Durante el 193 periodo de sesiones de la CIDH, se realizó la audiencia sobre “Situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en Guatemala”. En la misma, organizaciones civiles, exfiscales en el exilio y defensores de derechos humanos denunciaron la situación de criminalización a defensores de derechos humanos y operadores de justicia en Guatemala, el asesinato de activistas y la cooptación de instituciones clave por redes corruptas. El Estado reconoció ciertos patrones de criminalización, mientras la CIDH expresó su “profunda preocupación” por la falta de independencia del Ministerio Público.
Por Prensa Comunitaria
Durante el 193 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se celebró una audiencia clave solicitada por la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala, bajo el tema: “Situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en Guatemala”.
La Convergencia, integrada por organizaciones de derechos humanos expuso ante la CIDH lo que consideran una grave regresión democrática y el deterioro de la independencia judicial en el país. Las organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Convergencia por los Derechos Humanos, pidieron la audiencia para visibilizar lo que califican como un “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial”.
Luisa Fernanda Nicolau, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, denunció una “sistemática impunidad” y la “cooptación del sistema de justicia”. Por su parte, el exfiscal en el exilio Juan Francisco Sandoval expresó su “profunda preocupación por la crisis estructural” y señaló que el sistema judicial se ha convertido en un “instrumento de persecución política y control autoritario”.
Arranca la audiencia sobre Guatemala en el 193 Período de Sesiones de la CIDH
Organizaciones de DDHH, autoridades de Gobierno y del Ministerio Público participan en el 193 Período de Sesiones de la #CIDH para conocer detalles sobre la situación de personas defensoras de derechos… pic.twitter.com/elqnJwcL2t
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Sandoval alertó sobre el asesinato de 29 defensores de derechos humanos en 2024 y la criminalización de autoridades electorales. Detalló cinco patrones de vulneración sistemática:
Crisis de justicia y persecución política: más de 60 exoperadores judiciales han sido criminalizados y 48 se encuentran en el exilio; el uso indebido del derecho penal: apertura de casos sin sustento, manipulación de pruebas y abuso de figuras penales; la represión contra líderes indígenas y sociales: protestas pacíficas son castigadas con detenciones arbitrarias; el abuso de la figura de aceptación de cargos: utilizada como herramienta de coacción para forzar confesiones; y la cooptación del sistema judicial: nombramientos opacos, resoluciones arbitrarias y uso de fiscalías para blindar redes corruptas.
📢 “La impunidad ya no es una falla del sistema, es su propósito”
En la sesión de la193 Período de Sesiones de la #CIDHn Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la FECI, denunció cinco patrones que sostienen la persecución en Guatemala.
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Francisco Soto, de UDEFEGUA, advirtió que las próximas elecciones de altos funcionarios judiciales están en riesgo por la “cooptación por redes político-económicas ilícitas” e hizo un llamado urgente a la observación nacional e internacional.
Alejandro Rodríguez propuso crear un “mecanismo independiente de evaluación del Ministerio Público” para documentar violaciones, proponer reformas y recuperar la credibilidad institucional.
Las solicitudes de la sociedad civil para la CIDH
Neri Rodenas presentó ante la CIDH una hoja de ruta con cinco acciones prioritarias:
- Emitir una resolución pública que visibilice la regresión autoritaria y los asesinatos documentados de 29 defensores.
- Establecer un mecanismo sostenido de seguimiento a las recomendaciones de la CIDH.
- Solicitar a la Corte IDH declarar el desacato del Estado de Guatemala.
- Proveer asistencia técnica para garantizar procesos de selección independientes en comisiones de postulación.
- Implementar con urgencia un mecanismo independiente de evaluación del Ministerio Público.
COPADEH reconoce patrones de criminalización
En respuesta, el Estado de Guatemala, representado por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), reconoció algunos problemas. Elvyn Díaz, su director ejecutivo, admitió un “contexto desafiante” y patrones de criminalización tras la salida de la CICIG en 2019.
Díaz enumeró cinco patrones señalados por la CIDH:
- Denuncias paralelas para intimidar.
- Acusaciones vagas o inadmisibles.
- Uso excesivo de prisión preventiva.
- Violaciones al debido proceso.
- Acoso digital a operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
Añadió que el Estado está finalizando una política de protección para personas defensoras de derechos humanos.
Durante el 193 Período de Sesiones de la #CIDH el Gobierno reconoce 5 patrones de criminalización en Guatemala:
1️⃣ Denuncias múltiples y paralelas
2️⃣ Acusaciones vagas
3️⃣ Abuso de prisión preventiva
4️⃣ Violación al debido proceso
5️⃣ Acoso digital a operadores de justicia📽️CIDH pic.twitter.com/tTo8j5goxS
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Claudia Samayoa, asesora en Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, informó sobre la reactivación de mesas de trabajo para periodistas y ambientalistas, y la necesidad de una ley de ciberdelitos. Señaló que en 2024 hubo más de 200 manifestaciones, de las cuales solo una requirió el uso de armas menos letales por parte de las fuerzas de seguridad.
Miguel Estuardo Ávila, secretario contra la Corrupción del Ministerio Público, rechazó que el MP criminalice a defensores de derechos humanos u operadores de justicia.
Afirmó que la institución actúa “cuando el Estado ya le falló a los ciudadanos” y que su función es la “averiguación de los hechos señalados como delito”, siempre con autorización judicial.
Respecto a la propuesta de un mecanismo independiente de evaluación del MP, Ávila sostuvo que ya existe un control efectivo “por los jueces contralores de garantías de todos los actos que realiza el Ministerio Público”. Consideró que este es “el mejor examen que podemos tener como institución sobre los derechos humanos”, ya que los jueces “examinan y califican” las solicitudes presentadas por el MP antes de autorizarlas.
El Ministerio Público niega criminalizar a defensores y añade que actúa conforme al debido proceso ⚖️
Durante la #Audiencia193 de la CIDH señaló que sus acciones son avaladas por jueces y que ha capacitado a fiscales en el protocolo de investigación de DDHH.
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CIDH mantiene preocupación por la criminalización
Los comisionados de la CIDH expresaron su profunda preocupación por la situación en Guatemala y reiteraron su compromiso.
La vicepresidenta Andrea Pochak, relatora para Guatemala, señaló que los patrones de criminalización siguen “más presentes que nunca” y que el “uso irregular del sistema judicial” busca “garantizar la impunidad”. Enfatizó que la CIDH acompaña a los defensores y que el Ministerio Público no está ejerciendo sus deberes de objetividad e imparcialidad.
Además, Pochak advirtió que la CIDH sigue “muy preocupada por la falta de un mecanismo de control independiente del funcionamiento del Ministerio Público”, argumentando que, a diferencia del control caso por caso que ejercen los jueces, se necesita un “mecanismo de control institucional” para la rendición de cuentas del MP como órgano del Estado.
Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora de país, advirtió que no existe un mecanismo independiente para controlar al MP: “Eso hace que el sistema no funcione”.
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El relator especial en libertad de expresión, Pedro Vaca, lamentó la situación de periodistas en prisión, calificándola de “propia de regímenes autoritarios”, y cuestionó al Ministerio Público sobre sus criterios para distinguir entre denuncias espurias y procesos legítimos.
La CIDH concluyó la audiencia reiterando que publicará su informe de país en las próximas semanas, el cual ampliará la información observada durante su visita in loco. La Comisión enfatizó que quienes testificaron no deben ser objeto de represalias por parte del Estado, especialmente en el complejo contexto actual de Guatemala.
