Las licencias ambientales fueron gestionadas por las empresas Río Niquel y Productores del Atlántico, con capital canadiense. Desde enero, 54 comunidades de Livingston, Izabal reclamaron al gobierno la cancelación de los proyectos.
Por Simón Antonio Ramón
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó a los representantes de las comunidades del pueblo maya Q’eqchi’, garífuna y mestizo de Livingston y El Estor, Izabal, que las diez licencias ambientales en la Sierra Santa Cruz, otorgadas en el gobierno de Alejandro Giammattei fueron canceladas.
La reunión, a puerta cerrada en el Palacio de la Cultura, fue presidida por Rodrigo Rodas, viceministro de Ambiente, quien el 18 de junio se comprometió con las autoridades indígenas a entregar, este miércoles, la respuesta sobre la cancelación de diez licencias de minería metálica en el área de Sierra Santa Cruz.
El 18 de junio, la población protestó frente la subalcaldía de Livingston, porque dos días antes, en una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no se especificó si las licencias de exploración a Río Nickel S.A. quedaban canceladas. Al final de la jornada antimotines reprimieron a representantes de las 54 comunidades del municipio que habían cerrado una carretera y se pedía su apertura.
En esa reunión las autoridades se comprometieron que informarían este 30 de julio sobre el proceso administrativo de las licencias.
Según la información proporcionada a las comunidades por las autoridades, las diez licencias fueron gestionadas por las empresas Río Níquel, con seis proyectos; y Producciones del Atlántico, con cuatro. Estos proyectos funcionarían en la Sierra Santa Cruz, un área de protección especial ubicada al noreste de Guatemala y al norte del lago de Izabal.
Los permisos cancelados son requisitos para que las empresas gestionen sus licencias de operaciones tanto de exploración como de explotación ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Según información del Observatorio de Industrias Extractivas, las licencias en el departamento de Izabal fueron solicitadas por las empresas Río Nickel S.A. y Nichromet Guatemala, subsidiarias de la canadiense Central American Nickel (CAN).
Estos proyectos mineros contaminarían los nacimientos de agua que provienen del área de la Sierra Santa Cruz y que abastece a 54 comunidades entre Livingston y El Estor.
El Ministerio de Ambiente anunció la cancelación de 10 licencias mineras
El Marn informó a las autoridades del pueblo Maya Q’eqchi’, mestizo y garífuna de Livingston que cancela las licencias otorgadas en el gobierno de Alejandro Giammattei para la exploración y explotación de… pic.twitter.com/EA71C8zhyf
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 30, 2025
“El viceministro que estuvo con nosotros dijo que las diez licencias que fueron otorgadas, en el 2023, por el gobierno pasado fueron canceladas hoy”, le dijo a Prensa Comunitaria Enrique Che, autoridad comunitaria de Río Pita, del municipio de Livingston.
Che valoró las acciones de resistencia de las comunidades que considera deja un legado para las futuras generaciones. “Valoramos nuestras luchas, que nos enteramos de lo que estaba haciendo la empresa minera canadiense, ahora nosotros nos levantamos y ponemos el pecho y luego pidiéndole a Dios que nuestros hijos valoren el trabajo que estamos realizando”, dijo la autoridad indígena.
MARN ampliará información en conferencia de prensa
Está tarde se pidió una opinión del MARN sobre lo informado a las comunidades, pero respondió que el jueves 31 de julio se dará la información en una conferencia de prensa en el Palacio de la Cultura.
Previo a la reunión con el viceministro de Ambiente, los comunitarios se reunieron integrantes de la Comisión de Ambiente del Congreso. Durante la cita, un comunitario expresó la inconformidad de las comunidades ante los proyectos mineros y la reacción de César Amézquita, presidente de esa comisión y del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue decir que no se debe actuar como grupo de choque.
El diputado también se refirió a la cancelación de la minera San Rafael, en Santa Rosa, ahora proyecto minero El Escobal, indicando que ha recibido denuncias de la falta de empleo de comunitarios.
Irregularidades
El 20 de junio Patricia Orantes, la ministra de Ambiente, dijo en una conferencia de prensa que detectaron irregularidades en la emisión de las licencias ambientales al no solicitarse la opinión de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Izabal (AMASURLI).
En esa misma conferencia de prensa la funcionaria dijo que los proyectos Santa Anita y Santa Anita 2 habían hecho excavaciones. En la inspección que se realizó en la primera y segunda semana de junio de detectaron seis excavaciones realizadas ilegalmente por lo que presentaron las denuncias en el Ministerio Público (MP).
