Comunidad Filadelfia pide a la CC detener despojo y criminalización en Retalhuleu

 

La comunidad compró 1,225 cuerdas de terreno de la finca Filadelfia, pero en noviembre de 2023 apareció un nuevo dueño, que les pidió abandonar las tierras y los acusó de varios delitos entre ellos, usurpación e invasión.

Por Simón Antonio Ramón

Representantes de la comunidad Filadelfia del municipio de San Felipe, Retalhuleu, presentaron dos memoriales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para pedir que se detenga la criminalización en contra de 22 personas y el despojo de sus tierras.

La de denuncia por usurpación e invasión fue presentada por Ricardo Fernández Cerna en contra de 22 personas.

A pesar de que el Ministerio Público (MP) pidió la desestimación para las personas que enfrentan un proceso de criminalización el juez no ha convocado a una audiencia después de seis meses de haberse concluido la investigación de la fiscalía.

La comunidad Filadelfia presentó dos memoriales ante la Corte de Constitucionalidad para pedir que se detenga la criminalización en contra de 22 personas y el despojo de sus tierras. Foto: Simón Antonio Ramón.

Los hechos

Fredy Mazariegos, de la comunidad Filadelfia, dijo 80 familias compraron, entre 2018 y 2023, 1, 225 cuerdas de terreno, parte de la finca el Tamborcito conocida también como Filadelfia. “Compramos de buena fe, tenemos promesas de compra, pero apareció un tercer dueño-Ricardo Fernández Cerna- de la finca, el cual nos ha acusado de invasores, de usurpadores, e ilegalmente ha actuado en contra de este grupo”, señaló.

Las familias compraron el terreno a Ricardo Rojas De León quien tenía una hipoteca con el Banco G y T.  Pero el alegato de Ricardo Fernández Cerna es haber adquirido el terreno por la vía de apremio.

Un juicio de apremio se refiere, según el Organismo Judicial (OJ), a obtener derecho sobre un bien, en este caso de un terreno, a partir de la subasta ante la falta de pago de una hipoteca.

Según Luis Morataya, otro poblador de la finca Filadelfia, Ricardo Fernández Cerca llegó el 24 de noviembre de 2023 “a querer tomar posesión de la finca con un grupo de 20 a 25 personas armadas” y les dijo que debían abandonar el lugar asegurando ser el propietario. “Nos mostró que tenía una anotación del Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango que ya se había adjudicado el terreno a nombre de ESGUA, S.A., solicitando encarecidamente que desalojáramos nuestras tierras para que él tomara posesión”, dijo.

A la negativa de las familias el empresario promovió una querella legal en contra de 22 personas. “Él llegó el 24 de noviembre de 2023, y en la querella colocó que nosotros entramos e invadimos el 25 de noviembre de 2023”, señaló Morataya.

Conflicto legal

Hasta la fecha de hoy las familias han pagado Q11 millones por la compra del terreno. Con la querella promovida por el empresario el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Retalhuleu, Ángel Espinosa, emitió medidas cautelares a favor del empresario generando embargos de vehículos, cuentas bancarias y arraigo a 22 personas.

Por esta razón promovieron un amparo contra la decisión del juez en la Sala de Apelaciones Mixta de Retalhuleu. La Sala revocó las medidas cautelares, pero el empresario presentó una apelación en la CC, por lo que este miércoles 21 de mayo se atendió la vista pública por escrito que presentaron los representantes de las comunidades.

El abogado Juan Gabriel Ixcamparij, de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, dijo que informaron a la CC que las comunidades han promovido una acción legal (ocurso) en el juzgado de primera instancia civil de Quetzaltenango, también que el Ministerio Público (MP) concluyó que las personas criminalizadas no cometieron ningún delito.

“El Ministerio Público hizo una investigación y determinó que no existen los medios de convicción suficiente para que el proceso siga, ha presentado ya una solicitud de desestimación, pero lamentablemente el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Retalhuleu no ha querido conocer en audiencia este requerimiento, esta solicitud fue presentada desde noviembre del año pasado”, agregó el abogado.

La población de la finca Filadelfia espera que la CC confirme la resolución de la Sala de Apelaciones de Retalhuleu para que se levanten las medidas sobre su propiedad, cuentas bancarias y que cese la persecución penal según la petición de la fiscalía realizada en noviembre de 2023.