La Sala Tercera de Apelaciones le concedió la libertad condicional al abogado David Barrera, uno de los principales implicados en el caso B410 por lavado de dinero, originado por una denuncia de la SAT durante la administración de Marco Livio Díaz.
Por Alexander Valdéz
La Sala Tercera de Apelaciones le otorgó la libertad condicional al abogado David Barrera, procesado por el delito de lavado de dinero en el caso B410. Barrera es uno de los principales acusados en esa investigación que surgió por una denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante la gestión de Marco Livio Díaz.
Entre las medidas impuestas a Barrera está el arresto domiciliario, arraigo, obligación de colocar su huella en el sistema biométrico en el Ministerio Público (MP) y el pago de una fianza de Q30 mil. El caso inició en el juzgado especializado en asuntos tributarios pero fue enviado a uno de lavado de dinero, por excusa de la antigua jueza.
En diciembre de 2024, la Fiscalía de Delitos Económicos capturó a las primeras tres personas que figuran en la investigación por posible defraudación tributaria conocida como B410. Además de Barrera Maldonado, se detuvo a Eder Medardo López Morales y Carlos René Ayala Morales, a quienes se les señala de distintos delitos, entre estos, lavado de dinero, fraude, defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria, respectivamente.
La investigación señala que Barrera es abogado y notario, fundador, administrador y representante legal de al menos 210 de un total de 410 empresas que presuntamente habrían defraudado al Estado durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
Una de las supuestas formas de operar era engañar a personas de escasos recursos, a quienes a cambio de un supuesto apoyo económico les pedían videos en los que proporcionaban sus datos personales y luego los ingresaban al sistema tributario.
La libertad otorgada al principal sospechoso de la defraudación más grande de impuestos descubierta hasta ahora fue avalada por la misma sala que ha sido cuestionada en los últimos meses por fallos polémicos como el encarcelamiento del periodista Jose Rubén Zamora, la suspensión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cierre del caso del exdiputado Jorge García Silva, y la cancelación del partido Movimiento Semilla.
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Nuevo fallo cuestionable
La Sala Tercera está integrada por Alejandro Prado Estrada (presidente), Ingrid Vanessa García Vásquez (vocal I) y Mario Federico Hernández Romero (vocal II), todos con antecedentes como litigantes en defensa de personas señaladas o condenadas por corrupción.
En la reciente resolución emitió las controvertidas órdenes de captura contra los exintegrantes de la CICIG y otros exfiscales que investigaron el caso Odebrecht. El magistrado presidente de la Sala, Alejandro Prado Estrada defendió al expresidente Jimmy Morales. También fue abogado defensor del diputado Felipe Alejos en el caso “Tráfico de Influencias” investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.
Mario Federico Hernández Romero, vocal II, en su currículum consta que fue abogado del expresidente Otto Pérez Molina en el caso “La Línea” y “Cooptación del Estado” y de Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima, señalada en varios casos de corrupción.
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La acusación
La acusación contra Barrera señala que era parte de un grupo de abogados que se dedicaban a la constitución de sociedades anónimas, para luego venderlas a terceros que tenían la obligación de actualizar cada cierto tiempo el domicilio fiscal y nombrar a otro representante legal.
El caso surgió por hallazgos de la SAT, que identificó una red de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Una de las anomalías destaca que estas empresas comparten al mismo representante legal y contador y se relacionan con una off shore en Belice. Al menos 200 de ellas reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BANVI, en la zona 7 capitalina.
La investigación detalló que, de 2021 a 2024, las empresas reportaron ventas por Q6 mil 400 millones, pero que solamente han pagado Q26 millones de impuestos, dando origen a una serie de auditorías en las que detectaron el entramado de corrupción que incluía la falsificación de documentos para constituir empresas, la negociación entre las mismas para la evasión de impuestos y con proveedores del Estado, además, la venta directa a instituciones públicas y municipalidades.
La pesquisa inicial estableció que se evadió el pago de Q300 millones, pero que tienen indicios que la misma podría representar más de Q800 millones adicionales, por lo que presentaron las denuncias ante los tribunales de justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La investigación se dividió en tres grandes grupos: el primero consta en la identificación de nueve empresas que, pese a ser constituidas con un capital insuficiente y no reportar bienes, proveyeron bienes y servicios por Q81 millones 762 mil 381 al Estado.
Grupo Basado, S.A. Q43 millones 968 mil 739; Grupo Propela S.A. Q12 millones 10 mil 160; Inversiones Caddie S.A. Q8 millones 813 mil 762; Inversiones Humedales S.A. Q5 millones 813 mil 489; Consorcio Las Mallorcas S.A. Q4 millones 954 mil 429; Commerce Madness S.A. Q2 millones 699 mil 518; Kaizen Inc S.A. Q2 millones 83 mil 450; Megalodon S.A. Q997 mil 834; Calakmul Q420 mil.
Estas empresas suministraron a entidades como la Policía Nacional Civil (PNC), los ministerios de la Defensa, de Cultura y Deportes y de Salud, Municipalidad de Pueblo Nuevo Viñas, Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Santa Rosa, Fondo de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Municipalidad de Guatemala, Hospital General San Juan de Dios, entre otras.
Mientras, en el segundo grupo fueron identificados 16 proveedores estatales que supuestamente adquirieron bienes y servicios a las empresas fantasma identificadas por la SAT. Estas empresas firmaron contratos con el Estado por un total de Q4 mil 342 millones y adquirieron bienes y servicios de las empresas fantasma por Q375 millones.
En el tercer grupo se identificaron a dos empresas que les proveían bienes y servicios a cinco grandes constructoras y que estas a su vez eran proveedoras del Estado. Estas dos empresas fueron inscritas con un lapso de una semana de diferencia, pusieron como domicilio la misma dirección y le vendieron bienes por Q64.8 millones a las grandes constructoras proveedoras del Estado. Las constructoras han firmado contratos con entidades públicas por Q517.2 millones.
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