La Corte de Constitucionalidad ordenó, por mayoría, que el exministro Alejandro Sinibaldi enfrente juicio por lavado de dinero y cohecho pasivo, vinculado a sobornos de la empresa Odebrecht. El fallo revierte la decisión de la jueza Abelina Cruz, que había cerrado el caso.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó, por mayoría, que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, sea juzgado por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, vinculados al cobro de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La decisión revoca el auto de sobreseimiento emitido por la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, quien había cerrado la investigación en primera instancia.
El fallo responde a los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), reabriendo así el caso contra el exfuncionario del extinto Partido Patriota. Sinibaldi, capturado en agosto de 2020, tras entregarse a las autoridades, permaneció prófugo desde 2016, cuando la FECI y la CICIG destaparon la red de corrupción que involucraba a altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina.
La resolución se produce en un contexto particular: mientras la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) no avanzó sustancialmente en la investigación, persigue a los exfiscales que originalmente llevaban el caso. Actualmente, Sinibaldi goza de libertad y ha logrado el cierre definitivo de la mayoría de procesos por corrupción en su contra.
El magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera fue el único que respaldó a Sinibaldi.
La investigación
Según investigaciones de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI, el caso Odebrecht estaba formada por una estructura criminal denominada “Construcción y Corrupción”. Esta red era liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi Aparicio, durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
La investigación reveló que Sinibaldi gestionaba cobros ilegales que oscilaban entre el 5% y 15% del valor de los contratos públicos. A cambio, garantizaba los desembolsos a las empresas contratistas. Entre las compañías beneficiadas se encontraba la constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A., protagonista del mayor escándalo de sobornos en Latinoamérica.
Odebrecht no fue un caso aislado en Guatemala. La empresa estuvo involucrada en una vasta red de gran corrupción que alcanzó a altos funcionarios en al menos 12 países, incluyendo presidentes y vicepresidentes. En Guatemala, logró obtener contratos con el Ministerio de Comunicaciones gracias a este sistema de pagos ilícitos.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) realizó un examen especial que detectó graves irregularidades financieras y de gestión en los contratos adjudicados a Odebrecht. Los resultados fueron tan contundentes que derivaron en una denuncia formal ante la FECI por posibles delitos.
En Guatemala se investigó la adjudicación de un contrato por US$399 millones, equivalentes a Q2 mil 992.5 millones a Odebrecht, para la construcción del proyecto denominado “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente”.
De acuerdo con las declaraciones de los ejecutivos de la constructora, entre 2013 y 2015, Odebrecht pagó sobornos por aproximadamente US$18 millones a autoridades de Gobierno para obtener contratos de obras públicas. Los beneficios obtenidos por la empresa, a cambio de dichas coimas fueron de aproximadamente US$34 millones.
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