Documentación a la que tuvo acceso Prensa Comunitaria revela que el pleno de magistrados ha debatido en repetidas ocasiones si incluir o no estos expedientes en agenda, pero las divisiones al interior de la Corte Suprema de Justicia han impedido una resolución.
Por Alexander Valdéz
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha enfrentado, en las últimas semanas, un debate interno sobre al menos cinco solicitudes de retiro de inmunidad presentadas entre 2023 y 2024, que esperan una resolución. Según información obtenida por Prensa Comunitaria, este tema ha generado divisiones entre los magistrados durante las sesiones plenarias: mientras algunos impulsan su inclusión en la agenda para su discusión y votación, otros han preferido evitar su tratamiento.
Tres de las solicitudes de antejuicio fueron impulsadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y las otras dos por la Fundación contra el Terrorismo, liderada por Ricardo Méndez Ruiz. Ambos son opositores al gobierno del presidente Bernardo Arévalo y enfrentan sanciones internacionales de Estados Unidos, por corrupción.
Los señalamientos están vinculados a la investigación en contra del Movimiento Semilla, cuyo estatus como partido político se encuentra cancelado por acciones legales que están sin resolverse. Las acusaciones giran en torno a presuntas irregularidades en su conformación y financiamiento. Con este caso se intentó evitar la toma de posesión de Arévalo en 2024 y anular los resultados presidenciales del 2023.
Por otro lado, la Fundación contra el Terrorismo, una organización con vínculos a sectores militares y que ha promovido la criminalización de jueces, fiscales, activistas y periodistas, presentó una de las peticiones de investigación contra Arévalo y funcionarios de su gobierno. Esta acción coincidió con el momento en que se especulaba sobre un posible intento de destituir a la fiscal general Consuelo Porras, aliada de los sectores conservadores.
Los antejuicios (2023-2024)
- Antejuicio 333-2023: Ingresó a la Corte Suprema el 15 de diciembre de 2023. La Fiscalía Contra la Impunidad lo vinculó al caso denominado “Corrupción Semilla”, por supuestas inconsistencias en la creación del partido político.
- Antejuicio 3-2024: La Fiscalía Especial Contra la Impunidad señaló a Arévalo, incluido en el caso contra Semilla, por presuntas irregularidades con el financiamiento del partido.
- Antejuicio 57-2024: Fue promovido por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, que lo sindicó de distintos delitos por supuestamente buscar la destitución “ilegal” de la fiscal general Consuelo Porras.
- Antejuicio 72-2024: Presentado por Ricardo Méndez Ruiz, Fundación contra el Terrorismo. En este segundo señalamiento se hizo en el mismo sentido del anterior.
- Antejuicio 169-2024: Fue presentado por la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI). Según Rafael Curruchiche, habría emitido una orden ilegal con la creación de un mecanismo de pago arbitrario por obras viales.
El procedimiento
El proceso de antejuicio contra el presidente de Guatemala es un trámite legal que busca determinar si procede o no la solicitud para retirarle la inmunidad e investigarlo por la posible comisión de un delito. De avanzar, el caso llegaría al Organismo Legislativo, donde se integraría una comisión pesquisidora mediante sorteo. Esta comisión elaborará un informe con una recomendación para que el pleno discuta si es viable o no retirarle ese derecho.
En gobiernos anteriores, como los de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, ambos enfrentaron solicitudes de antejuicio que llegaron al Congreso de la República. Sin embargo, solo Pérez Molina fue despojado de su inmunidad y posteriormente procesado.
En el caso de Alejandro Giammattei, durante su gestión contó con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó las solicitudes de antejuicio, impidiendo que alguno llegara al Congreso. Actualmente, aún hay algunos en trámite, por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero sigue gozando de inmunidad.
En cuanto a Bernardo Arévalo, los antejuicios en su contra no han avanzado y permanecen en la Cámara de Amparo y Antejuicio, presidida por el magistrado Carlos Ramiro Contreras. No obstante, se espera que en las próximas semanas se resuelvan algunos de estos expedientes.
Hasta ahora, los antejuicios han pasado por un juez que se inhibió del caso y los remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este primer filtro será clave para determinar si las peticiones contra Arévalo avanzan hacia el Congreso.
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“No deben dejar influenciarse por actores antidemocráticos”
Según el exjuez penal Carlos Ruano, el hecho de que los antejuicios planteados en 2023 y 2024 no hayan sido resueltos demuestra los altos niveles de politización en la Corte. Explica que, conforme a la Ley en Materia de Antejuicio, el único papel que debe desempeñar la Corte es decidir si admite o no los casos, sin analizar el fondo de los mismos (es decir, sin evaluar si son espurios o políticos).
“Es fácil determinar eso para un órgano jurisdiccional y una Corte Suprema de Justicia que se esperaría esté conformada por los mejores profesionales del derecho y que realicen esa labor de interpretación y de resolución más apegada a las constancias procesales y de garantizar la estabilidad del país. Porque es un antejuicio contra el presidente de la República, y no deben dejarse influenciar por esos actores corruptos antidemocráticos que desestabilizan y persiguen la disidencia en Guatemala”, añadió.
Por su lado, el abogado y exfiscal Juan Francisco Sandoval, considera que la Corte Suprema de Justicia ha incumplido su deber constitucional al no conocer y rechazar los antejuicios promovidos en contra del presidente Arévalo. A su criterio, esas acciones son “espurias, ilegítimas y de naturaleza eminentemente política”.
“Lejos de actuar con independencia e imparcialidad, la CSJ ha optado por engavetar estos expedientes, manteniéndolos en un limbo procesal que permite su eventual activación como herramienta de presión y chantaje político”, señaló.
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