Un artículo del periódico El Diario de Hoy da cuenta de que el gobierno salvadoreño entregó 8.5 millones de dólares a una empresa guatemalteca vinculada al extinto partido Unión del Cambio Nacional (UCN), cuyo líder, Mario Estrada, fue sentenciado en Estados Unidos a 15 años de cárcel por delitos de narcotráfico.
Por Héctor Silva Ávalos
Dos financistas de la UCN, partido político guatemalteco vinculado al Cartel de Sinaloa según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, obtuvieron contratos del gobierno salvadoreño que preside Nayib Bukele de acuerdo con un reportaje publicado por el periodista Jorge Beltrán Luna en El Diario de Hoy de El Salvador.
Los financistas son dos hermanos que se llaman José Manuel y Juan Luis Sosa Cordón y fueron candidatos de UCN en el departamento de Chimaltenango en las elecciones de 2019, según registros oficiales de la autoridad electoral guatemalteca.
Registros del Tribunal Supremo Electoral citados por extinto diario elPeriódico también dan cuenta de que los Sosa Cordón financiaron a UCN en al menos dos ciclos electorales. El líder de ese partido era Mario Estrada, condenado por narcotráfico y, entre otras cosas, señalado por intentar asesinar a Thelma Aldana, la exfiscal general de Guatemala, hoy exiliada.
Estrada fue detenido en Miami el 17 de abril de 2019 luego de una extensa investigación de la DEA que lo vinculó con el narcotráfico internacional. Como parte de ese proceso, agentes estadounidenses se hicieron pasar por operativos del Cártel de Sinaloa en conversaciones durante las que Estrada pidió dinero para su campaña electoral y se comprometió a acabar con la vida de Aldana, según documentos judiciales anexos al proceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que concluyó en la condena al guatemalteco.
Los Sosa, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas en Guatemala entre 2019 y 2021, recibieron millones de dólares en contratos durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, cuya administración fue investigada por posibles hechos de corrupción como la supuesta entrega de un soborno millonario por parte de mineros rusos. Esas investigaciones fueron desechadas a partir de 2021 por el Ministerio Público de Consuelo Porras.
Reportajes publicados en elPeriódico indican que a partir de 2019, una empresa denominada Cuarto Mundo, cuyo representante era en aquellos momentos Juan Luis Sosa, recibió unos 115 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares) en contratos otorgados por la administración de Giammattei.
Una de las empresas con la que los hermanos Sosa Cordón también obtuvieron jugosos contratos estatales durante el gobierno de Giammattei se llama Avalon. En los cuatro años de esta administración, Avalon obtuvo 184 adjudicaciones con fondos públicos según un reporte publicado en La Hora. El mejor año para Avalon fue 2022, con contratos por unos 13 millones de dólares.
Uno de esos contratos de 2022 fue por la construcción de un aeródromo en el Puerto San José, que el gobierno de Giammattei vendió como un proyecto de última generación que tendría un fuerte impacto en el movimiento internacional de mercancías a través del puerto guatemalteco. Pero Avalon y otras empresas contratadas dejaron tirado ese proyecto, que sigue sin completarse.
En mayo pasado, el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo puso el proyecto del aeródromo del Puerto San José como un ejemplo de mala gestión y corrupción gubernamental.
El negocio salvadoreño
Varios años después de las investigaciones en Guatemala y la condena a Estrada, los hermanos Sosa Cordón siguen haciendo negocios en Centroamérica. Según la investigación de El Diario de Hoy, los Sosa formaron en El Salvador la empresa Avalon Constructores S.A. de C.V. en agosto de 2023 y cuatro meses después empezaron a obtener contratos de la administración Bukele para construir y remodelar centros escolares.
El primer contrato, dice el periódico salvadoreño, fue por unos 2.8 millones de dólares y estaba destinado a la reconstrucción de una escuela en el central departamento de San Vicente. En los siguientes meses, Avalon obtuvo contratos para intervenir otras seis escuelas por 18 millones de dólares; la empresa de los guatemaltecos recibió adelantos por unos 8.5 millones de dólares.
El artículo de El Diario de Hoy explica que Avalon ha dejado abandonadas o se ha retrasado en la mayoría de las obras por las que ya recibió dinero.
La intervención en infraestructura escolar ha estado en el centro de la narrativa política de Bukele durante todo su gobierno, pero se intensificó desde principios de 2025, cuando la prensa local e internacional publicaron más detalles sobre el pacto de gobernabilidad del presidente con las pandillas salvadoreños y de que una negociación política con el gobierno de Donald Trump para recibir migrantes en una cárcel de máxima seguridad salvadoreña fue recibida con cobertura negativa en varios medios del mundo.
Las obras de reparación y mejora de infraestructura escolar entregadas a Avalon fueron contratadas a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una instancia estatal creada por el gobierno de Bukele para centralizar la contratación de obra pública. Sobre la DOM pesan, también, varios señalamientos de corrupción en El Salvador. Una investigación del medio Redacción Regional reveló que, desde su creación en 2021, la DOM entregó de forma discrecional contratos por unos 267 millones de dólares, varios de ellos a afiliados del oficialista partido Nuevas Ideas, o, como en el caso de Avalon, a empresas de orígenes y métodos cuestionados.
Los vínculos de Bukele con las mafias guatemaltecas
El vínculo del gobierno Bukele con los Sosa y el UCN de Mario Estrada no es el primero que habla de relaciones con empresas y personajes vinculados a la corrupción y al crimen organizado en Centroamérica.
Un reportaje de Prensa Comunitaria reveló, en 2023, que Bukele se relacionó entre 2013 y 2017 con Mario Leal, un político guatemalteco que fue fórmula presidencial de Sandra Torres con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en este último año. Una investigación de la extinta Comisión Internacional contra la Impunida en Guatemala (CICIG) determinó que Leal había participado en un esquema de corrupción denominado Traficantes de Influencias, en el cual políticos y operadores de partidos recibían y entregaban sobornos para acelerar devoluciones de impuestos.
En 2014, Leal fue presentado por Bukele como financista de un plan para atraer inversiones por mil millones de dólares a Nuevo Cuscatlán, el pequeño municipio de la periferia capitalina del que el joven político era entonces alcalde.
Luego, en 2017, cuando Bukele ya era alcalde de San Salvador, la capital, y preparaba su salto para competir por la presidencia de la república, su administración municipal entregó contratos por unos 91 millones de dólares a compañías relacionadas con Leal, quien para entonces era prófugo de la justicia de Guatemala.
