Las ordenes de detención contra 26 personas siguen un patrón de criminalización en el que se observa el uso indebido del derecho penal y la declaración del proceso bajo reserva, características que la ONU ya había identificado y señalado, en sus informes.
Por Simón Antonio Ramón
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala y Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, criticaron este jueves 5 de junio, las órdenes de detención en contra 26 personas exfiscales y de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) que investigaron el caso Odebrecht.
Entre las personas perseguidas está el excomisionado Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano; Luz Adriana Camargo, fiscal general también de ese país de sudamericano; Mayra Véliz, exsecretaria general del MP; Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); Thelma Esperanza Aldana, exfiscal general del MP y otras 21 personas.
La relatora Satterthwaite señaló que en su visita oficial a Guatemala, entre el 12 al 23 de mayo, identificó patrones de criminalización como el uso indebido del derecho penal y la declaración de los expedientes bajo reserva que limita el acceso inmediato de las personas señaladas y las audiencias se realizan a puertas cerradas.
“Profundamente preocupada por los informes sobre nuevas órdenes de arresto contra exoperadoras y exoperadores judiciales anticorrupción en Guatemala, seguidos de la decisión de declarar el caso bajo reserva (secreto)”, señaló la relatora en su publicación en su cuenta de X.
Entérese más aquí:
https://prensacomunitaria.org/2025/05/informe-de-relatora-de-onu-identifica-patron-de-criminalizacion-en-el-pais/
En su visita oficial Satterthwaite identificó la implementación de una política de criminalización en Guatemala dirigida contra exoperadores de justicia como fiscales, juezas, jueces, abogadas y abogados.
“Como subrayé en la declaración de fin de misión que presenté al concluir mi visita al país, el uso indebido de medidas de secreto judicial y la asignación de casos a un grupo particular de jueces parecen formar parte de esta estrategia para afianzar la impunidad”, escribió en su publicación de este día.
En esta misma línea, la OACNUDH en su cuenta de red social X se refirió a la persecución penal contra las y los exoperadores de justicia.
“La resolución de la Sala Tercera de Apelaciones se extralimitaría en sus competencias, abrogándose funciones propias de juzgados de primera instancia y resolviendo fuera de lo solicitado en la recusación en curso”, señaló.
https://x.com/prensacomunitar/status/1930694519738998887?s=6
En la publicación de OACNUDH se replicó el mensaje del secretario general de la Organización de las Naciones Undidas (ONU), António Guterrez, en el que señala que las y los trabajadores de la CICIG gozan de inmunidad diplomática.
“El personal de la CICIG, en virtud del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión, goza de inmunidad procesal respecto de los actos realizados en el desempeño de su misión, la cual continúa incluso después de finalizar su empleo en la CICIG”, señala Guterrez, al referirse de este caso de criminalización.
También dijo que los actos de criminalización habían sido denunciados en la visita oficial de Valker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en julio de 2024, por lo que llamó al Organismo Judicial a garantizar el principio de legalidad.
Las acciones de Curruchiche
La FECI, de Rafael Curruchiche, persigue a exfuncionarios por la autorización de acuerdos de colaboración eficaz para exdirectivos de Odebrecht en donde se señala a Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y un centenar de diputados de recibir sobornos de esta empresa brasileña para obtener contratos de construcción de carreteras de Guatemala.
Las órdenes de detención fueron emitidas el 30 de mayo por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.
El pleno que integró la Sala para emitir las órdenes de detención fueron Alejandro Prado Estrada, presidente; Ingrid Vanessa García Vásquez, vocal I y el suplente Otilio López Maldonado. El 4 de junio se conoció que la Sala había declarado bajo reserva el caso.
