La Corte de Constitucionalidad (CC) avaló el desalojo ilegal de familias Q’eqchi’ en Plan Grande, Izabal, quienes perdieron sus tierras por un deslave en 2015. El fallo revoca un amparo que las protegía, dejándolas vulnerables a desalojos y acciones penales de criminalización. La entidad CXI, Sociedad Anónima, reclama la finca y exige la detención de las autoridades comunitarias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoce el caso y que está por vencerse el plazo del Estado para pronunciarse sobre Plan Grande’.
Por Alexander Valdez
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó una apelación a favor de la entidad CXl Sociedad Anónima, y avaló un desalojo de las familias Q’eqchi’ que se instalaron en la comunidad Plan Grande en El Estor, Izabal, desde el 2015, luego de sufrir la pérdida de su tierra en un deslave en la Sierra Santa Cruz, a unas dos horas de la finca Tz’inté, la finca es reclamada por la empresa.
El fallo de la máxima corte retira un amparo concedido a Aurelia Coc, Margarita Ché Coc, Gerardo Xol Coc y Óscar Rax Coc, quienes actuaron en nombre propio y en su calidad de representantes de la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Plan Grande. Esa decisión implica que las familias queden desprotegidas; no solo podrán ser desalojadas sino perseguidas penalmente.
En los antecedentes de la acción legal, se menciona que la sociedad privada pide el desalojo de todas las personas que se encuentren “usurpando ilegalmente” la finca denominada Plan Grande, ubicada en el municipio de El Estor, departamento de Izabal; y la inmediata aprehensión del dirigente indígena Abelino Chub Caal, Martín Xi Cuz, Mateo Pop Yaxcal, Héctor Che Raz y las personas que sean sorprendidas en forma flagrante usurpando la finca en referencia.
En 2019 un Tribunal de Mayor Riesgo en ciudad de Guatemala le ordenó al Ministerio Público investigar la propiedad de la tierra, esto durante el juicio de Abelio Chub Caal se revelaron irregularidades en los documentos que presentó la empresa en supuesta propiedad.
Consultamos vía telefónica al abogado Juan Castro sobre la resolución de la Corte, Castro afirma que desde enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoce el caso y que está por vencerse el plazo del Estado para pronunciarse sobre Plan Grande, mientras la CIDH conozca este caso el Estado está llamado a garantizar la protección de las familias Q’eqchi’.
Los representantes de la comunidad denunciaron ante la CC que temen que sus bienes y cultivos sean destruidos, además, indicaron que las familias no han sido citadas, oídas y vencidas en juicio para acreditar que sí poseen derechos de las tierras. “Como comunidad no han podido exponer las razones que motivaron que habitaran los lugares”, añadieron.
“Como comunidad indígena tienen la posesión histórica. En todo caso, el derecho penal es la última ratio y el desalojo no puede utilizarse como medida de coerción, aunado al hecho de que el Juez ejecutor no cuenta con las herramientas idóneas para diligenciar el desalojo, ya que, en la carpeta judicial no existe el geoposicionamiento del inmueble en cuestión, por lo que no existe certeza jurídica sobre la finca que será desalojada y no se elaboró un plan de reasentamiento ni medidas de asesoramiento técnico”, indicaron.
Pese a los argumentos, los magistrados no accedieron a sus peticiones y dieron la razón a la empresa, avalando de esa cuenta el desalojo de las familias y la persecución penal de quienes habitan en ese sitio.
“En razón de lo anterior, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia. Habiendo resuelto en sentido contrario el Tribunal A quo, debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto por la entidad CXI, Sociedad Anónima, tercera interesada y como consecuencia, revocarse la sentencia venida en grado, por las razones consideradas”, resolvió.
Familias quedan desprotegidas
En julio de 2024, las familias denunciaron que unos 300 trabajadores de la finca El Murciélago, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya, quien fungió como representante legal de las empresas Inversiones Cobra S.A., CXI Sociedad Anónima, Agrícola Industrial Sociedad Anónima y Bananera Izabal Sociedad Anónima, amenazan con desalojar a 38 familias de esa propiedad.
Arriaza Migoya, y su hermano Luis Fernando, han criminalizado durante años a la población de varias comunidades del municipio de El Estor, entre ellos a Abelino Chub quien estuvo preso injustamente, durante dos años y dos meses por delitos que no cometió. En el 2017, acusaron a Chub de usurpación agravada y, en marzo de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A lo declaró inocente.
La comunidad de Plan Grande está a orillas de la Sierra de Santa Cruz en El Estor, Izabal. La pueblan 38 familias Q’eqchi’. Estas personas han denunciado que, entre el 24 y 25 de junio, recibieron amenazas de desalojo de parte de trabajadores de la finca El Murciélago.
Acá otra nota que puedes leer:
https://prensacomunitaria.org/2021/05/piden-dejar-sin-efecto-orden-de-desalojo-de-comunidad-qeqchi-plan-grande-en-el-estor/
