Al 11 de junio de 2025 se había convocado, en 47 ocasiones, a delegados de la cartera de Educación y del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) para discutir y alcanzar consensos en el contenido de un nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Las negociaciones comenzaron con el sello de “confidencial”, pero en buenos términos el 29 de febrero de 2024 (según el contenido de las actas de las sesiones, a las que tuvo acceso Prensa Comunitaria), hasta el 25 de septiembre del año pasado. A partir de entonces, las discusiones se estancaron por una razón financiera. Los sindicalistas exigen que se incluyan nueve artículos que representan un monto millonario del que se desconoce cuánto. ¿Qué fue lo que pasó?
Por Claudia Méndez Villaseñor
En 26 de las 47 reuniones a las que habían asistido representantes del Ministerio de Educación y del STEG, para negociar un nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, se había logrado consenso en 72 de los 81 artículos de esta nueva normativa. Las discusiones que comenzaron el 29 de febrero de 2024 avanzaron sin mayor contratiempo hasta el 25 de septiembre de ese año. Después de esa fecha las negociaciones se estancaron por la negativa de los sindicalistas de retirar de la mesa de negociaciones una propuesta económica millonaria que la cartera afirmó que es incapaz de enfrentar por motivos financieros. Aunque no reveló a cuánto asciende el monto.
Un conflicto profundo del que se conoce lo superficial
Protestas, el cierre de escuelas, bloqueo de carreteras y una Plaza de la Constitución y sus alrededores convertida en campamento son acciones que se repiten desde abril, cuando los principales dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) convocaron a un paro de labores como medida de presión sin que entonces se comprendieran las razones de fondo de los sindicalistas.
Las secciones departamentales del STEG hablaron entonces del pago de bonos atrasados, como el del Pescado; un reajuste salarial y la negociación y firma de un nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Como respuesta a las exigencias del STEG, el Gobierno anunció en mayo el aumento del 5 por ciento al sueldo base y del 20 por ciento a bonificaciones que se paga a los trabajadores del Ministerio de Educación, lo que equivale a Q600 millones en 2025 y Q1 mil 200 millones en 2026. Sin embargo, esos beneficios económicos no fueron suficientes para que este sindicato diera marcha atrás a las medidas de hecho. Al contrario, escalaron.
En la última semana, el STEG mantuvo el llamado al paro de labores en los planteles y la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria, cuya sede física es el campamento en la zona 1 capitalina, pero también promovió el cierre de las principales carreteras del país, pese a la emergencia provocada por la cadena de temblores del 8 y 9 de julio pasados. Este último hecho a título personal de los afiliados del sindicato.
El 10 de julio, se reportó que grupos de afiliados del STEG (apoyados por sindicalistas de Salud) habían paralizado importantes rutas del territorio nacional, lo cual fue calificado por el Gobierno como “insensible y descarado”. Los cierrescontinuaron esta semana. La Corte de Constitucionalidad ordenó ayer al STEG suspender las ocupaciones en edificios y la Plaza de la Constitución, mientras el Ministerio anunció que prolongará el calendario escolar en los centros educativos más afectados por la interrupción de las clases.
¿Cuál es el descontento?, ¿qué ha pasado con las negociaciones del nuevo Pacto Colectivo del Ministerio de Educación?, ¿ese es el foco del conflicto?
Las diferencias entre el Gobierno y el STEG se ventilan en público pero de forma superficial. Por un lado, los sindicalistas promueven medidas de hecho que generan malestar y confusión general; y por el otro, las autoridades responsables expresan posturas que poco dicen sobre el problema de fondo y que ha marcado esta negociación colectiva: el carácter “confidencial” y la negativa a que terceros o que la prensa conozca los entretelones de estas discusiones.
Las actas que todo lo cuentan
Un Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo se negocia con el consenso de las partes involucradas y se redacta como una ley, con capítulos y un articulado. El Pacto Colectivo de Educación vigente está compuesto por 80 artículos divididos en 14 capítulos de la siguiente manera: Disposiciones generales; Derechos y garantías de asociación sindical; Condiciones generales de trabajo; Trabajadores docentes; Trabajadores administrativos y de jornales; Trabajadores de Educación Física; Trabajadores de Educación de Telesecundaria; Régimen de ingreso, traslados y permutas; Régimen de previsión y solución de asuntos derivados de la relación laboral; Régimen disciplinario; Prestaciones de salud; Prestaciones de orden profesional; Régimen de salarios y Disposiciones Finales.
Del nuevo se conoce que tiene 81 artículos y que a la fecha se ha logrado consenso en 72, según las actas a las que tuvo acceso Prensa Comunitaria.
Por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Prensa Comunitaria conoció el contenido de 46 de las 47 actas que certifican y condensan lo resuelto en cada una de las discusiones de la negociación colectiva. Con la lectura de estos documentos se evidenció cómo avanzaron las discusiones en la mayoría de artículos y se estancaron cuando tanto el Ministerio de Educación como el STEG fijaron posturas firmes sobre las peticiones que requieren presupuesto específico para su cumplimiento. Prensa Comunitaria preguntó al ministerio el monto pero no recibió respuesta.
Por ejemplo, en el Acta 47, que resume la reunión del 11 de junio, se reveló (entre líneas) el abierto descontento de los sindicalistas. En ese documento se lee que ese día, los representantes del STEG escucharon las conclusiones de un dictamen de la Dirección de Administración Financiera (DAFI) sobre la propuesta económica contenida en los artículos 60, 62,63,64,65,66,67,72 y 80 del proyecto de Pacto Colectivo, presentado a las nuevas autoridades de Educación el 8 de enero de 2024, con carácter de “confidencial”.
En el documento, que fue elaborado por las direcciones de Recursos Humanos; de Planificación Educativa (DIPLAN); de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE); de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo (DIGEPSA) y de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa (DIGEFOCE), se aseguró que la cartera “no cuenta con las condiciones financieras ni presupuestarias para asumir dicho compromiso de conformidad con el artículo 26 de la ley Orgánica del Presupuesto”. El monto, que suman estos beneficios económicos solicitados por el STEG, quedó fuera del registro documental y el Ministerio no lo ha informado.
“Se dictamina que no es recomendable, toda vez que se debe garantizar la disponibilidad presupuestaria y financiera del referido proyecto para 2025 y los años siguientes”, se concluyó en este dictamen.
En el acta se consignó que al atender la respuesta de la DAFI, los delegados ministeriales reiteraron a los sindicalistas que dado el dictamen, la cartera carecía de capacidad presupuestaria para presentar una contrapropuesta al STEG. La respuesta de los sindicalistas fue de calma, según el documento. Acusaron de recibida la información del dictamen financiero y consideraron que se trataba de una etapa más del proceso de negociación que tenía que cumplir el Ministerio antes de presentar la propuesta final correspondiente.
Este razonamiento fue confrontado por el representante de la cartera quien recapituló en estos términos: “No es posible realizar lo solicitado, toda vez que el Presupuesto General de la Nación depende de la recaudación tributaria y es incierto lo que se recaudará este año. Además, de acuerdo con el artículo 26 de la ley Orgánica del Presupuesto no se pueden adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de crédito presupuestario, ni disponer de estos para una finalidad distinta a la prevista; siendo punible la contravención de dicha norma”.
Añadió: “debido a lo dictaminado por la DAFI no se cuenta con las condiciones presupuestarias ni financieras para asumir nuevos compromisos financieros. Por lo tanto se reitera la postura de que no se hará ninguna contrapropuesta económica a las pretensiones contenidas en el proyecto de Pacto Colectivo”.
Los delegados sindicales hicieron del conocimiento de los asistentes que las bases del STEG conocerían el dictamen financiero y la respuesta ministerial sobre el tema.
Lo resuelto por la DAFI no trascendió a lo público, solo se observó una fisura más profunda entre el STEG y el Gobierno. En el caso del sindicato, aumentaron las tiendas de campaña en el campamento de la Plaza de la Constitución y de los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura y comenzó el cierre de carreteras del país.
El Gobierno en tanto, afinó procesos administrativos en contra de 6 500 trabajadores y maestros que se han ausentado de sus labores; obtuvo respaldo legal con resoluciones judiciales en contra del cierre de las escuelas y presentó denuncias en el Ministerio Público (MP) por daño al patrimonio cultural. En el estira y encoge, cientos de niños y adolescentes que asisten a las más 5 000 escuelas que apoyan al STEG, siguen sin recibir clases, alimentos y útiles escolares.
¿Cuándo se enfriaron las negociaciones?
El origen de las protestas paulatinas y en escala, que afectan a cientos de niños y adolescentes que asisten a escuelas nacionales y a particulares, se estimaría, de acuerdo con el contenido de las actas de discusión, a partir del 11 de septiembre de 2024, cuando las negociaciones se comenzaron a enfriar por la falta de consenso de los artículos 27 (referente a licencias por maternidad) y 62, que incluye una serie de beneficios económicos, entre ellos, la cobertura del Seguro Médico Escolar, un programa derogado, ese año, por el presidente Bernardo Arévalo.
A partir de esa fecha, se convocó a 10 reuniones más antes de que finalizara el año, pero en ninguna se consiguió alcanzar consensos:
- 18 de septiembre de 2024
- 25 de septiembre de 2024
- 9 de octubre de 2024
- 23 de octubre de 2024
- 30 de octubre de 2024
- 6 de noviembre de 2024
- 13 de noviembre de 2024
- 27 de noviembre de 2024
- 4 de diciembre de 2024
- 18 de diciembre de 2024
No obstante, en la sesión del 23 de octubre, tanto los representantes del Ministerio como del STEG tocaron el tema de los dos artículos en discordia y lo referente a nueve artículos con otros beneficios de gran impacto económico, de lo cual se desconoce el monto, en el presupuesto de la cartera. En esa fecha, se acordó diseñar una ruta de cómo abordar estas peticiones, ya que los sindicalistas se negaron a discutir sobre el artículo 27 y 62 antes de esa negociación. El 30 de octubre y el 6 de noviembre se trabajó en la metodología.
El 13 de noviembre, los delegados de la cartera de Educación comentaron al equipo del STEG sobre un tercer tema: el análisis del artículo 64 de la propuesta, en el que se establece un reajuste salarial a todos los trabajadores del Ministerio calculado en porcentajes.
Por ese punto, los representantes ministeriales explicaron a los sindicalistas que según Acuerdo Gubernativo 312-2023, con vigencia al 31 de diciembre de 2024, se prohibía negociar beneficios económicos en porcentajes sobre el salario inicial y el salario total de las clases de puestos, títulos funcionales y jornales. Los delegados del STEG aceptaron el argumento y consideraron presentar una nueva propuesta, la cual se dio a conocer el 27 de noviembre.
Ese día, el STEG solicitó la contrapropuesta del Ministerio relacionada con los nueve artículos que proponen beneficios económicos a los trabajadores y que impactan las finanzas de la cartera aunque se desconoce por cuánto. Fue el 4 de diciembre, que el Ministerio reveló la ruta a seguir para negociar el paquete y el sindicato expresó su anuencia.
Los consensos alcanzados
Cómo se benefician los sindicalistas
Entre los acuerdos alcanzados en esta nueva negociación colectiva se incluyeron artículos que benefician de forma directa a los trabajadores y docentes afiliados al sindicato proponente, en este caso el STEG y sindicatos adherentes. Esta información está reportada en 46 de las 47 actas a las que tuvo acceso Prensa Comunitaria.
Sobre la confidencialidad del proyecto de Pacto Colectivo
El carácter “confidencial” con lo cual se entregó un documento a las nuevas autoridades de Educación sobre la nueva negociación colectiva fue un tema que se ha discutido durante las jornadas de trabajo. Por ejemplo, el 8 de mayo de 2024, los delegados ministeriales hicieron de conocimiento de los delegados sindicales que el 29 de abril de ese año, la ministra Anabella Giracca había enviado un oficio mediante el cual solicitaba a Joviel Acevedo, secretario general del STEG, que se retirara el sello de “confidencial” al documento, sin obtener una respuesta.
Preguntó entonces el representante ministerial sí se podría responder en ese momento a lo solicitado por la funcionaria a lo que los sindicalistas respondieron que ese oficio tendría que haber sido remitido a la Representación Sindical (de la negociación) y que habría que esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a un amparo presentado en esos términos por un grupo de abogados. Con estos argumentos evitaron pronunciarse. No se volvió a hablar del tema hasta el 22 de mayo del año pasado.
En esa fecha, los representantes ministeriales dijeron a los delegados del STEG que en la Unidad de Acceso a la Información y en la Asesoría y Asistencia Legal del Ministerio se acumulaban solicitudes sobre el contenido de las actas que documentan las discusiones sobre el nuevo Pacto Colectivo. Se leyó una resolución referente a estos casos que concluyó de la siguiente forma: “Se hizo el análisis correspondiente y se consideró que existe obligación legal para la entrega de los documentos en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Constitución que establece que todos los actos de la administración son públicos. El fraccionamiento y suscripción de las actas tiene como objetivo dejar constancia de lo actuado durante la negociación y que dichos documentos serán eventualmente suscritos por la ministra de Educación, debido a que los delegados patronales actúan ad referéndum, pero son funcionarios públicos. Por lo tanto, se considera que dicha circunstancia hace que estos documentos estén catalogados como actos de la administración pública”.
“En ese sentido a tenor de la citada norma constitucional y en aplicación a los principios de máxima publicidad y transparencia en la administración pública, establecidos en la ley de Acceso a la Información Pública no existe impedimento legal para sean entregadas a los particulares que así lo soliciten. Si bien el proyecto de Pacto Colectivo fue adjuntado bajo garantía de “confidencialidad” esta restricción no es aplicable a las actas que documentan la negociación que se lleva a cabo, ya que, se reitera son actos administrativos suscritos por funcionarios públicos. Por tal razón se hace de conocimiento de la mesa que las solicitudes de acceso a la información formuladas serán atendidas”, se estimó.
Los delegados del STEG respondieron a ese dictamen que de conformidad con lo establecido en el Pacto Colectivo la negociación era autónoma y no correspondía a terceras personas conocer sobre lo negociado. Por esta razón Acevedo evita comentar sobre este tema.
Ropa, zapatos y seguridad
Para el 24 de julio de 2024, las negociaciones giraban en torno al artículo 62 “Prestaciones educativas”, en las que se incluía: materiales, mobiliario y equipo; los materiales de Valija Didáctica; el Fondo de Gratuidad; útiles escolares; libros de texto; alimentos y el Seguro Médico Escolar.
Sin embargo, también se consideró en este artículo: conectividad gratuita en todas las escuelas nacionales; equipo tecnológico para maestros y alumnos; seguridad e identificación de cada uno de los estudiantes; camisas, blusas, pantalones, faldas, zapatos y ropa deportiva para niños y adolescentes que asisten a las escuelas; agua potable en los planteles; reconstrucción y remozamiento de las escuelas; levantar por lo menos 10 mil aulas en respuesta a la deuda social desde 2003. Además se solicitó: cocinas mínimas y equipos culinarios; personal de limpieza y vigilancia.
Los delegados ministeriales señalaron que los Programas de Apoyo atendían las necesidades de alimentos, útiles escolares, libros de texto y materiales didácticos, así como el Programa de Gratuidad las reparaciones leves y el pago de servicios básicos.
Al final de la reunión de ese día solo se incluyeron en las “Prestaciones educativas” las comprendidas en los Programas de Apoyo y Gratuidad, menos el Seguro Médico Escolar que había sido derogado meses atrás.
En 2025, el STEG retomó las exigencias de vestimenta, calzado para los alumnos de los planteles; así como seguridad; servicios básicos y un vaso de leche como parte la refacción escolar en los discursos de las protestas.
Sobre el retiro voluntario
Uno de los artículos que generaría un impacto en las finanzas ministeriales es el 72, que establece el retiro voluntario de maestros. Este planteamiento se discutió el 14 de agosto de 2024 de esta forma: “En coordinación con otras instituciones del Estado se creará una comisión para otorgar el retiro voluntario, priorizado y escalonado a los docentes con más de 25 años de servicio; proporcionando 20 salarios equivalentes al último salario devengado, según la clase escalafonaria registrada. Asimismo, esta comisión establecerá el mecanismo para mejorar el techo de jubilación a por lo menos Q10 mil”. Se desconoce a cuánto ascendería este beneficio si se llegara a aprobar este artículo.
Por las repercusiones económicas se decidió incluirlo en el paquete de los otros ocho artículos con ese peso: 60,62,63,64,65,66,67 y 80 de los que poco se conoce.
En 2025, las negociaciones comenzaron el 8 de enero. Fue entonces que al contar con el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) de los expedientes 1475-2024 y 1476-2024 en contra del Programa del Seguro Médico Escolar se avanzó en el consenso del artículo 62 que fue redactado así:
Artículo 62. Prestaciones educativas
El Ministerio de Educación con el objeto de fortalecer la actividad docente y la que corresponda a sus dependencias técnicas, administrativas, o técnico-administrativas, las dotará de materiales, mobiliario y equipo necesario y suficiente para el desarrollo de sus funciones, así como la identificación del personal de conformidad con la hoja de ruta elaborada y supervisada para el efecto por las autoridades del Ministerio de Educación; se hace especial énfasis en la atención que el Ministerio brindará a los docentes en lo que respecta a los materiales didácticos a través del Fondo que se denomina Valija Didáctica, el cual se realizará en dos entregas por ciclo escolar. Asimismo, transferencia directa al docente, como un subsidio para la adquisición de equipo de tecnología para efectos didácticos, de manera paulatina de acuerdo con las posibilidades financieras. El STEG requiere que para desarrollar de mejor manera el ejercicio docente, a manera de armonizar su relación laboral con los estudiantes, el ministerio entregué a estos últimos lo que legalmente se obliga como el Fondo de Gratuidad, útiles escolares, libros de texto y alimentación escolar. Debido a que el Seguro Médico Escolar fue derogado por medio del Acuerdo Gubernativo 36-2024, que con fundamento en el artículo 78, de la ley de Educación Nacional, creó el Programa de Salud Escolar; por tal razón, este programa de apoyo se continuará brindando por el Ministerio de Salud , en coordinación con el Ministerio de Salud. El STEG velará por el debido cumplimiento de los programas y realizará los monitoreos y evaluación de los servicios que estime convenientes, los cuales deberán mejorarse de acuerdo con las posibilidades del Estado, mismos que deberán incluir todos los niveles del sistema educativo público. En tutela, el STEG en cumplimiento a lo dispuesto por las leyes que regulan el proceso educativo de país, observará, en procura de una constante mejoría de dicho proceso, todas las obligaciones que le correspondan. Para cumplir y verificar lo anterior, el STEG recibirá del Ministerio del transporte y combustible necesario para el efecto.
En las reuniones convocadas el 15 de enero, 5 de febrero, 12 de febrero, 5 de marzo, 12 de marzo, 2 de abril, 30 abril, 7 de mayo, 14 de mayo, 6 de mayo no hubo avances. Hasta el 11 de junio que se conoció el dictamen de la DAFI y los sindicalistas obtuvieron una respuesta a sus pretensiones financieras.
El Ministerio de Educación dijo que las negociaciones continúan y que no se han paralizado o enfriado. El aumento al sueldo base y a las bonificaciones quedó fuera del Pacto Colectivo, debido a que el vigente, estableció un incremento solo para 2023 y no los años siguientes.
En caso del STEG, el secretario general Joviel Acevedo contestó a las preguntas de Prensa Comunitaria con el comunicado del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) en el que se expresó solidaridad a los sindicalistas “en el contexto de las movilizaciones en distintas regiones del país antes las dificultades para avanzar en la negociación del Pacto Colectivo, proceso que ya acumula más de un año sin resolverse”.
En el documento también se lee: “Este jueves 10 y viernes 11 de julio, maestras y maestros del STEG salieron nuevamente a las calles para exigir el avance en las negociaciones, actualmente estancadas debido a consultas judiciales promovidas por el Gobierno y a la decisión unilateral de decretar un aumento salarial”.
En este pulso de fuerzas (generado por un fuerte componente económico) niños, adolescentes y particulares resultan afectados. Otros ministerios, municipalidades y entidades de Estado con Pactos Colectivos vigentes no generan esta clase de conflictos poque el número de trabajadores es menor y la afinidad de los sindicatos mayoritarios con la parte patronal.
En el caso de Educación, la nómina ministerial supera los 150 mil trabajadores, por lo que un aumento salarial de Q200 o Q400 (no resulta representativo por la inflación y el aumento de los productos de la canasta básica) se eleva a Q1 mil 200 millones un considerable impacto en el Presupuesto del Estado.
Ahora que la DAFI fue clara al decir que la cartera no cuenta con dinero para financiar nuevas pretensiones económicas del STEG, es previsible un mayor enfrentamiento hasta que ceda una de las partes antes de que finalice octubre.
En el comunicado del 11 de julio, el STEG afirmó que en cumplimiento al fallo del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala se ordenó al Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato; así como a la dirigencia seccional y subseccionales deponer las medidas de hecho relacionadas con la convocatoria a una Asamblea Permanente (en la cual se hizo el llamado al paro de labores). Sin embargo, esta resolución judicial dejó abierta la puerta a la promoción de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
El STEG también comunicó a los afiliados que dicho tribunal no dictaminó sobre el derecho de libertad de asociación; libertad de acción y libertad de manifestación a nivel personal. Por lo cual, a título personal, los simpatizantes de JovielAcevedo mantendrán el campamento en la Plaza de la Constitución y banquetas del Palacio Nacional de la Cultura como sede de la Asamblea Extraordinaria y la toma de carreteras como sucedió la semana pasada. Por ahora, la pelota sigue en cancha de los sindicalistas.
El 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) falló en contra de las medidas de hecho y la toma de las rutas principales del país. Con este fallo judicial se ordenó a los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, seccionales y subseccionales del STEG “cesar de inmediato las amenazas de medidas de hecho”, como el paro de labores en escuelas; la toma y ocupación de las Direcciones Departamentales de Educación y la toma de carreteras. Hoy, en Huehuetenango se promovió una caminata masiva de los afiliados del sindicato en las principales calles de la cabecera departamental. ¿En qué campo quedó la pelota?
