Ejecutivo denuncia anomalías en la extensión de 10 licencias mineras

 

El Ministerio de Ambiente ha colocado denuncias ante el Ministerio Público sobre los permisos para la exploración y explotación que se otorgaron al final del gobierno de Alejandro Giammattei.

 Por Juan Bautista Xol

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, dijo durante la conferencia semanal del Ejecutivo de este lunes que hay anomalías en diez licencias mineras otorgadas en noviembre de 2023.

En los últimos meses del gobierno de Alejandro Giammattei se otorgaron las licencias para la exploración y explotación de la Sierra Santa Cruz, Livingston, Izabal, un territorio que ha solicitado un informe sobre estos permisos.

“Cada día que pasa encontramos más irregularidades legales y técnicas, las cuales se van a poner denuncias nuevas por estas irregularidades”, dijo Orantes, en la conferencia denominada La Ronda.

Orantes confirmó que desde hace un mes el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales (MARN) presentó denuncias ante el Ministerio Público por las primeras irregularidades encontradas en las diez licencias de exploración y explotación de proyectos mineros en la Sierra Santa Cruz y asegura que las denuncias han tenido avances.

Las comunidades de Sierra Santa Cruz en Livingston Izabal han expresado su oposición a la actividad minera en varias asambleas. Créditos: Juan Bautista Xol

Los permisos mineros fueron solicitados por la empresa Río Nickel S.A. subsidiaria central de American Nickel, una empresa canadiense, que pretende activar su operación en Livingston, las comunidades denuncian que no fueron consultadas sobre los proyectos mineros y rechazan cualquier actividad.

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Orantes confirma las irregularidades, pero no especificó qué tipos han encontrado en este lapso. Las empresas habían solicitado una mesa técnica el 18 de junio en la subalcaldía de Río Dulce, el día en el que fueron reprimidas las comunidades que manifestaban para exigir la presencia de los dos ministerios de Ambiente y Energía y Minas, en jurisdicción de la comunidad San Antonio Sejá.

“Pondremos las denuncias y queremos manejar este proceso de manera responsable”, indicó Orantes, invitando a los medios de comunicación el 30 de julio en la ciudad de Guatemala en donde se entregará el informe que las 54 comunidades Q’eqchi’, garífunas y mestizas de Livingston han solicitado desde enero de este año.

Las comunidades esperan que los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y Energía y Minas cumplan su promesa este 30 de julio, ya que en otras ocasiones no se han presentado ante las comunidades para explicar los avances que ambos ministerios han tenido para la cancelación de las licencias mineras que amenaza la flora y fauna que defienden las comunidades.

La petición de la población es que el gobierno, junto al MARN y MEM, cancele las diez licencias y que se inicien los procesos legales contra los responsables de otorgarlas sin consultar a las comunidades afectadas.

“Esperamos que esta vez nos den una buena respuesta, no queremos minería en nuestro municipio, no queremos muertes, persecución ni policías que nos repriman”, manifiestan algunos de los comunitarios a Prensa Comunitaria inconformes sobre las acciones del Estado al reprimir a las comunidades.

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Las diez licencias mineras no solo amenazan el territorio de Livingston, también se sabe que cuatro de ellas están en el área de El Estor, sobre la Sierra Santa Cruz, y estos permisos son los que han provocado inconformidad en la población, ya que, en estos últimos meses, la empresa CGN PRNONICO, ha reiniciado su actividad sin respetar la sentencia emitida por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la consulta comunitaria sobre el proyecto Fénix, que señala la violación de varios derechos de la comunidad.