Una corte federal de comercio en Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales impuestos por Donald Trump durante su presidencia. La sentencia limita el uso del poder ejecutivo para intervenir en política económica sin supervisión legislativa, y podría sentar un precedente crucial en el futuro comercial del país.
Por Prensa Comunitaria*
Un Tribunal Federal de Comercio puso freno a uno de los pilares de la política económica del expresidente Donald Trump: la imposición de aranceles a nivel global. La decisión judicial establece que estas medidas excedieron las facultades otorgadas al Ejecutivo por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Los aranceles en cuestión incluían un gravamen general del 10 % sobre la mayoría de los productos importados, así como tasas diferenciadas más altas dirigidas a países como China, México y Canadá. La administración Trump había justificado su aplicación bajo la IEEPA, argumentando que existía una amenaza económica a la seguridad nacional.
Sin embargo, el tribunal concluyó que dicha normativa no autoriza al presidente a alterar de manera unilateral la política arancelaria del país. En su fallo, los jueces subrayaron que la Constitución de Estados Unidos reserva al Congreso la potestad exclusiva de establecer impuestos, aranceles y regulaciones comerciales.
La resolución se produjo tras una serie de demandas presentadas por pequeñas y medianas empresas, así como por los gobiernos de varios estados gobernados por demócratas, entre ellos California y Oregón, quienes denunciaron los graves efectos económicos que las tarifas impuestas habían generado en sus comunidades y cadenas de suministro.
Eliminan aranceles generales del 10%
Con la sentencia, quedan suspendidos los aranceles que alcanzaban hasta un 30 % sobre importaciones procedentes de China y del 25 % para productos de México y Canadá, además del arancel general del 10 % que afectaba a la mayoría de los bienes que ingresaban al país. Guatemala y el resto de Centroamérica serán beneficiados con esta nueva medida porque quedan vigentes las normas del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos (DR-Cafta por su siglas en inglés).
No obstante, se mantienen vigentes las tarifas específicas sobre acero, aluminio y automóviles, impuestas bajo otra legislación: la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.
El impacto de la decisión no tardó en reflejarse en los mercados financieros. Las principales bolsas estadounidenses reaccionaron con optimismo: el índice Dow Jones repuntó más de 400 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron incrementos cercanos al 1.5 %.
Hasta el cierre de esta nota, ni Trump ni sus asesores han emitido declaraciones sobre el revés judicial. Tampoco la actual administración se ha pronunciado oficialmente, aunque diversas voces en el Congreso, especialmente entre los demócratas que promovieron las demandas contra esta medida unilateral de Trump, celebraron la resolución como una victoria para el equilibrio de poderes y la transparencia en la política comercial.
Este fallo marca un precedente importante en la delimitación de las atribuciones presidenciales en materia económica y podría influir en futuras disputas legales sobre el alcance de la autoridad ejecutiva en contextos de emergencia nacional.
*Con información de El País, Noticias Nueva Inglaterra y Business Insider
