Una carta abierta firmada por 27 organizaciones canadienses respaldó la decisión del pueblo Xinka de rechazar la mina Escobal en Guatemala. El pronunciamiento exige respeto a su derecho a la autodeterminación y denuncia las violaciones cometidas durante más de una década de resistencia contra el proyecto extractivo canadiense.
Por Prensa Comunitaria
En una carta abierta, 27 organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos de Canadá han reafirmado el respaldo internacional al pueblo Xinka de Guatemala, tras su decisión colectiva de no consentir la reactivación de la mina de plata Escobal, operada por la empresa canadiense Pan American Silver.
La carta, difundida esta semana por MiningWatch Canada, denuncia las violaciones a derechos humanos que marcaron el proceso extractivo en el sureste de Guatemala y hace un llamado a respetar el derecho del pueblo Xinka a la autodeterminación.
La carta está firmada por un diverso conjunto de colectivos e instituciones canadienses, entre ellas el Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA), la red Common Frontiers, el grupo Mining Injustice Solidarity Network, el Laboratoire Lagopède de la Universidad de Quebec, el Indigenous Law Research Unit, Inter Pares, el Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), y varias instancias regionales del movimiento Breaking the Silence.
También respaldan la declaración grupos comunitarios y religiosos como la Martha Justice Ministry, el Mining Justice Action Committee de Victoria, la Victoria Peace Coalition, Shake Up the Establishment y el colectivo Codevelopment Canada, entre otros.
Todas ellas coinciden en señalar que la decisión del Parlamento Xinka —hecha pública el pasado 8 de mayo frente al Palacio Nacional de Guatemala— constituye un acto legítimo de autodeterminación. Durante esa conferencia de prensa, las autoridades indígenas anunciaron que, tras siete años de proceso de consulta, no otorgarían su consentimiento al proyecto minero Escobal por considerar que el Estado guatemalteco no ha garantizado sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso al agua, a la salud, a un ambiente sano, a su identidad cultural y territorial.
“Llamamos al gobierno de Guatemala, a Pan American Silver y al Estado canadiense a respetar los resultados de la consulta, a garantizar la seguridad de las autoridades Xinka y a abstenerse de cualquier intento de imponer el proyecto minero contra la voluntad del pueblo”, dice el texto firmado.
https://prensacomunitaria.org/2025/05/mas-de-15-anos-de-resistencia-del-pueblo-xinka-a-la-mina-el-escobal/
Siete años de una consulta marcada por exclusión e intimidación
El proceso de consulta, ordenado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en septiembre de 2018, fue consecuencia directa de la falta de consulta previa al pueblo Xinka antes de la autorización de la mina. Sin embargo, lejos de significar un avance en la protección de los derechos indígenas, el proceso se desarrolló bajo condiciones extremadamente adversas.
Durante los dos primeros años, las autoridades Xinka fueron excluidas de la mesa de consulta. Posteriormente, enfrentaron falta de cooperación del Estado y la empresa para realizar estudios técnicos independientes. El gobierno tampoco asignó los recursos necesarios para el equipo técnico del pueblo Xinka, como lo había ordenado la Corte. A ello se sumaron actos de hostigamiento, intentos de cooptación y el asesinato de un líder comunitario.
Pese a estos obstáculos, el Parlamento Xinka mantuvo firme su compromiso con la defensa del territorio, articulando a decenas de comunidades de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, en el sureste de Guatemala. El proceso culminó con una decisión clara: el rechazo rotundo a la reactivación de la mina Escobal.
Más de 15 años de resistencia comunitaria
La lucha del pueblo Xinka contra el proyecto minero no comenzó con la consulta. Desde 2011, las comunidades organizaron la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, un movimiento social que denunció los riesgos de contaminación, agotamiento del agua, impactos sociales y culturales, y la ausencia total de consentimiento por parte de los pueblos originarios.
Conoce más:
https://prensacomunitaria.org/2025/05/mas-de-15-anos-de-resistencia-del-pueblo-xinka-a-la-mina-el-escobal/
Entre 2011 y 2013, se llevaron a cabo múltiples consultas municipales y comunitarias en las que decenas de miles de personas votaron en contra del proyecto. Sin embargo, en 2014, el gobierno guatemalteco aprobó la licencia final para la mina y declaró un estado de sitio en la región. La empresa Tahoe Resources —entonces propietaria del proyecto— se inició operaciones en medio de una campaña de criminalización, militarización y represión que dejó varios heridos por disparos de seguridad privada.
Desde junio de 2017, las comunidades instalaron dos campamentos de resistencia pacífica permanente para impedir el paso de vehículos hacia la mina y exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales que suspendieron el proyecto por falta de consulta. Estos espacios continúan activos hasta la fecha, constituyéndose como un símbolo de defensa del agua, la tierra y la vida.
Un precedente histórico en Guatemala
La decisión del pueblo Xinka marca un precedente sin igual en el país: es la primera vez que un proceso de consulta formal a un pueblo indígena en el marco de un proyecto extractivo culmina con un rechazo fundamentado y público al proyecto. Más allá de lo legal, representa un hito político y cultural en la defensa de los derechos colectivos y el reconocimiento del pueblo Xinka, que durante décadas fue negado institucionalmente.
https://prensacomunitaria.org/2025/05/el-pueblo-xinka-entrega-los-resultados-de-su-consulta-sobre-la-mina-el-escobal/
A lo largo de estos años, las comunidades también han demostrado la viabilidad de formas propias de investigación y monitoreo ambiental. Estudios promovidos por científicos comunitarios han evidenciado contaminación por arsénico en el agua y el agotamiento de nacimientos vitales para la región. Asimismo, han defendido su cosmovisión, su idioma, sus formas organizativas ancestrales y su derecho a decidir su propio futuro.
El llamado internacional
Las organizaciones canadienses recordaron que tanto la legislación internacional como los estándares de responsabilidad corporativa obligan a respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, invocaron las directrices canadienses “Voices at Risk”, que establecen mecanismos para proteger a defensores de derechos humanos en contextos de riesgo.
“Respaldamos al pueblo Xinka en su decisión soberana de rechazar la mina Escobal. Es hora de que el gobierno canadiense deje de proteger los intereses de las empresas mineras por encima de los derechos de los pueblos indígenas”, concluye la carta.
Mientras las comunidades siguen en pie de resistencia, el caso de la mina Escobal se ha convertido en un emblema de la lucha contra el modelo extractivo impuesto y una lección de dignidad territorial que trasciende fronteras.
