La nueva iniciativa busca actualizar la legislación, vigente desde 2001, será fundamental para identificar, atacar el financiamiento del crimen organizado y fortalecer los controles a Personas Obligadas a reportar a la Intendencia de Verificación Especial.
Se han incluido las que se dedican a la actividad de seguros; compra venta de divisas, tarjetas de crédito; cooperativas de ahorro y crédito; casas de empeño, entre otras.
Lorena Álvarez
En 2020, el Congreso de la República engavetó la iniciativa 5820 para aprobar una nueva ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y hoy la administración de Bernardo Arévalo entregó una propuesta que busca actualizar la norma vigente desde 2001, para cumplir con los estándares internacionales.
La iniciativa 6593 que envió el Ejecutivo para ser discutida y aprobada, según Arévalo además de modernizar las leyes, será fundamental para identificar y atacar el financiamiento del crimen organizado. Al mismo tiempo, evitará que Guatemala caiga en la lista gris de países no cooperantes contra el lavado de capitales.
Saulo de León, el jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), dijo que luego de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2016, se identificaron las brechas que el país debe cerrar para cumplir con los estándares internacionales.
Fortalecerán controles
Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, resaltó que las leyes contra el lavado de dinero (2001) y contra el financiamiento del terrorismo (2005) tienen 20 años, con la iniciativa 6593 se atienden las recomendaciones de Gafilat y el país contará con un régimen moderno.
Se fortalecerá el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y los regímenes de Personas Obligadas y Personas Expuestas Políticamente (Pep), así como los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS).
Entre las Personas Obligadas a reportar a la IVE, de acuerdo con la iniciativa, se han incluido a las que se dedican a actividades de seguros de vida, de personas o de caución; transferencia de fondos; arrendamiento con opción de compra; compra venta de divisas, tarjetas de crédito; cooperativas de ahorro y crédito; casas de empeño, y actividades comerciales como venta inmobiliaria, venta de vehículos de todo tipo, obras de arte, joyas, blindaje de vehículos, entre otras áreas.
El artículo 42 de la propuesta se refiere al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, indicando que las Personas Obligadas (entidades bancarias) deberán controlar permanentemente y verificar la información de sus clientes a fin de establecer si están designados en las listas de las resoluciones referentes al terrorismo internacional a fin de congelar de manera preventiva los fondos.
Según reportes de la IVE, actualmente se tiene registro de 4,343 Personas Obligadas.
Las estadísticas de la IVE al 30 de junio de 2025 dan cuenta que recibieron 3,076 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), y el año pasado cerró con 6,473. El monto denunciado por la IVE ante el Ministerio Público en el primer semestre fue de Q12,631.8 millones, lo que representa un alza de 200% frente a los Q4,202.4 millones del mismo periodo del año anterior.
Entre enero a mayo se reportaron transacciones sospechosas de lavado de dinero por Q12 mil 36 millones
El monto es superior a lo registrado y denunciado desde el año 2022. El flujo identificado por la IVE corresponde a 131 denuncias ante el MP.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 23, 2025
Detener empresas de cartón
Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), señaló que la iniciativa 6593 es una propuesta que hace trazable los fondos que deduciría responsabilidades a quien corresponda.
La Ley Antilavado es fundamental para identificar los flujos de dinero del crimen organizado, y a decir de Flores una modalidad que ha existido es el uso de las compras y adquisiciones públicas para lavar dinero. De esa cuenta, se incluyen definiciones claras de figuras como el Beneficiario Final; las Personas Expuestas Políticamente, y contratistas y proveedores del Estado.
Se podrán detectar con antelación los riesgos ante figuras como prestanombres, testaferros o empresas de cartón. Es una medida contundente para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema, agregó.
El mandatario dijo que redes como las reveladas en el caso B-410 presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es una forma para estafar al Estado y con la clara identificación de estas estructuras de empresas de cartón se evitan esas formas de corrupción que ocurrieron en las compras y contrataciones en gobiernos anteriores.
Otras reformas
Algunos artículos de los códigos Penal, de Comercio; de Notariado y la Ley contra la Delincuencia Organizada también se modifican con la propuesta para incluir tipificación de los delitos o nuevos procedimientos de inscripción mercantil de sociedades para que cumplan con la normativa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En la preparación de la iniciativa se contó con comentarios de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo; el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así como la coordinación de la cartera de Finanzas; la SIB y la CNC.
A evaluación
En 2027, se tiene programada la siguiente evaluación y es indispensable modernizar la legislación con un régimen preventivo con enfoque basado en riesgos, agregó el superintendente al explicar que la iniciativa es una propuesta técnica y su aprobación será una muestra del cumplimiento con los compromisos internacionales.
José Alejandro Arévalo Alburéz, exjefe de la SIB, comentó que la evaluación de Gafilat estaba prevista para 2021, pero debido al impacto de la pandemia de la covid-19 fue suspendida y reprogramada.
Pese a este periodo, las condiciones siguen siendo las mismas porque no se aprobó la anterior iniciativa, según el exfuncionario la nueva propuesta se lleva con tiempo al Congreso para que la aprueben este año o en 2026, previo a la evaluación internacional pendiente.
https://prensacomunitaria.org/2025/07/retroceso-en-transparencia-los-contratistas-que-comercien-con-el-estado-permaneceran-ocultos/
