Sin demasiado apego a las leyes, los agentes federales, instruidos por la Casa Blanca, mantienen un régimen de terror entre las comunidades de migrantes originarios de Guatemala que son el sostén laboral de las flotillas que extraen mariscos en la costa del Atlántico norte, en estados como Massachusetts y Rhode Island.
Prensa Comunitaria viajó a la ciudad pesquera de New Bedford, en Massachusetts, donde migrantes procedentes sobre todo de Quiché temen incluso salir de sus casas a hacer cosas tan cotidianas como dejar a sus niños y niñas en las escuelas.
Por Héctor Silva Ávalos
Marilú Domingo Ortiz supo que algo no iba bien cuando salió a la calle la mañana del 14 de abril. Llevaba unos días viendo gente extraña en el barrio, cerca de la casa en la que comparte con otras dos familias guatemaltecas. Tenía un presentimiento. Ella y Juan Francisco Méndez, su esposo, salieron temprano a dejar a su hijo Kendall, a la escuela. Cumplida esa misión, la siguiente parada era la clínica dental en la que él tenía una cita. Pero algo se torció cuando cruzaron en la calle Tallman de esta ciudad pesquera, a tres cuadras de su casa y a pocos metros de la escuela. Ahí había un grupo de personas uniformadas con armas largas.
Los de uniforme -Marilú vio las letras FBI estampadas en el chaleco de uno de ellos- les hicieron la parada. Pidieron a Juan Francisco que bajara la ventanilla. Él no lo hizo. Su abogada, quien lo asesora en el proceso migratorio de asilo que tiene pendiente, le había explicado que ningún agente policial podía obligarlo a salir de su carro a menos que le mostrase una orden de registro en el que apareciese su nombre y la firma de un juez. Quienes detuvieron a Marilú y Juan Francisco no tenían nada de eso.
Los agentes -Marilú contó ocho- preguntaron a Juan Francisco si él era Antonio, así sin apellido, solo Antonio, un hombre, le dijeron, al que buscaban. No, les dijo. Aun así, los uniformados le pidieron que abriera las ventanillas para “platicar”. Marilú grababa todo con su teléfono celular.
Lo que pasó luego se convirtió en noticia internacional. Contraviniendo las leyes más básicas de los Estados Unidos, los uniformados rompieron los vidrios traseros del auto, irrumpieron por la fuerza, cogieron a Juan Francisco por los hombros y se lo llevaron detenido. Preso a pesar de que no había contra él orden de detención, de que su hoja de antecedentes en Guatemala y Estados Unidos estaba limpia, de que el proceso de asilo al que aplicó en noviembre de 2024 seguía todos los cursos legales y de que tenía un permiso de trabajo.
Los agentes que habían llegado a la calle Tallman, en el norte de New Bedford, no encontraron a “Antonio”, el hombre al que decían buscar. En su lugar, se llevaron a Juan Francisco, un hombre que, desde que llegó a Estados Unidos no hizo más que trabajar en una industria, la pesquera, que desde hace décadas sobrevive gracias a la mano de obra migrante. Y se lo llevaron a la fuerza, quebrando vidrios.
Marilú lo grabó todo y su video, publicado primero en redes sociales y en medios locales de televisión, volvió a contar la historia, aterradora, de la arremetida del gobierno de Donald Trump contra quienes, por menos dólares que otros y en peores condiciones, ocupan los trabajos que nadie más quiere.
Una flota llena de otros
New Bedford está llena de testigos mudos que hablan sobre la importancia que la migración tiene aquí desde hace al menos un siglo y medio. Uno de ellos se encuentra en el parque Buttonwood; es un monumento en honor a los nietos de portugueses que se unieron al ejército estadounidense y se fueron a morir en Vietnam. Son, esos veteranos, descendientes de los marineros reclutados por balleneros estadounidenses a finales del siglo XIX en las Islas Azores.
Cuando los lusos se habían asentado ya en New Bedford y habían escalado en la sociedad y el negocio, otros pasaron a llenar los puestos menos agradecidos en la flota, los de buzos, limpiadores de producto, estibadores. Desde finales del siglo pasado son centroamericanos, sobre todo guatemaltecos, los que hacen la brega más exigente en los navíos que se dedican a la extracción de peces como la merluza, el róbalo o el bacalao y mariscos como la langosta, las almejas y las vieiras.
Claudia Gatica de Moreno, cónsul guatemalteca en Providence y bajo cuya jurisdicción está incluida buena parte de Nueva Inglaterra, explica que la población guatemalteca empezó a llegar a finales de los 60 a Nueva Inglaterra, la región del noreste estadounidense formada por varios estados que nacieron de las colonias inglesas originales. Aquella fue una ola migratoria puramente económica. Luego llegó una segunda ola en los 80 provocada por el conflicto interno en Guatemala. La mayoría llegaba del departamento de Quiché y se empleó en la industria pesquera.
“La minoría que más ha crecido en la economía de pesca en Nueva Inglaterra son los guatemaltecos. Han venido de Quiché, Joyabaj, de San Andrés Sajcabajá. Viven en el norte de la ciudad, al sur viven los salvadoreños. Los atrae la industria de la pesca. Es un trabajo duro en el que no hay americanos (estadounidenses). Es un trabajo bien bravo; se van dos semanas en medio de un clima fuerte. Una semana descansan y se vuelven a ir”, cuenta Ondine Galvez-Sniffin, abogada de origen peruano que lleva 26 años defendiendo y representando a migrantes como Juan Francisco Méndez y su esposa Marilú Domingo.
Juan Francisco llegó desde Ixcán, al norte de Quiché, a finales de 2020. Viajó antes que su esposa Marilú. Es ella, la joven, quien cuenta las razones del viaje.
La familia de Juan Francisco no tiene tierra en Guatemala y el trabajo escaseaba. Kendall, el hijo de la pareja, pasaba ya de los seis años. Los padres de Marilú habían acogido a los jóvenes a regañadientes en su pequeña parcela. No era la mejor de las vidas, recuerda Marilú sentada en la oficina de la abogada Galvez-Sniffin una mañana a finales de abril. Pasado lo peor de la pandemia de COVID-19, hace más de cuatro años, Juan Francisco emprendió camino.
No tenían a nadie en el norte, pero sospechaban que New Bedford, ese lugar del que les habían hablado en Ixcán, era una buena posibilidad. Había muchos guatemaltecos y, les dijeron, no tendrían problemas para colocarse en trabajos de pesca o en las fábricas textileras que también abundan por la región. Decidieron que él viajaría primero.
Juan Francisco se empleó pronto en barcos pesqueros dedicados a la extracción de vieira, el molusco conocido en inglés como scallop, que es platillo común en los restaurantes de Estados Unidos e importante producto de exportación. De acuerdo con el catálogo de especies de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA en inglés), el principal banco de vieiras está en un sitio conocido como George’s Bank, en las profundidades del Atlántico cercanas a New Bedford. La parte más dura en la pesca de la vieira es la limpieza y el desconche, que suele hacerse a bordo de los navíos pesqueros. A eso, la labor menos agradecida, suelen dedicarse los migrantes.
Marilú llegó después a New Bedford con Kendall, en 2023, y solicitó refugio. Se lo concedieron. Juan Francisco lo pidió luego, en su calidad de cónyuge de refugiada. Cuando lo capturaron de forma arbitraria el 14 de abril pasado, el guatemalteco tenía todos sus papeles en regla, los que lo acreditaban como solicitante de refugio y el permiso de trabajo que el gobierno estadounidense da a quienes esperan la resolución de sus casos. Quienes esperan refugio o asilo y tienen sus credenciales laborales en orden no están en condición ilegal en los Estados Unidos.
“Que busquen a los que sean un peligro para la comunidad”
New Bedford fue fundado en 1652 por colonos ingleses que compraron tierra a la tribu Wampanoag. Desplegada alrededor de una bahía, la ciudad se convirtió con los años en un centro pesquero e industrial que servía, sobre todo, a la cercana metrópoli de Boston y era un punto de salida para la pesca de ballenas y otras especies en las aguas del Atlántico norte. La llegada del siglo XXI encontró a la ciudad viviendo siempre de cara al océano y extendida tierra adentro en varios barrios. Hoy en día, los migrantes centroamericanos se han acomodado en el extremo norte.
Juan Francisco y Marilú viven en una casa de tres plantas en la calle Deane, cerca de un templo católico y de la escuela primaria a la que va Kendall desde que llegó. En cada una de las plantas, de una estancia, vive una familia; el baño es compartido.
La abogada Galvez-Sniffin asegura que los esposos guatemaltecos y su hijo han cumplido con todos los requisitos de ley para permanecer legalmente en Estados Unidos y que, como parte de su trabajo, ella se aseguró de que Juan Francisco no tuviese ningún antecedente penal o policial, ni en Guatemala ni en Estados Unidos.
Cuando los uniformados, agentes federales estadounidenses, les hicieron parada en la calle Tallman el 14 de abril, sabedor de que seguía las instrucciones de no salir de su auto y confiado en que mantener la calma era la mejor estrategia, Juan Francisco llamó a su abogada. Salí enseguida a encontrarlo, dijo Ondine Galvez-Sniffin a su cliente.
Galvez-Sniffin, una mujer de piel cobriza, complexión delgada y cabello largo, recién salía de la ducha cuando recibió la llamada de Juan Francisco Méndez. Ella vive en Providence, en el vecino estado de Rhode Island, a unos cuarenta y cinco minutos sin tráfico de New Bedford. Aquella mañana hizo la ruta en unos 35 minutos, pero no pudo llegar a tiempo.
Cuando cruzó en uno de los semáforos que colinda con la calle Tallman, Galvez-Sniffin vio, a lo lejos, el auto de Juan Francisco y a Marilú, que lloraba. Al avanzar, la abogada se cruzó con el carro en el que llevaban al guatemalteco. Logró ver a su cliente en la parte trasera del todoterreno. “Ayúdeme, abogada, ayúdeme”, le alcanzó a decir de una ventanilla a la otra.
Méndez estuvo preso 31 días en una cárcel para migrantes en New Hampshire, otro estado de Nueva Inglaterra. Las razones de su detención siguen sin estar claras, pero, a pesar de eso, el gobierno estadounidense pidió que él siguiera preso. Al final, una jueza migratoria lo dejó libre el 15 de mayo pasado tras el pago de $1,500 dólares de fianza. Juan Francisco, quedó escrito en el récord migratorio, podía fugarse, por lo que la corte le ha obligado a llevar un aparato localizador. Es absurdo, dice su abogada: lo único que el guatemalteco quiere es seguir trabajando en New Bedford, fugarse a dónde. Guatemala e Ixcán quedaron atrás hace mucho. La vida, por hoy, está en los barcos pesqueros de Nueva Inglaterra.
“No estoy en contra de las leyes, pero que busquen a las personas que sean un peligro para la comunidad. Va a seguir pasando si no hay un alto acá. Los van a seguir agarrando injustamente”, dice Marilú Domingo Ortiz en las oficinas de la abogada Galvez-Sniffin una mañana de abril, a los pocos días del arresto de su esposo.
El argumento de la guatemalteca coincide con uno de los principales reclamos de las comunidades migrantes a la administración de Trump, cuyos funcionarios suelen decir que su objetivo estratégico son personas con antecedentes criminales -asesinos, pandilleros, violadores- antes que alguien como Juan Francisco Méndez. Eso, sin embargo, no parece ser el caso, como lo muestra, por ejemplo, el envío a una cárcel de máxima en El Salvador de decenas de migrantes venezolanos sin antecedentes criminales y acusados sin pruebas de ser miembros de la pandilla criminal Tren de Aragua.
Cuando salió de prisión, tras permanecer 31 días ahí sin poder trabajar ni llevar alimento a su esposa y su hijo, lo único que alcanzó a decir Juan Francisco a uno de los reporteros que llegó a la cárcel de New Hampshire fue que estaba cansado y que solo deseaba volver a su casa. Méndez pudo salir de la cárcel solo porque la comunidad en la que vive logró recaudar el dinero de la fianza a través de una colecta online.
Lo cierto es que, durante un mes, Marilú y su hijo Kendall pudieron subsistir gracias a las ayudas de vecinos y organizaciones sociales de New Bedford que atienden casos como este. La familia pudo conseguir alimentos, pero las huellas emocionales de un arresto violento y un mes en el hoyo en que se han convertido las cortes migratorias estadounidenses han quedado grabadas ya en el pequeño Kendall, según cuenta su madre.
El día en que arrestaron a Juan Francisco, Marilú decidió controlar sus lágrimas e intentó proteger a su hijo. Aquella noche no le contó nada, solo le dijo que su papá no llegaría a dormir porque tenía turno en el trabajo. Pero, muy pronto, Kendall se enteró.
El niño vio el video de los agentes uniformados que rompían el vidrio del auto y se llevaban a su padre. “¿Por qué?”, le preguntó a su madre. “Fue un error de los agentes”, respondió ella. El chico: “Cuándo va a regresar”. Marilú ya no tenía respuestas.
Kendall dejó de comer y prometió no volver a hacerlo hasta que regresara su padre. Se iba a la cama y lloraba mucho. La madre también lloraba. Kendall dejó de ir a la escuela. Mientras cuenta todo esto en la oficina de la abogada Galvez-Sniffin, la joven se toma una mano con la otra y se las frota; no parece un gesto nervioso, sino uno de resignación.
Es martes, 25 de abril de 2025, en la oficina de la abogada, Marilú relata de nuevo la pesadilla del arresto y las vicisitudes que ha vivido desde entonces. No tiene demasiado tiempo porque en unas horas debe de ir a las oficinas de una organización que le ha estado ayudando con alimentos para ella y su hijo. Luce calmada, atenta. Y se indigna en silencio, en voz baja, cuando habla de su esposo en la cárcel de New Hampshire. Ella y Kendall fueron a verlo el domingo anterior. El niño estaba contento, pero la alegría se disipó rápido, al volver a casa sin Juan Francisco.
Una historia sin fin
El consulado de Guatemala en Providence, Rhode Island, sirve a cinco estados en Nueva Inglaterra, incluido Massachusetts. Una tarde a finales de abril pasado, el lugar, situado en un complejo de naves industriales reconvertidas en oficinas, lucía vacío. No era solo la hora, cercana al cierre, era también que las políticas migratorias de la administración han hecho disminuir los flujos de guatemaltecos que suelen llegar a los consulados en busca de partidas de nacimiento, documentos de identidad o a realizar otros trámites. Prensa Comunitaria comprobó que la afluencia en esta y otras oficinas consulares, guatemaltecas y centroamericanas, ha sido escasa en los últimos meses.
Fue el consulado guatemalteco en Providence el que dio seguimiento a la situación de Juan Francisco Méndez tras su arresto. Se pusieron en contacto con Marilú y sirvieron de enlace entre los servicios migratorios estadounidenses, la familia y los abogados. “Hablamos con él en varias ocasiones, estuvimos vigilantes del debido proceso, de que tuviese medicamentos”, dice Claudia Gatica de Moreno, la cónsul general en Rhode Island.
Los archivos del consulado y de otras instituciones que en el área apoyan a migrantes, como la diócesis católica en Providence, indican que casos como el de Juan Francisco Méndez son ahora más comunes y preocupantes. Los arrestos, dice una funcionaria que pidió hablar desde el anonimato por no estar autorizada a hacerlo en público, ocurren ahora de manera inusual, incluso con visos de ilegalidad y sin las órdenes requeridas por ley.
La abogada Galvez-Sniffin coincide. “Básicamente la ley ya no importa. Cuando hay procesos pendientes de asilo, no solía haber arrestos, pero eso ya no existe bajo Trump. ICE (migración) ya había usado antes la fuerza, pero en casos extremos, no, así como lo hizo (con Juan Francisco)”, dice, y describe el otro elemento que, según ella y otros abogados, es parte esencial de las políticas migratorias estadounidenses en estos momentos: la xenofobia. “Están haciendo todo fuera de la ley. Deportan a los inmigrantes porque son diferentes a ellos”.
Juan Francisco Méndez ya está con su familia en New Bedford, pero el nuevo ciclo del terror impuesto por las políticas migratorias de Trump no se cierra. De eso hablan las rondas de agentes uniformados que merodean los barrios de centroamericanos y las plantas pesqueras e industriales en las que trabajan, los arrestos cuando aún no ha salido el sol, el acoso constante en los lugares en que se habla español o idiomas mayas.
El 13 de mayo pasado, dos días antes de que las autoridades dejaran salir bajo fianza a Juan Francisco, otros dos guatemaltecos fueron arrestados; ellos tampoco tenían antecedentes penales ni policiales. Su único delito es no tener documentos. Los detenidos aquel día son Marvin Yobani Chitic, de 30 años, y Justo Rufino Chitic, de 33, según reporta el periódico local The New Bedford Light.
A los Chitic los detuvieron de madrugada en el estacionamiento en el que los hombres solían dejar el vehículo antes de iniciar su turno de trabajo en la fábrica Oceans Fleet limpiando y procesando vieiras. Marvin lleva siete años viviendo en New Bedford y al menos tres trabajando en la fábrica de acuerdo con el relato de sus familiares; lleva ya un tiempo en espera de un trasplante de riñón, por lo que debe de tomar medicamentos a diario. Su familia no está segura de que esté recibiendo esas medicinas.
Fuentes consulares aseguraron a Prensa Comunitaria que los Chitic son las víctimas número 23 y 24 de las redadas que ha hecho ICE en New Bedford desde que Trump volvió al poder en enero de 2025.
Para quien llega de visita o vive aquí sin problemas migratorios, esta ciudad puede parecer apacible, atractiva incluso. Con su centro histórico salpicado de iglesias y algunos edificios coloniales, sus malecones, su frente marino lleno de viejas fábricas reconvertidas y sus monumentos a las flotas que le han dado vida desde que fue fundada en el siglo XVII, New Bedford aparece muchas veces como una linda postal. Pero en estos días, aquí, las redadas nocturnas, los uniformados, las desapariciones temporales de padres de familia que reaparecen en breves llamadas hechas desde las cárceles de los alrededores son signos de una época nada bucólica, son los signos de la era Trump.
