Reporteros Sin Fronteras presentó su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025, en la que Guatemala se ubica en el puesto 138 de 180 países, con una baja en su puntuación general y un entorno cada vez más hostil para el ejercicio periodístico.
El ranking se presentó un día antes de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo.
Por Prensa Comunitaria
Guatemala ocupa el puesto 138 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025 publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Aunque el país mantiene la misma posición que en 2024, su puntuación general descendió de 42.28 a 40.32, lo que evidencia un retroceso en las condiciones materiales y estructurales para el ejercicio periodístico.
Esta degradación se da en un contexto político convulso, en el que los compromisos asumidos por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo contrastan con la persistencia de amenazas, censura y violencia.
Los cinco indicadores evaluados por RSF reflejan el carácter multidimensional de esta crisis. En el indicador político, Guatemala se ubica en el puesto 114 con una puntuación de 39.36, mejorando levemente respecto a 2024.
El cambio responde en parte a la llegada del presidente Bernardo Arévalo, quien ha manifestado compromiso con la democracia y la libertad de expresión. Sin embargo, esta mejora es relativa, ya que el poder político aún ejerce presiones e influencias sobre el ejercicio periodístico, especialmente en lo local, refiere la organización de prensa.
En el indicador económico, el país cae al puesto 135 con 33.39 puntos, reflejando la creciente precariedad de los medios independientes, el cierre de publicaciones impresas y la fuerte dependencia de financiamiento externo. La reducción de fondos internacionales, particularmente de Estados Unidos y la falta de sostenibilidad publicitaria agravan la fragilidad del ecosistema mediático.
En cuanto al indicador legislativo, Guatemala se posiciona en el lugar 111 con una puntuación de 54.12. Aunque la libertad de expresión está protegida por la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, el uso del aparato judicial para criminalizar a periodistas sigue creciendo. Además, la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2008, es frecuentemente ignorada por las instituciones de Estado.
En el indicador social, Guatemala ocupa el puesto 148, con 37.16 puntos, lo que refleja un clima de estigmatización hacia periodistas, alentado por discursos polarizantes y campañas de desinformación. Aunque amplios sectores ciudadanos valoran el rol fiscalizador del periodismo, algunos medios enfrentan desprestigio por su cercanía con el poder, mientras que otros son atacados por sus posiciones en temas de derechos humanos, género o diversidad.
En el indicador de seguridad, el país se sitúa en el puesto 147 con una puntuación de 37.56, lo que reafirma los altos niveles de riesgo. Las agresiones, amenazas, vigilancia, criminalización y exilios forzados siguen siendo frecuentes. Según el monitoreo en tiempo real de RSF, desde el 1 de enero de 2025, un periodista ha sido asesinado y otro permanece detenido.
Ataques a la prensa
El crimen más reciente que evidencia la gravedad de la situación fue el asesinato del periodista comunitario Ismael Alonzo González, de 27 años, ocurrido el 21 de marzo de 2025 frente a su vivienda en Quetzaltenango. González, fundador de la página Producciones Alonzo y colaborador de Despertar Occidental, fue asesinado por individuos armados que le dispararon directamente en la cabeza.
Según información recopilada por RSF, había recibido amenazas por información relacionada con grupos criminales, que decidió no publicar por temor. Hasta una semana después, no existía confirmación pública del inicio de una investigación. La organización condenó el crimen y pidió al Estado garantizar justicia al tiempo que reiteró la necesidad urgente de implementar una política de protección a periodistas.
Este caso se suma al de José Rubén Zamora, periodista encarcelado desde 2022, quien tras más de 800 días en prisión preventiva, fue reencarcelado el 10 de marzo de 2025 por orden de la Sala Tercera Corte de Apelaciones, que revocó su libertad condicional otorgada en octubre de 2024.
El juez encargado de ejecutar la medida, Erick García, declaró públicamente que lo hacía en contra de sus convicciones y denunció haber recibido amenazas. RSF calificó este hecho como una nueva muestra de instrumentalización del sistema judicial para silenciar voces críticas y urgió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a resolver con urgencia el amparo interpuesto por la defensa.
Durante las últimas semanas, los medios comunitarios independientes también han sido blanco de ataques y campañas de hostigamiento, particularmente Prensa Comunitaria y el medio feminista Ruda. En el centro de esta nueva ofensiva se encuentra el periodista y cofundador de Prensa Comunitaria, Nelton Rivera, quien ha sido objeto de amenazas, difamación y posibles intentos de criminalización.
Diversas comunidades, organizaciones sociales, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala y el extranjero han expresado su solidaridad y exigido respeto a la libertad de prensa. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) denunció el patrón de intimidación continua, y el Observatorio de los Periodistas de Guatemala advirtió que no se debe permitir que el poder corrupto y criminal destruya el periodismo independiente.
https://prensacomunitaria.org/2025/04/la-solidaridad-con-prensa-comunitaria-continua/
Las voces de respaldo se han multiplicado desde los territorios y organismos nacionales e internacionales. La Asamblea de Pueblos y Organizaciones Indígenas (APOI), las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew, el movimiento social Q’anjob’al en Barillas, la Articulación Chimaltenango y la Comisión Departamental por la Transparencia y Probidad se han pronunciado en defensa de la libre expresión.
El Parque Intercultural de Quetzaltenango, CLACSO, IM-Defensoras, Front Line Defenders, WOLA, CEJIL, Article 19 y otras entidades han condenado públicamente los ataques y exigido garantías de seguridad para el trabajo periodístico. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y organizaciones como Amnistía Internacional y Robert F. Kennedy Human Rights también advirtieron sobre la gravedad del acoso y el peligro que enfrentan quienes denuncian la corrupción y los abusos del poder.
Frente a la creciente persecución, estas expresiones de apoyo coinciden en una demanda: que el Estado condene los ataques, investigue a los responsables y garantice condiciones para el ejercicio del periodismo libre, independiente y seguro.
A estos hechos se suma la desaparición del periodista Milton René Polanco Orellana, ocurrida el 7 de febrero de 2025 en la colonia Santa Bárbara, Barrio Latino, Jutiapa. Polanco, con 37 años de trayectoria, trabajaba en Noticias RDS de radio La Peligrosa y presidía la Asociación de Periodistas de Jutiapa.
Desde entonces, no se ha reportado oficialmente su paradero. Diversas organizaciones como la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH han exigido una investigación urgente y transparente. Familiares del periodista reportaron que al acudir a su vivienda, el interior se encontraba destruido, y se presume que fue llevado por la fuerza por desconocidos.
El Ministerio Público realizó un allanamiento el 10 de febrero tras la denuncia presentada, pero el expediente fue declarado en reserva. La comunidad periodística nacional e internacional ha exigido la aparición con vida de Polanco y garantías para que hechos como este no queden en la impunidad.
Una profesión de alto riesgo
Pese a las promesas del presidente Arévalo de restaurar la democracia y proteger la labor periodística, el camino ha sido lento y lleno de obstáculos. El informe “Los caminos hacia la protección” de RSF señala que los esfuerzos para establecer un programa nacional de protección han sido sistemáticamente bloqueados por un poder judicial cooptado por intereses del régimen anterior, y que el Ejecutivo carece de fuerza legislativa suficiente para avanzar en reformas.
Además, el panorama mediático sigue marcado por una ausencia de normativa para radios comunitarias, muchas de las cuales operan bajo riesgo constante de ser clausuradas. La transformación digital de los medios ha sido forzada por la crisis económica y la persecución, reduciendo el alcance informativo en territorios rurales y excluidos.
En suma, los datos cuantitativos y los hechos recientes confirman que el periodismo en Guatemala sigue siendo una profesión de alto riesgo. La continuidad del acoso judicial, la falta de investigación en casos de violencia, el uso político del sistema de justicia y la ausencia de políticas efectivas de protección dibujan un panorama sombrío, donde la libertad de prensa es más un principio constitucional que una realidad vivida.
Panorama de la prensa es “difícil” según RSF
A nivel mundial, el panorama también es preocupante. Por primera vez en la historia del índice elaborado por RSF, la libertad de prensa ha sido calificada como “difícil” a escala global, con una puntuación promedio inferior a los 55 puntos.
El indicador económico es hoy el principal factor que arrastra hacia abajo la situación de los países, debido a presiones financieras, concentración de la propiedad, dominancia de plataformas digitales en el mercado publicitario, y la retirada de subsidios públicos. En 160 de los 180 países evaluados, los medios enfrentan una precariedad estructural que amenaza su sostenibilidad e independencia, y en más de 30 países se han registrado cierres periódicos de medios por razones económicas.
Este debilitamiento financiero va acompañado del avance de la desinformación, la propaganda y el control político sobre los medios. Países como Estados Unidos, Argentina, Palestina, Nicaragua y Túnez han registrado caídas severas en sus indicadores económicos, mientras que incluso democracias consolidadas como Francia, Canadá o Nueva Zelanda enfrentan desafíos crecientes en pluralismo e independencia editorial.
La presión económica, sumada a regímenes autoritarios o judiciales politizados, está generando un mapa mundial cada vez más hostil para el periodismo. Como advierte RSF, sin independencia económica, no puede haber prensa libre ni acceso pleno a información confiable.
