Miles de centroamericanos enfrentarán el fin de una protección clave en EE. UU. El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump y ejecutado por el Departamento de Seguridad Nacional, ha anunciado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, afectando directamente a más de 56 mil personas. La medida, que entrará en vigor el 6 de septiembre de 2025, amenaza con forzar la deportación masiva de quienes han vivido por décadas en ese país bajo una protección humanitaria.
Por Prensa Comunitaria
Las políticas migratorias impuestas por Trump vuelven a afectar a los centroamericanos. Este 7 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, liderado por la secretaria Kristi Noem, emitió un comunicado para informar a la población hondureña y nicaragüense que se encuentra en ese país que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha finalizado. A quienes están bajo este estatus y no cuentan con otro tipo de protección migratoria se les ha dado un plazo de 60 días para abandonar el país de forma voluntaria.
Esta disposición recae principalmente sobre la población hondureña, ya que unas 52 mil personas originarias de Honduras continúan bajo el amparo del TPS sin haber obtenido otro estatus legal. En el caso de Nicaragua, aproximadamente 4,000 personas se verán también afectadas por la medida y obligadas a abandonar el país antes del 6 de septiembre de este año.
Ante esta situación, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro advirtío que si no hay un cambio en la política migratoria impulsada por la administración de Trump, su gobierno reconsiderará los acuerdos de cooperación con Estados Unidos, particularmente en el ámbito militar.
“Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo, por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que perderían toda la razón de existir en Honduras”, señaló Castro.
Según el comunicado oficial del DHS, las condiciones que dieron origen a este beneficio en 1999, tras el paso devastador del huracán Mitch, han desaparecido. La evaluación concluye que Honduras y Nicaragua ya no enfrentan una “disrupción sustancial pero temporal de las condiciones de vida” y que ambos países están en condiciones de recibir de vuelta a sus ciudadanos.
“La secretaria ha determinado que las condiciones que sustentaron la designación de TPS para Honduras el 5 de enero de 1999 debido a un desastre ambiental (el huracán Mitch) ya no se cumplen”, señala el documento publicado por el DHS.
Preocupación por la posible separación de familias y perdida de derechos humanos
En reacción a esta decisión, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en Honduras expresó su profunda preocupación por las consecuencias que traerá la terminación del TPS. A través de su Defensoría de Movilidad Humana, el CONADEH advirtió que esta medida “abre la puerta” a deportaciones masivas, separación familiar y la pérdida de derechos fundamentales como el acceso al trabajo, salud y movilidad. La defensora Elsy Reyes subrayó que Honduras no cuenta con las condiciones necesarias para recibir a miles de retornados, y calificó la situación como “bastante grave”, al tiempo que instó al Estado hondureño a tomar medidas urgentes para facilitar la reinserción y proteger su integridad y derechos humanos.
Con esta decisión, miles de familias centroamericanas, muchas con décadas de residencia en Estados Unidos, enfrentan ahora un futuro incierto, marcado por el desarraigo y la amenaza del retorno forzado a contextos de violencia por parte de las fuerzas migratorias de Estados Unidos.
