El anuncio de las órdenes de captura en contra de exmandatarios de la CICIG pedidas por el Ministerio Público y la FECI han generado respuestas airadas del gobierno colombiano, respuestas negativas de organismos internacionales y la vergüenza de la cancillería guatemalteca.
Por Prensa Comunitaria
A petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, La Sala Tercera de Apelaciones giró 26 órdenes de captura en contra de exfiscales, empresarios y personeros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como el excomisionado y actual diplomático colombiano Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
Esas acciones solamente incrementaron las críticas en contra del Ministerio Público (MP) y reabrieron nuevas grietas en sus acciones, porque la Sala de Apelaciones no tendría las facultades para girar órdenes de captura y menos en contra de funcionarios que cuentan con inmunidad diplomática por haber laborado en un organismo de la ONU como lo fue la CICIG.
Ayer el MP difundió un vídeo, en sus redes sociales, en el que Curruchiche señalaba: “se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol para que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país”.
Según el medio colombiano W Radio la Interpol aseguró que no activará ninguna alerta relacionada. El medio señaló en una nota que su director, Julio Sánchez Cristo, dijo que “El jefe de la Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra los colombianos”.
Esta no es la primera vez que la Interpol le dice no a Curruchiche. En octubre de 2023 la entidad ya le había pedido a la FECI abstenerse de pedir alertas rojas contra actores anticorrupción.
https://prensacomunitaria.org/2023/09/interpol-pide-a-feci-abstenerse-de-pedir-alertas-rojas-contra-fiscales-anticorrupcion/
Con esta negativa de la Policía Internacional (Interpol) el ámbito de acción del MP queda limitado a lo que, dentro de Guatemala, le sigan aceptando algunos jueces y magistrados. Además, Curruchiche dijo en una entrevista con Noticias Caracol que hace dos años Velásquez se tomó una fotografía con el director de Interpol y que por eso le están negando la emisión de alertas.
La FECI acusa a Velásquez y Camargo de estar involucrados en el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht y lo señala de integrar una estructura criminal que firmó acuerdos de cooperación eficaz con los directivos de la empresa lo cual facilitó la pérdida de USD380 millones para el Estado de Guatemala. Curruchiche señala que los funcionarios incurrieron en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
La ONU también reacciona
Estas acciones no dejaron indiferentes a los representantes de la ONU, que emitieron un comunicado para manifestar su preocupación por la persecución en contra de integrantes y exmandatarios de la CICIG y reitera que tanto Velásquez como Camargo cuentan con inmunidad procesal.
“El secretario General reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para el establecimiento de la misma, goza de inmunidad procesal respecto de los actos realizados en el desempeño de su misión, la cual continúa incluso después de finalizar su relación laboral con la CICIG. Recuerda que en virtud de este acuerdo, el Gobierno de Guatemala se comprometió a proteger al personal de la CICIG, tanto internacional como nacional, de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación. El secretario General reitera su preocupación por los números informes que indican que se están llevando a cabo procesos penales contra quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el Estado de derecho y el sistema de justicia en Guatemala”, señala la declaración de António Guterres.
ONU defiende la inmunidad de exfuncionarios de CICIG
La ONU expresa su “preocupación” por las órdenes de captura contra el excomisionado Iván Velásquez y exfuncionarios de la CICIG. Recuerda que el personal internacional tenía inmunidad por acuerdo con el Estado de Guatemala. pic.twitter.com/EXeFPsP9wC
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 3, 2025
“Se trata de actores asociados a la corrupción”
El gobierno de Guatemala también rechazó enfáticamente las órdenes de captura contra Velásquez y Camargo, diciendo que las medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la ONU y Guatemala cuando se estableció la CICIG.
Además, el gobierno manifestó su molestia e indicó que esas acciones “se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del MP, la fiscal general y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de justicia en Guatemala, poniendo de manifestó la criminalización y el abuso del derecho penal”.
Gobierno rechaza persecución contra embajador y fiscal general colombiana
El Gobierno de Guatemala rechaza las órdenes de captura giradas contra el embajador colombiano Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, indica que… pic.twitter.com/ICGZXPOWD3
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En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también manifestó su rechazo a las acciones contra los exmandatarios de la CICIG, asegurando que la Fiscalía de Guatemala “obedece al crimen y no a las ciudadanías. Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos”.
El presidente Petro enfatizó en que los crímenes cometidos “contra el pueblo latinoamericano son de lesa humanidad, son internacionales y deben ser juzgados por la Justicia Penal Internacional, a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”.
La canciller colombiana, Laura Sarabia, compartió un comunicado de prensa en el que manifestó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante la emisión de órdenes de captura en contra del excomisionado Iván Velásquez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
“Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”, enfatizó la cancillería colombiana, que además denunció que en este caso judicial no hubo “una base probatoria sólida”, ni tampoco “procedimientos transparentes”.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza la orden de captura emitida por Guatemala contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo
La Cancillería califica la acción como un atentado contra la justicia internacional y activa canales diplomáticos para manifestar su… pic.twitter.com/6wEnpU2G0A
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El excomisionado aseguró que “la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”, por lo cual manifestó su solidaridad con los exfuncionarios y los ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio.
Exjefe de la CICIG reacciona por orden de captura 🚨
Iván Velásquez, exjefe de la CICIG, condena la persecución del MP contra Luz Adriana Camargo y él. Señala a Consuelo Porras y Rafael Curruchiche como responsables de obligar al exilio a decenas de ciudadanos que lucharon… pic.twitter.com/aqvD9Sgtmg
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“Lo más insignificante es la solicitud de una orden de captura en mi contra, lo más alarmante es que hay al menos 60 operadores judiciales, fiscales, asistentes de fiscales, los jueces de las mejores calidades de Guatemala que hoy están en el exilio y que han sido acogidos por el gobierno de los Estados Unidos, quien les ha dado el refugio y les ha permitido tratar de reconectar su vida en unas circunstancias muy complejas, lo cual significa lo que esa persecución en realidad es”, dijo Camargo.
Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, también utilizó sus redes sociales para expresar que las órdenes de captura “hacen parte del patrón del Ministerio Público de usar la acción penal de forma arbitraria contra decenas de operadores judiciales, líderes sociales y periodistas que han denunciado corrupción”.
La superintendente de Industria y Comercio de Colombia tampoco quiso quedarse callada ante las acciones en contra de Velásquez y Camargo y las calificó como “un exabrupto jurídico” y un “precedente político gravísimo” porque se viola la inmunidad de la jurisdicción extranjera y se instrumentaliza de forma grosera el derecho internacional.
“Es la demostración de cómo, cuando el aparato burocrático es cooptado por fuerzas oscuras, puede convertirse en un arma de persecución y destrucción de gente honesta. Son los riesgos que se corren cuando se ingresa a la Función pública, sabiendo que todas las inquisiciones pueden desatarse injustamente. Hoy, incluso, hasta los principios de soberanía son desconocidos y violados sin la menor vergüenza. Toda mi solidaridad con quienes luchan por la justicia, sin cálculos. La verdad siempre termina por brillar y pone las cosas en su lugar”, enfatizó la superintendente.
Sin fundamento legal
Uno de los primeros críticos de estas acciones fue el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien cuestionó las facultades de la Sala de Apelaciones, asegurando que “en Guatemala reinventaron el Código Procesal Penal” y calificando estas acciones como “un monumento a la arbitrariedad judicial”.
https://x.com/JSandoval1982/status/1929647402497012174
A esa crítica procedimental se suma la exmandataria de CICIG, Flor de María Gálvez, quien explicó que una Sala de Apelaciones solamente puede modificar o revocar las resoluciones emitidas por un juzgado inferior e ironizó sobre que los magistrados se convirtieron en la “ventanilla única para el MP cuando necesita una orden de aprehensión exprés”.
Sin embargo, el sistema judicial guatemalteco no parece solamente haberse saltado el procedimiento para girar las órdenes de captura, sino que también habría violado la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Sandoval citó los artículos 10 y 12 del acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala en el que se garantizaba “inmunidad a toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y acatos realizados por ellos -delegados de la ONU- en el desempeño de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la CICIG”. Esta inmunidad tenía como objetivo garantizar a los representantes de los estados la independencia en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte la abogada colombiana especializada en Harvard, Carolina Restrepo, dijo que “no es un tema menor ni un simple episodio diplomático. Es un ataque directo a los principios básicos de justicia internacional”.
Además, indicó que el Departamento de Estado de los EE. UU. ha documentado de manera oficial, en sus informes de derechos humanos de 2023 y 2024, que el MP está cooptado y que se ha convertido en una herramienta para perseguir a fiscales, jueces, periodistas y defensores que lucharon contra la corrupción, lo cual hizo que tanto Consuelo Porras como Curruchiche y otros fiscales y jueces fueran incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
“En este contexto, la solicitud de circular roja contra dos funcionarios colombianos, por actuaciones relacionadas con el caso Odebrecht, no es otra cosa que una maniobra política de venganza transnacional. Forma parte del patrón que hoy mantiene exiliados o judicializados a fiscales y jueces guatemaltecos que tocaron esas redes de poder”, sentenció Restrepo.
