En el informe preliminar, Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, señala que existe un cuadro consistente y alarmante de criminalización en el país, en el que participan el “Ministerio Público, integrantes del poder judicial y ciertos actores privados”. El informe identifica siete características de la criminalización en Guatemala.
Por Simón Antonio Ramón
“La criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables que involucran al Ministerio Público, a miembros del poder judicial y, a menudo, a ciertos actores privados”, señala el informe preliminar de la relatora de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados.
Margaret Satterthwaite indica que durante su estancia en el país pudo reunirse con la fiscal general Consuelo Porras, quien negó “rotundamente” que se dedique a la criminalización, “afirmando que la propia fiscalía y sus funcionarios eran las verdaderas víctimas del acoso y los abusos en línea”. El informe destaca que durante la reunión, Porras y los fiscales se presentaron como víctimas de los ataques del “Poder Ejecutivo y sus aliados”.
Sin embargo, la funcionaria de la ONU señala que pese a las declaraciones de la Fiscalía, “los hechos apuntan a una realidad muy distinta”.
En el informe subraya que el uso instrumental del derecho penal por parte del MP “parece equivaler a un patrón sistemático, intencional y severo de privación de los derechos fundamentales dirigido a grupos específicos. Una persecución que parece intensificarse contra quienes han intentado frenar la impunidad y la corrupción y defender los derechos humanos”.
La relatora dijo que dedicaba gran parte de su informe al tema de la criminalización porque viola el derecho a un juicio justo y público, a las debidas garantías procesales, a una preparación adecuada de la defensa y a la comunicación privada con un abogado. “Fundamentalmente, la criminalización viola el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad conforme a la ley. El despliegue coordinado y sistemático de tácticas específicas convierte el procesamiento en persecución”.
Siete son las características enumeradas en el patrón de criminalización identificado por la relatora que visitó el país del 12 al 23 de mayo:
1.- Grupos objeto de la criminalización: “Entre los objetivos se encuentran jueces, fiscales, abogados independientes, periodistas, autoridades indígenas líderes campesinos y estudiantiles, y miembros de las comisiones de Postulación. Significativamente, numerosas personas vinculadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad han sido acusadas de delitos en momentos clave de su trabajo”.
2.- La presentación de múltiples procedimientos: “Los objetivos de la criminalización a menudo se enfrentan a múltiples procedimientos judiciales basados en los mismos hechos, incluidas acusaciones paralelas presentadas por diferentes entidades o mediante el uso indebido del mecanismo del querellante adhesivo”.
3.- Acusaciones vagas, inadecuadamente relacionadas con los hechos: “El MP ha iniciado procedimientos basados en acusaciones que parecen criminalizar actividades protegidas por la Constitución y las normas de derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de reunión de asociación y el derecho de los pueblos indígenas”.
4.-Detención arbitraria: “La libertad condicional parece ser la excepción más que la regla. La carga de la prueba se invierte con frecuencia, y los jueces exigen a los acusados que presenten sus pruebas de empleo, residencia u otros indicadores de estabilidad social para que se considere la posibilidad de la libertad condicional. El mecanismo de aceptación de cargos se ha convertido en un poderoso instrumento de coacción”.
5.- Acosa y amenazas en línea: “Antes, durante y después de los procedimientos formales, las campañas coordinadas en línea, a menudo organizadas a través de cuentas anónimas hacen circular amenazas de detención, daños físicos o incluso la muerte. A pesar de las denuncias y quejas a las autoridades no se ha emprendido ninguna investigación significativa para rastrear o detener estos ataques”.
6.- Uso indebido de la asignación de casos: “El sistema aleatorio de causas penales parece estar sujeto a la manipulación. Los casos que involucran a exoperadores de justicia, abogados defensores y otros involucrados en esfuerzos anticorrupción o de justicia transicional son sistemáticamente asignados a un puñado de jueces específicos. Los datos sugieren que es muy poco probable que este patrón sea casual”.
7.- Erosión de las garantías procesales: “Las medidas de secreto judicial, comúnmente conocida como reserva, son solicitadas habitualmente por el MP en casos políticamente sensibles. Cuando se concede la reserva da lugar a un acceso limitado a las pruebas, abogados defensores y sirve de base para excluir a la prensa, personal de derechos humanos, familiares e incluso abogados defensores. Los casos de criminalización se caracterizan por repetidas suspensiones de las audiencias judiciales sin justificación. Estas prácticas forman parte de una estrategia de instrumentalización del derecho penal para desprestigiar, intimidar y neutralizar a jueces, fiscales, abogados, periodistas y líderes indígenas”.
“Nos preocupa el patrón de criminalización identificado”
El presidente Bernardo Arévalo dijo que los hallazgos y recomendaciones son importantes para el fortalecimiento del Estado de derecho y la independencia judicial en el país, sin embargo, expresó su preocupación ante los hechos denunciados por la relatora.
“Nos preocupa y resaltamos que una de las observaciones más contundentes de la relatora ha sido el patrón de criminalización impulsado desde el Ministerio Público y otras instancias del aparato judicial en contra de jueces y abogados que han trabajado por la justicia, la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos, un patrón que ha calificado de indebido”, señaló el mandatario.
Arévalo agregó que giró instrucciones a las instituciones de gobierno para colaborar con las Naciones Unidas, también llamó a las instituciones que forman parte del sistema de justicia a cumplir con las recomendaciones emitidas en el informe preliminar de la relatora Satterthwaite.
“Hacemos un llamado a las instituciones del sistema de justicia a asistir y asumir con voluntad política el compromiso de su responsabilidad. La implementación de las recomendaciones de la relatora son una obligación ética y jurídica, porque al ignorarlas sería exponer al país a consecuencias de carácter internacional”, dijo en la conferencia de prensa en el Palacio Nacional.
Los señalamientos de la relatora coinciden con las conclusiones de otros organismos tanto del Sistema Interamericano como del Sistema de Naciones Unidas. En julio de 2024, el Alto Comunicado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk y la vista in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciaron la criminalización que impulsa el MP y el Organismo Judicial.
Otros puntos del informe
En el informe la relatora también se refiere a un cambio en el proceso de nombramiento de operadores de justicia; la concentración de poder administrativo en la Corte Suprema de Justicia; los vacíos curriculares en la formación judicial; la existencia de universidades privadas con facultades de derecho de bajos estándares académicos cuyos objetivos principales son el control de las Comisiones de Postulación; las represalias y persecución de profesores y líderes en la Universidad de San Carlos; y despidos arbitrarios en el Ministerio Público.
