El 30 de abril de 2025, la Casa de la Memoria Kaji Tulam fue sede del conversatorio “Justicia poética: habitando los espacios de memoria”, un espacio en donde se reafirmó la necesidad de que la memoria no sea únicamente un recurso simbólico, sino una herramienta crítica para incidir en las condiciones del presente. “Estas luchas que dan lugar a estos espacios también han respondido a logros, y es importante reivindicarlos, reconocerlos, y en cierta medida, también celebrarlos, porque son logros de la memoria frente al olvido”, dice Andrea Plician.
Por Derik Mazariegos
El encuentro reunió a representantes del Museo de la Memoria del Parque Intercultural de Quetzaltenango, al colectivo H.I.J.O.S. y a activistas vinculados a las luchas por la verdad, la justicia y la reparación en Guatemala. No se trató de una conmemoración tradicional, sino de un espacio político para cuestionar el tratamiento que recibe la memoria histórica en un país que sigue negando su pasado genocida, instrumentalizando los discursos de memoria y obstaculizando el acceso a una justicia transicional efectiva. A partir del intercambio, se reafirmó la necesidad de que la memoria no sea únicamente un recurso simbólico, sino una herramienta crítica para incidir en las condiciones del presente.
De cuartel contrainsurgente a espacio en disputa
Uno de los ejes centrales del conversatorio fue el análisis del proceso de resignificación de la Zona Militar 17-15, antigua sede de la Brigada Militar “Manuel Lisandro Barillas”, en Quetzaltenango. Durante el conflicto armado interno (1960 – 1996), esta base funcionó como centro regional de operaciones contrainsurgentes, vigilancia política, detenciones arbitrarias y tortura. Documentos históricos, testimonios de sobrevivientes y registros forenses han demostrado que en los sótanos del cuartel se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo desapariciones forzadas.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz, el Estado transfirió la propiedad del terreno a la municipalidad de Quetzaltenango en 2005. Dos décadas después, gracias a la organización de colectivos locales, se creó el Museo de la Memoria, inaugurado en marzo de 2024, ubicado en el antiguo sótano del cuartel. Allí permanecen visibles las puertas de las celdas, grafitis hechos por personas detenidas y huellas materiales que evidencian el carácter represivo del sitio.
Pero el proceso no ha estado exento de tensiones. Como se expuso en el conversatorio, la resignificación del lugar sigue siendo parcial: el Parque Intercultural de Quetzaltenango convive con dinámicas de recreación cotidiana que, sin una pedagogía crítica del espacio, corren el riesgo de banalizar el pasado o vaciarlo de contenido político.
“Hablar sobre la represión y el genocidio también es reivindicar la vida. Lo que nuestros familiares buscaban con su participación política, social o revolucionaria era la vida. Era eso lo que perseguían”, se mencionó en el conversatorio.
La memoria no institucional: archivo comunitario y acción directa
Desde el colectivo H.I.J.O.S. se compartieron experiencias de intervención pública realizadas desde finales de los años noventa. Empapelar cuarteles, obstruir homenajes a veteranos militares, y colocar imágenes de personas desaparecidas en lugares estratégicos han sido tácticas de intervención del espacio urbano para denunciar la continuidad de la impunidad.
“Tuvimos que ir a buscarlos al cuartel Matamoros, la Guardia de Honor, la casa de Mejía Víctores. Lo importante no fue solo hacer estas acciones, sino el impacto que causaron”, recuerda integrante del colectivo.
Estas acciones no solo visibilizaron el horror que el Estado intenta borrar, sino que también permitieron construir un archivo desde abajo, incorporando testimonios e información sobre personas desaparecidas que no figuraban en registros oficiales.
“Muchas personas se acercaban a contarnos de sus familiares. Así fuimos recuperando datos, fotografías, relatos que no estaban en ningún archivo formal”, evoca una integrante del colectivo.
Se habló también del cuerpo como lugar de inscripción del dolor y de la memoria. La represión no termina con la violencia directa: continúa en la persecución, en el desgaste emocional, en la censura y en el silenciamiento estructural. Por eso, se subrayó que la ternura, los vínculos humanos y el cuidado colectivo son herramientas para sostener el proceso.
Autonomía, censura y cooptación
La Casa de la Memoria Kaji Tulam abordó otra dimensión del problema: la censura institucional y el control del discurso histórico. Durante años, el lugar fue excluido de los recorridos escolares por decisión de autoridades municipales, bajo el argumento de que “no era apto para niños y niñas”. Esta exclusión revela los límites del reconocimiento simbólico cuando la memoria se construye desde una perspectiva crítica.
Se denunció también la cooptación del discurso de memoria por parte de actores económicos e institucionales, que intentan vaciarlo de contenido político. Se relató el caso de la Casa Museo Luis de Lión, un proyecto comunitario que fue contrarrestado por la creación de un museo oficial bien financiado con apoyo empresarial, destinado a suavizar el mensaje de denuncia.
“Cuando apenas teníamos cartulinas colgadas, un banco montó un museo con presupuesto millonario para contrarrestar nuestra propuesta. Eso también es disputa por la memoria”, mencionó Andrea Plician, coordinadora de Casa de la Memoria, recordando y citando cómo otras iniciativas de memoria, como la Casa Museo Luis de Lión, han enfrentado retos para mostrar la verdad.
Una apuesta compartida
A pesar de sus diferencias organizativas, la Casa de la Memoria Kaji Tulam, el colectivo H.I.J.O.S. y el Museo del Parque Intercultural de Quetzaltenango comparten una apuesta común: la memoria como herramienta de lucha, no como objeto de preservación cultural. En los tres casos, se trata de iniciativas impulsadas por familiares, sobrevivientes y comunidades organizadas, que se resisten a la lógica del archivo cerrado o del museo neutral. Sus prácticas parten de la acción directa, la denuncia, la pedagogía crítica y el vínculo entre pasado y presente.
En todos los casos, se ha enfrentado censura, abandono institucional y reacciones adversas por parte de actores que se benefician del olvido. Y en todos los casos, la respuesta ha sido politizar la memoria, resignificar el territorio y sostener la exigencia de verdad y justicia.
Memoria, poder y negación: la impunidad como estructura
Guatemala es uno de los países de América Latina donde el proceso de justicia transicional ha sido más desigual, fragmentado e incompleto. Aunque la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluyó en 1999 que el Estado fue responsable del 93% de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, incluyendo actos que configuran genocidio, el aparato estatal y los grupos de poder que operaron la violencia no han sido desmantelados. Por el contrario, se han reciclado en nuevas formas de control político, mediático, militar y judicial.
El 10 de mayo de 2013, Guatemala marcó un hito al convertirse en el primer país del continente en condenar por genocidio a un exjefe de Estado: el general Efraín Ríos Montt fue hallado culpable y sentenciado a 80 años de prisión. Sin embargo, apenas diez días después, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia por supuestos vicios procesales, evidenciando los límites estructurales de la justicia. Desde entonces, otros casos emblemáticos han enfrentado obstáculos similares: el caso CREOMPAZ, que documenta la exhumación de 565 osamentas en una antigua base militar; el caso del Diario Militar, que vincula a altos mandos con desapariciones forzadas; o el caso Sepur Zarco, que logró una sentencia histórica por violencia sexual contra mujeres Q’eqchi’ de El Estor, Izabal. A pesar de ello, la mayoría de responsables sigue en libertad, y muchos continúan vinculados al poder político o económico.
El negacionismo actual no es solo discursivo. Se expresa en la cooptación de instituciones, el bloqueo sistemático al acceso a archivos militares, la judicialización de actores sociales, y en el vaciamiento simbólico de términos como “memoria, verdad y justicia”. En ese contexto, el trabajo de espacios como la Casa de la Memoria, H.I.J.O.S. y el Museo del Parque Intercultural no solo aporta a la verdad histórica, sino que representa una resistencia activa frente a la impunidad estructural.
Además, estos espacios no operan bajo una lógica de neutralidad ni de “reconciliación” vacía. Cuestionan la falsa equivalencia entre víctimas y victimarios, y exigen que el Estado asuma su responsabilidad. Como bien se señaló en el conversatorio, el problema no es solo el olvido, sino quién construye el relato oficial, con qué fines y a costa de quiénes.
“Nos dicen que pasemos la página, pero el Estado sigue ocultando los archivos, premiando a criminales de guerra, invisibilizando a las víctimas. No es el pasado: es el presente en disputa”, mencionó el colectivo H.I.J.O.S.
Pedagogías de la memoria: una herramienta política
Otro punto central abordado en el encuentro fue el valor pedagógico de los espacios de memoria. No se trata únicamente de conservar objetos o narrar hechos del pasado, sino de generar condiciones para el pensamiento crítico. En este sentido, la pedagogía de la memoria se propone como una herramienta para interrumpir la reproducción del silencio, cuestionar las versiones oficiales de la historia y brindar a las nuevas generaciones recursos para comprender los orígenes y las persistencias de la violencia estructural en Guatemala.
Sin embargo, estas pedagogías enfrentan obstáculos concretos. La Casa de la Memoria ha experimentado restricciones a las visitas escolares, así como intentos de imponer marcos normativos que condicionen los contenidos de los museos de memoria. A ello se suma la proliferación de narrativas que relativizan o diluyen las responsabilidades históricas. Todo esto demuestra que el debate sobre la memoria está lejos de cerrarse. Más que una disputa entre pasado y presente, lo que está en juego es el derecho a recordar desde una perspectiva crítica, plural y orientada a la transformación social.
Lo comunitario como base ética y política
Tanto H.I.J.O.S. como la Casa Kaji Tulam y el Parque Intercultural tienen otra coincidencia esencial: su apuesta por lo colectivo y comunitario. No se trata de liderazgos individuales, sino de procesos compartidos, con énfasis en los vínculos humanos, el reconocimiento mutuo y la construcción desde abajo. En una sociedad profundamente atravesada por el trauma, la fragmentación social y el miedo, sostener procesos comunitarios de memoria es en sí mismo un acto contracultural.
Estas redes también permiten vincular las memorias del conflicto armado con las luchas del presente: la defensa del territorio, el feminismo comunitario, las resistencias antirracistas, las demandas de justicia para crímenes recientes como el caso del Hogar Seguro o la criminalización de defensores indígenas.
En ese sentido, lo que se está haciendo desde estos espacios no es solo recordar. Es también tejer puentes entre generaciones, construir lenguaje político y reclamar la dignidad de quienes han sido sistemáticamente borrados del relato nacional.
“Lo que se disputa no es solo el pasado. Es el derecho a decir lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué no ha dejado de ocurrir”, mencionó el equipo del museo de memoria del Parque Intercultural.
Ni museo ni homenaje: la memoria como disputa viva
El conversatorio cerró con un llamado a continuar habitando los espacios de memoria no desde la contemplación, sino desde la acción política. La lucha por el reconocimiento de las víctimas del genocidio, las exhumaciones pendientes, el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas y la denuncia de las violencias estructurales actuales son tareas urgentes, no actos del pasado.
“El relato sigue siendo un territorio en disputa. Y no hay forma de resignificar estos lugares sin confrontar a las estructuras que los convirtieron en centros de exterminio”, concluyen.
Desde las historias individuales; una señora que reconoció al maestro que había sido desaparecido, un joven que descubrió la verdad sobre su padre a partir de una empapelada, hasta las acciones colectivas como la caminata por Joaquín Rodas Andrade o el homenaje a las 56 niñas del Hogar Seguro, se reafirmó que la memoria no se hereda: se construye, se defiende y se confronta.
