Corte de Constitucionalidad y CSJ mantienen reserva del pacto colectivo de Joviel Acevedo

 

La CC y CSJ rechazaron acciones legales que buscaban hacer público el Pacto Colectivo del gremio magisterial dirigido por Joviel Acevedo. Magistrados consideraron que no cumplían con los requisitos para declararlo inconstitucional ni para un amparo provisional. Los fallos mantienen bajo reserva el dudoso pacto sindical.

Por Alexander Valdéz

Dos resoluciones emitidas por las cortes del país mantienen en reserva la información contenida en el Pacto Colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) que dirige Joviel Acevedo, luego que una acción de inconstitucionalidad y de amparo provisional fueron desestimadas y rechazadas, respectivamente.

Por un lado, la Corte de Constitucionalidad (CC) desestimó una acción de inconstitucionalidad que promovió el Movimiento Cívico Nacional (MCN) que pretendía anular la confidencialidad del Pacto Colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

Los magistrados determinaron que no puede realizarse el examen de compatibilidad con el texto constitucional, pues sin entrar a analizar los motivos que la accionante adujo como apoyo de su denuncia y tomando como base las notas teóricas referidas con antelación, el contenido normativo denunciado “carece de las características que lo tornen en disposición “general” como para posibilitar su impugnación por esta vía”, indicó.

Por aparte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo provisional promovido por un grupo de abogados encabezados por Edgar Ortiz, que buscaban levantar de manera inmediata la confidencialidad del Pacto Colectivo. Los togados consideraron que no existían fundamentos suficientes para justificar una protección. En esta acción, aún queda pendiente la sentencia del amparo.

Dudas por secretividad

La confidencialidad del Pacto Colectivo de Trabajo suscrito entre el Ministerio de Educación y los líderes magisteriales ha generado un intenso debate. Diversos sectores, incluyendo expertos en transparencia y legisladores, argumentan que el carácter reservado del documento viola principios fundamentales de acceso a la información pública, particularmente cuando se trata de acuerdos que involucran fondos estatales y afectan servicios públicos esenciales como la educación.

Afirman que, al regular condiciones laborales que impactan el sistema educativo nacional y utilizar recursos públicos, este documento debería ser accesible para garantizar la rendición de cuentas y permitir el escrutinio ciudadano sobre decisiones que afectan a toda la sociedad.

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