La violencia dentro del Campus Central de la Universidad de San Carlos alcanzó un nuevo nivel el 28 de mayo, cuando un grupo de agentes de la seguridad universitaria, personal administrativo y supuestos padres de familia agredieron a dos diputados y a un periodista que intentaban fiscalizar el Jardín Infantil Rey Carlos II. Los hechos, documentados en video, dejan al descubierto la estrategia de represión y violencia avalada desde el Consejo Superior Universitario CSU.
Por Prensa Comunitaria
El 28 de mayo dos diputados y un periodista fueron agredidos por un grupo de choque organizado desde lo interno de la Universidad de San Carlos. Un grupo en el que fueron reconocidos trabajadores, trabajadoras y miembros de la seguridad interna, limitaron el ingreso de los parlamentarios al interior del Jardín Infantil y Colegio Rey Carlos II, con violencia, insultos, golpes y amenazas.
José Alberto Olazábal Mendizábal, exviceministro de Jimmy Morales es el actual jefe de División de Seguridad Universitaria de la USAC desde el 21 de marzo de 2025, en sustitución de Ronnie Hiram López González, quien fuera denunciado por la comunidad universitaria por el uso excesivo de la fuerza a lo interno del Campus Central.
El Diario de Centro América DCA publicó el 28 de mayo una serie de fotografías en las que fue captado Olazábal minutos antes de que un grupo de parlamentarios y el periodista Hamilton Chang de la Radio TGW fueran agredidos por dicho grupo de choque.
#EnElPaísDCA | La diputada Brenda Mejía sufrió una agresión por parte del personal de seguridad de la #USAC y de padres de familia quienes con gorra, lentes y mascarillas ocultaban su identidad.
Asimismo agredieron al reportero de @Radio_TGW, Hamilton Chang, quien narró los… pic.twitter.com/KE7MKWcFEb
— Diario de Centro América (@DiariodeCA) May 28, 2025
Las fotos constatan que Olazábal acompañado por otro grupo de agentes de seguridad conversa con Carlos Puac a quien en las redes sociales identifican como comerciante de “Los Chatos” (venta de comida) y Lisbeth Joanna Villalta Folgar trabajadora del Departamento de Registro y Estadística y quien además, participó de la agresión a los diputados Brenda Mejía, Luis Ventura y el periodista.
Junto a los trabajadores estuvo un grupo de mujeres y niños, quienes expresaron ser madres de estudiantes del Jardín Infantil ubicado en el interior del Campus Central, y quienes portaban mantas vinílicas con mensajes de rechazo a la diputada Mejía. Este jardín y colegio recibe exclusivamente a los hijos e hijas de los trabajadores universitarios. La entidad está bajo la fiscalización de los diputados ya que funciona con fondos del Estado. En el comunicado emitido por la USAC afirman que dicho colegio es privado y no público.
En las redes sociales también se identificó a Miguel Horacio Ortíz Maldonado agente de seguridad de la universidad, a Hessy Alejandra Marroquín Esturbán, María Guadalupe Miranda Chinchilla, ambas trabajadoras del Departamento de Registro y Estadística, unidad bajo la dirección de Luis Pedro Ortiz De León jefe de la Dirección General de Administración DIGA.
Ortíz De León, director de la DIGA estuvo presente en un echo similar cuando intentó retomar el Campus Central el 4 de agosto de 2022 de forma violenta. En esa ocasión, Ortíz dirigió a otro grupo de choque en contra de la comunidad universitaria en oposición al fraude electoral que impuso a Walter Mazariegos Biolis como rector de facto. Tanto el grupo responsable de los hechos violentos de 2022 y el grupo que participó en lo ocurrido este 28 de mayo responden directamente a Mazariegos, de esos hechos el Ministerio Público criminalizó a 27 personas entre estudiantes, docentes, trabajadores y activistas en caso Toma Usac: Botín Político.
El Consejo Superior Universitario (CSU), en su mayoría aliados a Mazariegos, convocaron a una sesion extraordinaria 24 horas después de lo ocurrido en el Campus Central, en dicha sesión no condenaron la violencia ejercida por los agentes de seguridad y trabajadores. En lugar de eso resolvieron sancionar a un grupo de dirigentes universitarios que rechazaron el fraude electoral y la cooptación de la Universidad usando como excusa lo ocurrido con los diputados.
🚨 El Consejo Superior Universitario de la USAC expulsa a 10 estudiantes por su posición frente al fraude que impuso a Walter Mazariegos como rector en 2022
Las personas expulsadas:
🔹 Evelyn Myte Recinos Donis
🔹 Sahara Yarith Méndez Anckermann
🔹 Yonshual Nehemías Xinico Ajú… pic.twitter.com/PPtXg3B9Wr— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 29, 2025
Desde la llegada de Olazábal a la USAC, varias de las cuentas anónimas o “Netcenter” que publican distintas campañas de violencia digital para respaldar las acciones de Consuelo Porras en el Ministerio Público ahora publican información a favor de Mazariegos y de hechos a lo interno de la universidad, como se pudo constatar en lo ocurrido con los dos diputados y el periodista. Olazábal fue agente fiscal del MP, de 2016 a 2018, durante el primer período de la fiscal general en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las personas.
Ataque a la prensa
“Me están agrediendo en estos momentos, me están agrediendo por mi labor periodística, que quede claro que desde la Universidad de San Carlos están agrediendo periodistas… Nos están corriendo en este momento”, denunció el reportero Hamilton Chang, de Radio TGW, mientras acompañaba a una comitiva de fiscalización en el Campus Central.
El periodista se encontraba cubriendo la visita de los diputados oficialistas Brenda Mejía y Luis Ventura, quienes acudieron la mañana del miércoles al Jardín Infantil y Colegio Rey Carlos II, tras recibir denuncias sobre un posible desabastecimiento de insumos necesarios para el funcionamiento del centro. Sin embargo, nunca lograron llegar al lugar. Fueron interceptados a varios metros del jardín por personal de seguridad universitaria, trabajadores universitarios y supuestas madres de familia.
Las agresiones comenzaron en las inmediaciones del edificio T-9 de la Facultad de Agronomía, donde el equipo de fiscalización se encontraba reunido. Según testigos, el grupo fue rodeado por trabajadores, agentes de seguridad universitaria e incluso menores de edad, quienes llegaron acompañando a los manifestantes, quienes se cubrían el rostro con mascarillas negras, gorras y lentes oscuros.
Olazábal Mendizábal, jefe de seguridad y actual magistrado suplente de la Corte de Apelaciones, aunque estuvo presente en el lugar, no intervino en los hechos.
La versión oficial de la USAC queda desmentida por los hechos
Horas después de los incidentes, la USAC emitió un comunicado oficial desde el Jardín Infantil, en el que asegura que los diputados y su comitiva “ingresaron de forma abrupta” y “tono de voz elevado” a las instalaciones del centro infantil, generando ansiedad y estrés en los menores. Sin embargo, los registros en video y las transmisiones en vivo demuestran que el equipo de fiscalización nunca logró ingresar al lugar y fue bloqueado desde varios metros antes de llegar.
Las imágenes documentadas muestran cómo fueron agredidos verbal y físicamente por personal universitario y un grupo de individuos, en presencia de agentes de seguridad que no actuaron para detener las agresiones. Por el contrario, algunos de estos agentes aparecen facilitando o permitiendo la violencia.
La USAC no es trinchera para los enemigos de Guatemala. Walter Mazariegos responde con violencia a la bancada Semilla 🌱 pic.twitter.com/CgplPDfIxC
— Bancada Semilla (@BancadaSemilla) May 29, 2025
Menos de 24 horas después del hecho, el CSU se reunió para tratar varios puntos y en lugar de condenar las agresiones anunció el inicio de un proceso de sanciones administrativas para 8 diputados, entre ellos los que Mejía y Ventura, por su “responsabilidad en desprestigiar y vulnerar a la Universidad de San Carlos, su autonomía universitaria y a los sancarlistas, tergiversando sus funciones como funcionarios públicos”.
En la misma reunión, los integrantes del concejo leal a Mazariegos, anunciaron la expulsión de 10 dirigentes estudiantiles de la USAC, todos señalados por participar en el movimiento que se opuso al fraude electoral de 2022, que impuso a Walter Mazariegos como rector.
Denuncias y consecuencias legales
El abogado Rafael Maldonado señaló que las agresiones cometidas contra los diputados podrían encuadrarse dentro del delito de atentado, tipificado en el artículo 408 del Código Penal de Guatemala, el cual sanciona a quienes con violencia o intimidación impidan el ejercicio de funciones públicas.
Tanto los diputados como el periodista agredido han interpuesto denuncias penales contra las personas ya identificadas como responsables de los hechos. En consecuencia, las autoridades universitarias podrían ser llamadas a responder ante las instancias judiciales competentes.
Esa agresión en la @USAC_oficial bien podría encuadrarse en el delito de atentado…
Por si el @MPguatemala y la @Mconsueloporras les dicen que no, aquí se los dejo.
(Por menos se lo han aplicado los jueces a lideres comunitarios) pic.twitter.com/1qoXBK7bY0
— Rafael Maldonado (@Rafa_Mal0072) May 29, 2025
Denuncias de organizaciones estudiantiles
La Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación (AECC) se solidarizó con el periodista Chang y condenó los hechos, a los que calificó como parte de un sistema de control y represión impulsado por el rector impuesto Walter Mazariegos. “No es la primera vez que se denuncian acciones de intimidación por parte del cuerpo de seguridad de la universidad, pero es aún más grave que ahora se haya llegado a la agresión física directa”, señalaron.
Por su parte, la Asociación de Estudiantes de Agronomía advirtió que las agresiones ocurrieron en el área de mesas del edificio T-9, correspondiente a su facultad. También denunciaron la presencia de niños durante los hechos, usados por los agresores para respaldar sus acciones.
El Colectivo Estudiantil Universitario fue más allá y acusó a la administración de Mazariegos de promover el uso de menores de edad en las manifestaciones con el fin de bloquear procesos de fiscalización. También advirtieron sobre la existencia de estructuras ilegales dentro de la universidad. “Estos hechos corresponden a prácticas propias del crimen organizado y evidencian la existencia de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) en el interior de la USAC”, denunciaron.
