La discusión de un proyecto de ley de aguas ha sido motivo de controversia y rechazo por varios sectores organizados en Guatemala, por el temor a que se consolide la privatización de este bien natural y que se desconozcan los sistemas organizativos que históricamente han cuidado y defendido el agua.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Guatemala presenta una crisis severa por la falta regulación del agua y todos los factores alrededor de este vital líquido.
Por Prensa Comunitaria
Las organizaciones de autoridades comunitarias y ancestrales de los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos participaron en el diálogo que promueve el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como un primer paso para la construcción de una ley de aguas en el país.
En la reunión del 20 de mayo, las autoridades comunitarias realizaron una serie de propuestas a la cartera y manifestaron que esperan que estos diálogos no sean un “show político” de parte del gobierno.
Durante los meses de abril, mayo y junio, el Organismo Ejecutivo, por medio del MARN, ha convocado a la población organizada para participar en eventos participativos en 13 puntos del territorio nacional.
El objetivo de este primer evento, según el gobierno, es dialogar y profundizar sobre la situación nacional del agua, los principales desafíos que supone la regulación general de aguas. Estos eventos ya se han realizado en territorios de Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz y Sololá.
La mayoría de los participantes en el diálogo se identificaron como parte del pueblo maya K’iche’ y maya Mam.
Desde la cosmovisión de estos pueblos, el agua es un elemento de vida, sagrado y sujeto de derechos. No es una mercancía como como lo hacen ver las empresas industriales, agroindustriales o extractivas.
En las comunidades existen sistemas de organización que han administrado, cuidado, conservado y defendido los bienes naturales, desde principios y valores de la cosmovisión maya. La mayoría de las comunidades rurales tienen normativas que permiten la regularización en el acceso, uso y cuidado de las fuentes y sistemas de agua.
Propuestas
Aidé Zotin, del municipio de Cantel, en representación de la Asamblea de Pueblos, Agua, Vida y Territorios, entregó un documento que contiene diecinueve puntos con posicionamientos en relación a la problemática del agua.
Dentro de las propuestas están: reconocer el derecho humano al agua, que se respete las formas propias de organización de los pueblos en relación a este bien, que se castiguen a las empresas que contaminan y usan de manera desmedida el agua, reconocer al agua como un ser vivo, que se realicen consultas a los pueblos cuando se pretenda implementar proyectos que afecten los bienes naturales, que se realicen reformas a otras leyes para garantizar el derecho al agua, establecer de manera más concreta la obligación de las municipalidades para promover los servicios de agua y saneamiento, entre otros.
Rechazo a cualquier propuesta de privatización
Carlos Ixtabalán, autoridad comunitaria de Quetzaltenango, argumentó que se requiere de una ley en favor de los pueblos, respetar su filosofía y que estos tengan el poder de decidir sobre sus bienes naturales.
La mayoría de las personas que participaron expresaron que no están a favor de una ley de aguas que legalice o que siga permitiendo el desvío de ríos para riego de monocultivos, el uso excesivo de agua para empresas mineras o industriales, ya que se considera que es una forma de seguir con la privatización del agua.
Cuestionamientos hacia el gobierno
A pesar de que en este primer diálogo no se abordaron propuestas concretas para una iniciativa de Ley a Aguas, los y las participantes presentaron inconformidades con el proceso, entre ellos: mejorar la convocatoria, realizar estos diálogos a nivel de los municipios y departamentos con los pueblos originarios.
Se solicitó al MARN realizar estos encuentros con otros sectores de la sociedad ya que en estas jornadas no se contó con la representación de todos los municipios de los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos. Estos tres departamentos comprenden un total de 62 municipios.
Argumentaron que no aceptarán una ley de aguas que favorezca a sectores económicos y lamentaron que la mayoría de alcaldes o diputados del Congreso no estén haciendo un buen trabajo por atender las demandas de las comunidades.
Patrocinio López, autoridad ancestral del pueblo K’iche’, considera que el gobierno está escuchando las demandas, sin embargo, esperan que sean consideradas en el seguimiento.
López dijo que esperan que estos diálogos no sean un “show político”, ya que están cansados de ser engañados y que no se tomen en cuenta las propuestas o que no se dé el seguimiento correspondiente.
Los representantes de la cartera argumentaron que estarán realizando diálogos con alcaldes municipales, diputados distritales y jefes de bancadas con representación en el Congreso.
Esperan que en las siguientes etapas del proceso puedan contar con la participación de más sectores y contar con sus propuestas sobre los contenidos del proyecto de ley de aguas.
Desigualdad en el acceso al agua
Según datos del MARN, desde hace varios años Guatemala atraviesa una crisis por el agua, que tiene que ver con problemas como la deforestación, la contaminación generalizada del agua, sobreexplotación de las aguas subterráneas y los efectos del cambio climático, que repercute en los ciclos de lluvia y de sequías prologadas.
En cuanto al uso del agua, solo el 2% es para uso de los hogares, el 25% lo usan las hidroeléctricas, 29% está destinado para riego agrícola y el 38% para la industria. Esta situación genera una desigualdad, ya que alrededor de 7.4 millones de guatemaltecos no cuentan acceso al agua potable o entubada.
Actualmente, el gobierno de Bernardo Arévalo promueve la discusión de un proyecto de ley de aguas, un pendiente desde 1985, desde cuando se ha tratado de aprobar una iniciativa en este sentido.
El artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. El aprovechamiento, uso y goce de las aguas se otorgan de acuerdo a la ley, considerando el interés social. Una ley específica regula esta materia”, sin embargo, hasta la fecha Guatemala no cuenta con una ley en la materia.
