Los datos del año pasado presentados por la Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para Guatemala (UDEFEGUA) contrastan con los del año 2023, en el que se registra una disminución en la cantidad de agresiones contra las y los defensores de derechos humanos. Pero el dato alarmante son los 28 asesinatos en contra de defensores en temas relacionados con tierras, territorios y medio ambiente.
Por Simón Antonio Ramón
La Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para Guatemala (UDEFEGUA) presentó este jueves su informe Impacto de la cooptación del Sistema de Justicia en Defensa de los Derechos Humanos. En el documento se evidencia que durante 2024 se registraron 4 133 agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, el 42 por ciento fue dirigido contra las mujeres y el 28 corresponde a asesinatos contra defensores del territorio.
Entre los hallazgos del informe destaca que operadores de justicia, periodistas, defensores de territorios y pueblos indígenas son los sectores más afectados. La defensa de los derechos colectivos se volvió peligroso, añade el informe, si se toma en consideración los 28 asesinatos registrados y que muestran el número más alto de los últimos años.
“La preocupación radica de la cooptación del sistema de justicia, que en este año la UDEFEGUA documenta un número elevado de asesinatos con la particularidad que los asesinatos son cometidos en contra de aquellas personas que defienden tierras, territorio, medio ambiente, la mayoría de ellos pertenecen a población indígena”, dijo Brenda Guiller, coordinadora general de UDEFEGUA.
El documento identifica las violencias que afectan la labor de las y los defensores de derechos humanos. Entra ellas: el aumento de la violencia generalizada; uso de fondos públicos para la criminalización y la persecución penal de jueces con trayectoria y señalamiento de violaciones de derechos humanos.
También se señala que en los procesos penales, en la ciudad de Guatemala, los casos se encuentran en los juzgados tercero, séptimo y décimo a cargo de los jueces Jimi Bremer, Fredy Orellana y Víctor Cruz.
Asimismo, en 2024 se identificaron nueve grupos de agresores entre población civil e instituciones públicas, netcenter, grupos fundamentalistas, desconocidos, autoridades nacionales, delincuentes, finqueros y agentes policiales.
La organización advirtió que previo a la persecución penal, asesinato o exilio, se desarrollan acciones de estigmatización, discurso de odio y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos. La Unidad de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para Guatemala, ha documentado 100 casos de exilio desde 2019, que afecta a más de 200 personas.
Además, señala que el 2024 fue un año de transición en materia de derechos humanos porque en los últimos años los gobiernos desatendieron el tema y se observó un descenso en la cantidad de agresiones, a diferencia del 2023, cuando se registraron 12 mil 6 casos y en 2024 fueron 4 mil 133.
“Venimos demás de 10 años de retroceso en materia de derechos humanos y hemos documentado un continuum en las agresiones que se cometen; en el 2024, durante el primer año del nuevo gobierno, registramos un descenso en las agresiones contra personas organizaciones y comunidades defensoras”, agregó Guillén.
Para la coordinadora general de UDEFEGUA, el aumento de las agresiones se debe a la cooptación del Estado y a la instrumentalización de las instituciones que se hacía desde el Ejecutivo para agredir a las y los defensores.
Otro de los aspectos relevantes del informe señala las acciones del gobierno para retomar las Instancia de Análisis de Patrones de Agresiones a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en agosto del año pasado, bajo la dirección del Ministerio de Gobernación y la reactivación del proceso de elaboración de la Política Pública para Defensoras y Defensores como compromiso del Estado a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al final, se resalta la instalación de mesas de diálogo con organizaciones indígenas y campesinas como el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y la visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
