La jueza benefició al exdirector del IGSS en un caso de corrupción y decretó falta de mérito a favor de Juan de Dios Rodríguez, acusado de desviar fondos públicos en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”. Solo tres implicados seguirán enfrentando cargos.
Por Alexander Valdéz
La jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, sumó un caso más a su larga lista de resoluciones judiciales favorables a exfuncionarios. Esta vez, benefició al expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, quien no enfrentará un proceso penal por corrupción, pese a los indicios que lo vinculaban al caso “Asalto al Ministerio de Salud”.
Al emitir su resolución de primera declaración, Cruz argumentó que, si bien existían elementos racionales para continuar la investigación en contra de Rodríguez, los hechos imputados no coincidían con lo presentado en la audiencia por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche. Por ello, decretó falta de mérito.
Al exfuncionario se le acusaba de asociación ilícita y tráfico de influencias. Según las investigaciones, habría influido en el fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio, para que autorizara la contratación de servicios y la compra de productos a empresas vinculadas a él, con el fin de beneficiarse de los fondos públicos.
En su fallo, la jueza solo procesó a otros tres implicados: Juan Manuel Llamas García, Luis Oscar Aguilar y Marco Vinicio Morales, acusados de diversos delitos, entre ellos cohecho activo, asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo
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El caso
En 2019, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud para el período 2012 a 2014, se organizó la estructura criminal, liderada por su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la etapa de apertura a juicio, el MP contará con el análisis de informes policiales de investigación; de análisis criminal y financieros, de la Contraloría General de Cuentas; ocho horas de grabación de conversaciones; 37,211 correos electrónicos analizados; un colaborador eficaz; declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100.000 folios.
En la investigación, el exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios.
Los fiscales que inicialmente tenían a su cargo el caso ya no integran la FECI, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en Guatemala.
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