Erick Archila cerca de recuperar Q12 millones, propiedades y obras de arte

 

En 2022, el Estado recuperó Q12.2 millones, obras de arte y propiedades vinculadas al exministro Archila, al probarse su origen ilícito. Pero la CSJ anuló el fallo por “falta de fundamentación”, revirtiendo la extinción. Ahora, la Corte de Constitucionalidad definirá si confirma este amparo o lo revierte.

Por Alexander Valdéz

En agosto de 2022, la Fiscalía de Extinción de Dominio, respaldada por investigaciones de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), recuperó múltiples bienes vinculados a Conyers Business, S.A., una entidad de reserva vinculada al exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa.

Entre los activos extinguidos había fondos bancarios que superan los Q12.2 millones (equivalentes a $1,003,969.77 dólares, Q4,565,985.82 y $860.00, al tipo de cambio actual), presuntamente provenientes de sobornos recibidos por el exfuncionario. El vínculo fue probado durante un juicio en el Juzgado de Extinción de Dominio, cuya sentencia fue confirmada posteriormente por la Sala Segunda de Mayor Riesgo.

También se incautaron dos valiosas esculturas talladas en bronce: La Poesía Grande y La Princesa de Shangai, halladas en una residencia de lujo en el residencial Bosques de las Luces, Santa Catarina Pinula. A esto se suman mobiliario y menaje de alta gama, localizados en una mansión de Alta Vista (kilómetro 8.5 carretera a El Salvador) y en un departamento del edificio Empresarial Zona Pradera, zona 10.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado, siguiendo un patrón recurrente en procesos contra altos exfuncionarios: la entidad relacionada al implicado obtuvo un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló la resolución que confirmaba la extinción de los bienes. La razón es una supuesta ausencia de fundamentación de la Sala.

Este fallo judicial favorable para Archila, consta en un memorial presentado este año ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que intenta revocar esa decisión.  Ahora, la CC tiene en sus manos la decisión final: deberá determinar si revoca el amparo (devolviendo los bienes al Estado) o si ratifica la protección a la entidad vinculada al exfuncionario, lo que sumaría a las recientes resoluciones en las que el expresidente Otto Pérez Molina, Heber Melgar Padilla y Miguel Martínez, han podido recuperar sus bienes; pese a indicios de corrupción.

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Una organización receptora de sobornos

En 2020, la investigación de la FECI expuso a una supuesta estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios que habrían utilizado el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

Las investigaciones revelaron que durante la gestión de Archila Dehesa como titular del MEM y como presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), del 14 de enero 2012 al 15 de mayo de 2015 y el período posterior, se concertaron entre funcionarios y particulares actividades ilícitas.

Según el MP, Archila Dehesa cooptó la dependencia administrativa del MEM cuyo fin primordial era “la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo la lógica del oportunismo que le brindaba el poder político, generada por el cargo de ministro de Gobierno”.

En su momento, la FECI señaló que el exfuncionario habría recibido sobornos por Q75.7 millones (más US$477,000.00)entre el 20 de agosto de 2012 al 30 de abril de 2015. Según las pesquisas, el pago de las dádivas lo habría realizado bajo las empresas: Petro Energy, City Petén, S de R.L, Edemtec, así como Hidro Xacnal, S.A.

“Estas compañías giraron cheques a nombre de seis sociedades anónimas que creó Erick Archila para recibir los sobornos. Las seis empresas son: Conyers Business, S.A., Publicitas, S.A., Canal Antigua, S.A., Representaciones Televisivas, S.A., Torema, S.A., y Anuncios Televisivos, S.A”, indica la fiscalía.

El exministro enfrenta una orden de captura por este caso y otras investigaciones por supuesta corrupción, sin embargo, al encontrarse en Estados Unidos, las mismas no se ejecutaron. En la actualidad el Ministerio Público no ha informado avances en ese caso.

Otros casos recientes

Este no ha sido el único caso, recientemente la Sala Segunda de Mayor Riesgo ordenó la devolución de una finca vinculada al expresidente Otto Pérez Molina, pese a los indicios de actividades ilícitas que llevaron a que pasara a favor del Estado. Esta decisión, que sigue una línea jurisprudencial cuestionada, se suma a otras resoluciones favorables a exfuncionarios señalados por corrupción.

Esa misma Sala revocó el embargo de una propiedad asociada a Miguel Martínez, el hombre de confianza del expresidente Alejandro Giammattei. Aunque las investigaciones del Ministerio Público vinculaban el inmueble con presuntos actos de corrupción, los magistrados determinaron insuficientes las pruebas para mantener la medida cautelar de inmovilización.

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