Por tercera ocasión el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova intenta blindar su camioneta. Pero el blindaje que busca es del nivel de seguridad que usan los vehículos de presidentes o embajadores de países en guerra.
Por Luis Ángel Sas
El procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, ha emprendido una tarea singular: blindar su camioneta oficial con el mismo nivel de seguridad que tendría un automóvil en un país en guerra y que son utilizados por presidentes o embajadores en lugares de alto riesgo.
El camino ha sido accidentado. En menos de un año ha intentado adjudicar el contrato en dos ocasiones. Las dos primeras veces fracasaron por errores administrativos. Ahora realiza un tercer intento.
Esta vez, el proceso fue adjudicado a la empresa Inversiones Gadiel, S.A., la misma que en 2024 blindó vehículos para magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin embargo, hay una diferencia importante: mientras el blindaje para cada camioneta de los magistrados costó Q280 mil y fue de nivel NIJ IIIA -que soporta disparos de armas cortas- el Procurador ha optado por un nivel 7, mucho más sofisticado y costoso. La nueva adjudicación tiene un valor de Q420 mil por una sola unidad, es decir, Q140 mil más que el costo del blindaje que de los carros de los magistrados de la CC.
Lo que incluye el blindaje
El blindaje nivel 7 no es común en instituciones civiles. Se trata de una protección pensada para entornos de guerra, resiste impactos de fusiles AK-47, municiones calibre 7.62×39 mm y explosiones de granadas.
Según el proyecto técnico que fundamenta la adquisición, la camioneta Land Cruiser, Toyota, modelo 2024 contará con vidrios antiesquirlas de múltiples capas, refuerzos en techo, piso, puertas, tanque de combustible, batería y computadora del vehículo, además de neumáticos Runflat, cerraduras de alta seguridad, sirenas y luces estroboscópicas.
Los neumáticos Runflat permiten seguir la marcha hasta por 80 kilómetros o hasta un lugar seguro aunque se pinchen o no tengan aire ya que no se desinflan como las llantas normales.
El blindaje nivel 7 está diseñado para resistir ataques de rifles de asalto como los AR-15 o AK-47, munición de calibre militar y situaciones de alto riesgo, características que colocan al vehículo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en una categoría de seguridad equivalente a la que se utiliza para resguardar a un presidente.
La tercera es la vencida
El intento de Córdova por blindar su vehículo, que no ha sido fácil, comenzó en octubre de 2024 cuando en un proceso de cotización la oficina del PHD adjudicó el blindaje a Safecar Industries, S.A. por Q432 mil. Sin embargo, el proceso fue anulado por deficiencias en la documentación presentada por la empresa.
En febrero de 2025 se adjudicó nuevamente el contrato a la misma empresa y al mismo precio, pero otra vez fue cancelado, por errores en horas y fechas de documentos que eran parte del expediente de compra. En estatercera ocasión se adjudicó a Inversiones Gadiel por Q12 mil menos que en los intentos anteriores, pero está por verse si se confirma la compra.
El argumento oficial es que el blindaje es necesario para garantizar la integridad del procurador y otros altos funcionarios de la institución frente a posibles atentados o amenazas directas.
Se consultó a la oficina del PDH si existe alguna amenaza contra el procurador o sí hay algún análisis de riesgo específico para solicitar este tipo de blindaje.
El director de comunicación de la oficina del PDH, Ángel Alonzo, dijo que la institución siempre ha tenido un automóvil blindado y el que utiliza actualmente el procurador es de 2008. “El procurador siempre se conduce por tierra. Es más por razones técnicas, porque actualmente no hay amenazas. Es más bien una medida de seguridad”, indicó Alonzo.
Agregó que el análisis de riesgo lo realiza la Policía Nacional Civil (PNC), pero son datos que manejan ellos y que son compartidos con las autoridades, pero no son datos públicos por medidas de seguridad del funcionario.
José Alejandro Córdova es el PDH desde julio de 2022. Fue electo por el Congreso con 141 votos. Fue magistrado de la Sala de Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Familiar, cargo al que renunció luego de ser electo al cargo. De 2006 a 2008 fue asesor del Sistema Penitenciario cuando Alejandro Giammattei era el director de esa institución. Durante el proceso de elección en el Congreso, diputados opositores señalaron que Córdova era cercano al gobierno de Giammattei.
Córdova pudo participar en el proceso de elección de PDH, luego que la CC resolviera que no podía ser investigado por el caso Comisiones Paralelas 2020.
Córdova aparece en el listado de los magistrados contra quienes la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó retirar la inmunidad por ser uno de los que se reunió con Gustavo Alejos, señalado de ser operador político en la elección de Cortes.
En diferentes gobiernos tanto presidentes como funcionarios se han rendido a la adquisición del blindaje nivel 7 para sus vehículos. En 2019, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) adjudicó el blindaje nivel 7 para dos camionetas que usaban el entonces presidente y vicepresidente Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.
Uno de los casos de corrupción en los que fue señalado el exministro de gobernación del Partido Patriota, Mauricio López Bonilla, también tiene que ver con la renta de 47 camionetas blindadas para uso del ministerio. Una compra por excepción que le costó al Estado más de Q32 millones.
El año pasado Vox Populi publicó la adquisición de blindaje nivel 7 de las camionetas del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
Unas motocicletas sin uso en la PDH
Mientras la PDH busca blindar un vehículo con estándares militares, otro hallazgo revela deficiencias en el uso de los recursos institucionales. Según un informe reciente de la Contraloría General de Cuentas, 33 motocicletas adquiridas por la PDH, en mayo de 2023, para fortalecer a las auxiliaturas departamentales se encuentran en su mayoría sin uso o prácticamente abandonadas.
La auditoría determinó que siete motocicletas jamás fueron utilizadas y que otras 15 registraron un promedio de apenas tres días de uso en todo un año. Es decir, más de dos terceras partes de la flota adquirida han estado inactivas o subutilizadas, a pesar de haber sido solicitadas formalmente por las delegaciones como parte de su trabajo operativo.
La compra se realizó bajo el evento de cotización con el NOG 19567383, publicado el 23 de mayo de 2023, tras solicitudes documentadas de distintas auxiliaturas que plasmaron la necesidad de contar con estos vehículos. Sin embargo, una vez entregadas, muchas motocicletas fueron devueltas al Departamento de Transportes, debido a que las delegaciones no contaban con personal capacitado para operarlas.
La recepción oficial de las motocicletas fue realizada por la Comisión Receptora y Liquidadora del contrato el 31 de octubre de 2023, dejando constancia de que las unidades fueron entregadas a entera satisfacción. Pero meses después, el 30 de octubre de 2024, el Departamento de Transporte emitió el memorando solicitando a las autoridades que informaran sobre el uso de las unidades.
El hallazgo de la Contraloría General de Cuentas señala al jefe del Departamento de Transporte, Orlando Francisco Pamal Rodríguez, de no tomar las medidas necesarias para hacer un buen uso de los recursos públicos.
https://prensacomunitaria.org/2025/07/el-vehiculo-de-fontierras-que-le-habria-dado-dos-vueltas-al-mundo/
