Pobladores de las 54 comunidades de Livingston acudieron al Congreso de la República para exigir que se respete el área protegida Sierra Santa Cruz, temen que este en riesgo por la amenaza de la extracción minera de níquel a cielo abierto.
Las autoridades estatales indican que no existe tal amenaza, pero las y los comunitarios mostraron fotos que indican que una empresa realizó una consulta a la población “bajo engaño”.
Por Juan Bautista Xol
Representantes de las 54 comunidades de Livingston, en el Caribe guatemalteco, demandaron a las autoridades estatales la protección del área de protección especial, Sierra Santa Cruz, el cual indican está amenazada por el interés de las empresas mineras. Las autoridades niegan que se hayan emitido licencias de exploración y explotación minera en dicha área.
Las autoridades comunitarias viajaron a la ciudad capital con sus propios recursos el 24 de abril para reunirse en el Congreso de la República, con los tres diputados de Izabal, Edgardo Ramírez, Juan Ramón Rivas y Thelma Ramírez y los ministros de Energía y Minas y de Ambiente.
A la reunión también asistieron el gobernador departamental de Izabal Carlos Tenas y el alcalde municipal de Livingston, Enrique Xol.
La reunión fue para exigir la cancelación inmediata de la cualquier licencia minera a la compañía Río Nickel, que pretende operar en la Sierra Santa Cruz, ubicado en los municipios de Livingston y El Estor, Izabal, así como Chahal y Cahabón, de Alta Verapaz. Este cerro es una zona montañosa bajo protección del Estado y que alimenta muchos ecosistemas del departamento.
Los comunitarios señalan que la operación minera en las montañas contaminaría los ríos y nacimientos de agua que abastecen a las familias en tiempo de sequía, motivo por el cual rechazan las actividades extractivas.
“No queremos minería y exigimos la cancelación de las licencias, queremos un resultado favorable para nuestro pueblo”, manifestaban los comunitarios a las autoridades estatales en la reunión.
Aunque los ministros de Ambiente y de Energía y Minas indicaron a los comunitarios que no existen licencias mineras en Izabal, los pobladores presentaron documentos en el que se indica que las licencias fueron otorgadas en el 2022 y 2023 durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Para las autoridades comunitarias dichas licencias son un atropello y una burla para la población de Livingston porque lo hicieron mediante una consulta bajo engaño y discriminatoria durante un gobierno señalado de graves delitos de corrupción.
Fue en 2019 que una de las empresas mineras de níquel en Izabal fue denunciada por entregar supuestos sobornos al expresidente Giammattei para obtener licencias mineras en ese departamento y obtener el control del puerto Santo Tomas de Castilla, lugar en donde operan las dos empresas de níquel, ambas sancionadas por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Ley Magnitsky, así lo público el diario español El País en su reportaje El presidente de Guatemala es investigado por presuntos sobornos de empresarios rusos
“Señores ministros, porque nos dicen que no hay mineras si aquí están las pruebas, aquí se evidencian que se hizo la consulta, pero fue una consulta bajo engaños porque no nos consultaron ni mucho menos a la municipalidad” expresaron las mujeres.
“No podemos vivir sin agua”
Enrique Che, autoridad ancestral en la comunidad de Río Pita, asegura que defienden la Sierra Santa Cruz porque alberga flora y fauna. La destrucción del cerro podría causar la pérdida de recursos naturales.
“Podemos vivir sin energía eléctrica pero no podemos vivir sin agua, es por eso que estamos luchando para exigir la anulación de la licencia, no queremos que una empresa minera destruya nuestro cerro como ocurre en El Estor,” manifestó Che refiriéndose a la actividad de la minera Compañía Guatemalteca de Níquel (PRONICO) en ese municipio.
Entre las demandas de los comunitarios es que las autoridades estatales agilicen la protección del medio ambiente, y que se aseguren de realizar inspecciones en las áreas, ya que las comunidades han realizado inspecciones y en cada una de ellas han encontrado agujeros, arboles marcados, campamentos y botas industriales que pudieron haber sido utilizadas para la perforación del cerro.
Todo eso fue proyectado como evidencia en el Congreso.
Aunque los pobladores mostraron evidencias de lo que consideran se trata de actividad minera que ya se realiza en el Cerro Santa Cruz, el diputado Edgardo Ramírez, diputado de Izabal, afirmó en una publicación en la red social Facebook que lo que hay es una tala ilegal de árboles.
Esto luego de una inspección que realizaron la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y otras instituciones el 9 de abril.
Esta inspección se realizó un día después de que comunitarios liberaran el paso que habían tomado las comunidades en jurisdicción de la comunidad San Antonio Sejá.
Piden respetar área protegida
Con determinación las mujeres mencionaron que no se necesitan estudios ambientales, ni estudios técnicos para saber si existen posibilidades de una operación minera y piden que se respete esta área protegida.
“No es necesario estudios ambientales ni técnicos, exigimos que se respete el área protegida, para nosotras es importante ya que dependemos del vital líquido” reclamaron las comunitarias.
Por su parte Enrique Xol, el alcalde municipal aseguró que sigue firme en apoyar a su pueblo y rechazar la minería y exigió a los Ministerios de Ambiente y Energía y Minas el respeto hacia su pueblo y que no se burlen de ellos.
Mientras que el gobernador departamental Carlos Tenas y el diputado Ramírez diputado pidieron realizar una hoja de ruta y que se inicie una auditoria de investigación sobre las licencias mineras y luego avanzar con su cancelación.
Vea una noticia anterior aquí.
https://prensacomunitaria.org/2025/04/comunidades-qeqchi-protestan-contra-actividad-minera-en-livingston/
