunidades denunciaron a Gregorio ante el MP de Quezaltepeque. Y agregó que en una junta conciliatoria realizada con el acusado no llegaron a ningún acuerdo.
Las comunidades le dieron seguimiento al caso en el Organismo Judicial de Chiquimula y en la Fiscalía Contra la Usurpación del MP en la ciudad de Guatemala.
Un año después se realizó la audiencia en la que se resolvió mediante criterio de oportunidad en el referido Tribunal. En ella se presentaron las autoridades ancestrales de la comunidad indígena de Quezaltepeque y Diego Alexander Rodríguez Agosto, mandatario judicial de la municipalidad de Quezaltepeque, quién se presentó como parte interesada y solicitando a la jueza incorporarse a la acusación diciendo que las tierras usurpadas son propiedad municipal.
Jueza no reconoce a comunidad indígena como agraviada
La jueza resolvió el caso por el delito de usurpación a favor de la Municipalidad de Quezaltepeque como única agraviada y descartó el agravió presentado por la comunidad indígena de San Francisco, que se considera propietaria de las tierras comunales.
El fallo fue calificado por las autoridades indígenas como injusto, excluyente y violatorio de sus derechos como comunitarios y vecinos demandantes de dicha usurpación.
Como resultado del fallo, Fernando Gregorio debe rescindir un contrato que establece que es el propietario del inmueble, eliminar el cerco que haya colocado en la propiedad y con el compromiso de reforestar el área durante un año, de lunes a viernes en horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde bajo la supervisión de la Unidad de Gestión Ambiental de la comuna cachacera.
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https://prensacomunitaria.org/2024/04/autoridades-maya-chorti-y-mp-realizan-diligencia-en-volcan-quezaltepeque/
Descontento con la sentencia
La representación de la comunidad indígena dijo que el volcán de Quezaltepeque es un lugar sagrado para el pueblo maya Ch’orti’ y que las tierras y sus recursos les pertenecen y no a la municipalidad. Por ello agregan que apelarán la resolución.
Históricamente la comunidad indígena de San Francisco mantiene una disputa de tierras comunales que fueron compradas a la corona española en el año 1777, cuando la municipalidad aún no existía, según refieren las autoridades ancestrales.
En la audiencia estuvieron acompañadas por autoridades ancestrales de Quezaltepeque, Olopa, San Juan Ermita y observadores internacionales, quienes les manifestaron su apoyo en la defensa de los bosques del territorio Ch’orti’. “La tierra no se vende, se protege” puntualizaron los comunitarios.
